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Financiar el desminado

Hace poco, el presidente Uribe puso de nuevo sobre la mesa la posibilidad de financiar al Eln durante un eventual cese de hostilidades. A propósito del paso a una nueva fase de las conversaciones entre el Gobierno y esa guerrilla, acordado en Cuba, vale la pena considerar la idea.

La idea no es nueva. En Colombia empezó a ser discutida durante el gobierno
Samper. Después, el tema fue incluido en los acuerdos de Puerta del Cielo de
julio de 1998 (punto 10). En los diálogos con el gobierno Pastrana, el tema
siguió vigente, como lo dijo hace algunos días el ex comisionado de paz
Camilo Gómez, al revelar que el Eln había pedido 40 millones de dólares para
el cese del fuego. Y durante el primer mandato de Uribe, fue el Gobierno
mismo el que llegó a la conclusión de que la financiación del proceso era un
punto prioritario.
Aunque no hay que descartarla demasiado rápido, esa propuesta resulta, sin
embargo, espinosa.
En primer lugar, las reacciones de la opinión pública han sido casi
unánimes, al tildarla de escandalosa. Pero que el Gobierno busque incentivar
al Eln para que decrete un cese de hostilidades y avancen las discusiones no
me parece tan escandaloso. Un cese de hostilidades implica generalmente una
pérdida de recursos económicos para el grupo armado ilegal, y la búsqueda de
alternativas, como una prima al cese del fuego, puede ser un incentivo útil.
Sin embargo, como ya lo advertía Karl Deutsch, el riesgo con los incentivos
es que se conviertan en un “regalo perverso” (rewarding evil). Según
Deutsch, se habla de un regalo perverso cuando uno recibe algo a cambio del
cumplimiento de unas normas que los demás actores cumplen sin contrapartida.
Segundo, está la cuestión de la pertinencia de tal propuesta desde el punto
de vista de la negociación. ¿Puede ser la financiación una concesión para
sacar adelante el proceso, o tiene que ser el solo resultado de la
negociación? Por un lado, sabemos que una negociación tiene más
probabilidades de éxito si incluye incentivos. Por el otro, no es lo mismo
financiar a soldados que todavía se quedan con sus armas, aunque se
comprometan a no usarlas, que a hombres que han dejado las armas para que se
reinserten. Sin embargo, hablamos aquí de dos problemas diferentes. Una cosa
es financiar la desmovilización y otra es financiar un cese del fuego.
¿Significa eso que no se deberían dar incentivos financieros durante la
negociación?
Si el problema en Colombia realmente es el de financiar al Eln para que
decrete un cese de hostilidades, ¿por qué no financiarlo a cambio de que
quite las minas que sembró? Una vez capacitados algunos miembros del Eln en
las tareas de desminado (algunas ONG y la OEA tienen experiencias en esas
actividades), se podría financiar a este grupo con las condiciones, primero,
de que elimine las minas, y segundo, de que no vuelva a utilizarlas.
Financiar el desminado presentaría otra ventaja. Si son los miembros del Eln
quienes lo aseguran, tal propuesta permitiría evitar que se involucre al
Ejército en zonas de influencia de esa guerrilla, y así evitar que el
desminado sea utilizado como una manera de retomar el control de ciertas
zonas por parte del Ejército. Por otra parte, para que esa propuesta no sea
percibida como una desventaja táctica para el Eln, el Ejército debería
comprometerse a no atacar y a proteger esas zonas, lo que, de facto,
sentaría las bases para un cese del fuego.
Obviamente, muchos detalles tendrían que ser aclarados (¿quién, cómo y
cuánto se financiaría?, ¿cómo permitir la financiación de una organización
calificada de terrorista?, etc.). Pero para el Gobierno, esta propuesta
sería una manera de desbloquear algunos nudos gordianos de las
conversaciones con el Eln y de adelantar actividades que, tarde o temprano,
tendrá que hacer. Y para el Eln, no solo una respuesta concreta a algunas de
sus reivindicaciones, sino también una señal importante de su compromiso con
la población civil.
* Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos
Universidad Externado de Colombia
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