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¿Por la puerta de atrás?

El Gobierno optó por congelar la presentación de una reforma de la Ley de Justicia y Paz como fórmula para lograr la excarcelación de los congresistas detenidos por el escándalo de la ‘parapolítica’. Pero no lo hace por la convicción de que su expedición podría dar señales equívocas sobre la vigencia de la justicia en Colombia. Lo hace porque “no quiere congestionar la agenda legislativa que ya tiene suficiente con la reforma de las transferencias, la reforma política, el código electoral y la ratificación del TLC con Estados Unidos”.

05 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Preocupa que el Gobierno mantenga su propósito de extender “los beneficios que hoy les da a los desmovilizados de los grupos ilegales que hayan cometido delitos graves, a personas que cooperaron con esas organizaciones sin ser miembros, es decir, políticos, ganaderos, empresarios o comerciantes”.

Pero la preocupación aumenta cuando, por un informe de la revista Cambio, se sabe que el Gobierno estudia con interés una propuesta de “activar mecanismos legales para cambiar el delito de concierto para delinquir (por el que están siendo investigados los congresistas, dirigentes y funcionarios detenidos por nexos con los paramilitares) por el delito de sedición”. Y es mucho mayor cuando se afirma que esta fórmula “se fortaleció y despertó la atención de la Casa de Nariño después de que los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí y algunos congresistas recluidos en La Picota empezaron a enviar razones con el mensaje subliminal de que estarían dispuestos a decir verdades que podrían poner en problemas al alto Gobierno”.

Esos mensajes subliminales, que permitieron a la revista Cambio la calificación de ‘El chantaje para’, han debido de ser tan “convincentes” que pusieron al Gobierno en el difícil trance jurídico de buscar la excarcelación de los implicados en la ‘parapolítica’.

Primero fue la propuesta presidencial de excarcelación a cambio de la verdad que, pese al rechazo ciudadano y a los llamados de inconveniencia de los juristas (incluyendo al presidente de la Corte Suprema), se ha convertido en una especie de licencia política e institucional para buscar fórmulas que lleven a la liberación de los ‘parapolíticos’.

Y ahora la consideración de la fórmula que busca convertir el delito de concierto para delinquir en delito de sedición política muestra cuánto se han degradado conceptos sustantivos que antes servían para orientar la construcción y el mantenimiento del orden constitucional, para quedar convertidos en moneda de cambio que beneficia una condición personal.

Además, sus promotores argumentan que las mayorías del Congreso ya establecieron un precedente al aprobar la conversión de paramilitares en sediciosos políticos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, demostrando hasta dónde son capaces de ir cuando se trata de aprobar las propuestas gubernamentales.

Y ese es el peligro que ahora se avizora, cuando esos congresistas tienen que aprobar el proyecto de ley de convivencia y seguridad ciudadana. La razón es evidente. En el artículo 44 del proyecto se establece la norma que prorroga la vigencia de la justicia especializada para los casos que se rigen por la Ley 600 del 2000 (terrorismo, narcotráfico, violación de derechos humanos, extorsión, secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado).

Si a los congresistas se les ocurre dilatar la discusión y aprobación del proyecto en esta semana, faltando solo un debate en plenaria de la Cámara, se hundirá el proyecto y con él la justicia especializada. El problema está en que, además de los vinculados a la ‘parapolítica’, saldrán en libertad terroristas, narcotraficantes, violadores de derechos humanos, extorsionistas y secuestradores.

En este escenario, la dilación termina socavando los fundamentos de legitimidad que sostiene al régimen político. Es la cultura del atajo que, por la puerta de atrás, les ha hecho creer a congresistas y gobernantes que en Colombia las instituciones pasan y los hombres quedan