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¿Quién es nuestro Montesinos?

Vamos a cumplir un mes del escándalo de las interceptaciones y hasta el momento las explicaciones dadas por el ministro Santos y por el nuevo director de la Policía, el general Óscar Naranjo, son cada vez menos convincentes. Comenzando por la lista que acaba de revelar la Fiscalía –la cual fue entregada por Santos a Iguarán– en la que se habla de 94 personas ‘chuzadas’ ilegalmente.

04 de junio 2007 , 12:00 a.m.

La primera en cuestionarla ha sido la revista Semana, que en su edición de ayer insiste en que no solo la lista es incompleta, sino que representa una mínima parte de los ‘chuzados’ que ella tiene registrados en sus cintas.

Vienen entonces las preguntas: ¿cuál es la razón para hacer públicos solo unos pocos nombres? ¿Por qué no sale el de Carlos Gaviria, si el ministro Santos nos anunció la existencia de una cinta con su voz desde el primer día en que reventó el affaire? ¿Por qué, como lo advirtió EL TIEMPO, no salen en la lista los nombres de los hermanos Araújo, cuya grabación fue publicada por Semana? Un segundo capítulo es el análisis de quienes están en esa lista, que por incompleta no deja de ser reveladora sobre la forma como los servicios de inteligencia del Estado se comportan. Lo primero que sorprende es que entre los ‘chuzados’ sean más los funcionarios del Gobierno que los periodistas o gente de la oposición. ¿Por qué motivos un Estado va a utilizar sus servicios de inteligencia para espiar a sus funcionarios, a sus ministros, a sus comisionados de paz? ¿Ese es el grado de confianza que estos le merecen? ¿Puede el Estado espiar a los suyos sin que nadie lo sepa, como parece ser el caso que nos ocupa, según las palabras del ministro Santos, quien insiste en que nadie sabía de estas interceptaciones? Y otra preguntica: ¿puede un Gobierno autoespiarse por tanto tiempo sin que ningún funcionario de alto rango lo sepa? Gobiernos cuestionados como el de Samper suelen ‘chuzar’ a sus críticos. Cuando este tipo de prácticas se utilizan para ‘chuzar’ ministros siempre tienen detrás a un hombre siniestro. En el Perú lo fue Montesinos, quien se dedicó a grabar a raimundo y todo el mundo, pero, sobre todo, a los funcionarios fujimoristas, con el propósito de tenerlos a todos controlados y poderlos someter a sus designios. Aquí, aún no sabemos quién es nuestro Montesinos y nos quieren hacer creer que semejante tracalada de interceptaciones la hicieron durante dos años uno o dos coroneles, cuyos nombres tampoco sabemos.

Muy a nuestro pesar, tampoco han sido muy útiles las explicaciones dadas por el propio general Naranjo. La semana pasada afirmó que las interceptaciones se habían hecho en el área de Itagüí y de Ralito, dando a entender que se trataba de un monitoreo de los jefes de las Auc y no de los funcionarios del Gobierno ni de contradictores. Pero la revista Semana dice que eso no es cierto. Según esta, las grabaciones que tiene en su poder no solo provienen de esa zona.

Pero si estas explicaciones son cada vez menos convincentes, la investigación que se ha iniciado por cuenta de este affaire lo es aún menos.

Hasta el día de hoy, la investigación que se ha hecho ha sido elaborada por la propia Policía. La Procuraduría se metió, pero luego de un gran tropiezo que le cortó las alas no se le permitió la entrada a las salas de interceptación que maneja el proyecto Esperanza dentro del búnker de la Fiscalía, y en las que es conocida la injerencia de la embajada de Estados Unidos y la inglesa. En esas condiciones, la gran pregunta es si la Fiscalía el día que leyó la lista de ‘chuzados’ estaba leyendo una investigación hecha por esa oficina o la elaborada por la Policía.

Finalmente, entre tanta confusión, ha ido quedando refundida la razón por las que se filtraron estas grabaciones. Me refiero a las denuncias que hacen las cintas con relación a lo que estaría sucediendo en Itagüí. A nadie del Gobierno parece importarle que allá se estén pasando por la faja la Ley de Justicia y Paz. Tanto es así que el Gobierno, en lugar de castigarlos por cuenta de las revelaciones hechas por la prensa, lo que hizo fue premiarlos y les anunció su pronto trasladado a una granja agrícola. ¿Será esa la razón de Estado?