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Gobierno se ofrece a buscar plata para que el Eln deje de secuestrar

¿Cuánto vale tener quieta la máquina de violencia del Eln? La respuesta a esa pregunta, en la que viene trabajando el equipo de Paz del Gobierno, será una de las claves para poner a andar definitivamente las negociaciones entre ese grupo armado y la administración del presidente Álvaro Uribe.

13 de octubre de 2006, 05:00 am

El tema fue uno de los principales escollos en las frustradas conversaciones de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Andrés Pastrana.

Un ex funcionario de esa administración sostiene que cuando ya estaba firmado el inicio formal de las negociaciones el Eln planteó una cifra “imposible” –40 millones de dólares anuales– para financiarse durante un cese del fuego y de hostilidades.

Pero ahora es el propio Uribe quien pone el espinoso asunto sobre la mesa, a tres días del inicio de la cuarta ronda de contactos exploratorios en Cuba.

Ayer, en una entrevista con La FM, el Presidente aseguró que “el Gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiarle a una guerrilla la manutención de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro”.

Uribe dijo que se trata de un delito “que maltrata mucho a la población colombiana” y ofreció ayuda del Gobierno para que “ellos (los guerrilleros) provean su propia manutención durante ese proceso en lugar de tener debilidades frente al secuestro”.

En cautiverio hace 10 años Hasta ahora no hay cifra oficial sobre el número de miembros del Eln. Con Pastrana ese grupo hablaba de que tenía 10 mil hombres en armas y de que por cada peso que necesitaba para su manutención requería dos más para hacer política y ambientar su ‘Convención Nacional’.

Análisis de inteligencia militar sugieren que al grupo le quedan hoy entre 2 mil y 3 mil combatientes. Si a cada uno se le entregara un estipendio mensual de 408 mil pesos (un salario mínimo; cada ‘para desmovilizado recibe $ 358 mil mensuales), la cifra estaría entre los 800 y los 1.300 millones de pesos por mes.

La de ayer es la segunda propuesta del Gobierno sobre el campo de acción ‘eleno’ que más afecta a los civiles: el de secuestros y extorsiones.

El año pasado, el comisionado Luis Carlos Restrepo ofreció un intercambio humanitario similar al planteado con las Farc pero que, a diferencia de aquel, incluiría a los civiles secuestrados.

Hace dos semanas, ‘Antonio García’, jefe militar ‘eleno’, le dijo a EL TIEMPO que los dos temas le interesan a esa guerrilla, pero que aún es prematuro pensar en compromisos como esos.

“El tema humanitario es una prioridad para el Eln, pero no es conveniente crear falsas expectativas”, aseguró.

El Eln tiene 508 secuestrados por razones extorsivas de los que no se sabe nada; 20 ya completaron 10 años en poder de ese grupo. Según País Libre, 43 personas fueron secuestradas por esa guerrilla en los primeros ocho meses de este año. Dos murieron.

De allí que Olga Lucía Gómez, directora de esa ONG, advierta que una propuesta como la del Presidente tiene sentido solo si está enmarcada en un proceso de paz que conduzca al fin de esa práctica: “Lo contrario sería enviar un mensaje equivocado: que el Estado paga para intentar convencer al que comete crímenes de que no los cometa”.

UN TEMA CON ‘ECO’ EN EL EXTERIOR El punto de la financiación de las guerrillas mientras dura un proceso de paz no es nuevo.

Con el Eln, en particular, empezó a ser discutido desde el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).

Algunos países, especialmente europeos, han manifestado intención de ayudar a financiar esa experiencia, siempre que se dé en el marco de una negociación política. En conflictos de Africa y Asia se han dado este tipo de financiaciones externas.

Para ponerla en práctica, algunas luces podría arrojar la experiencia con los desmovilizados de las autodefensas. Con la condición previa de que se desmovilizaran, el Gobierno ha destinado partidas cercanas a los 600 mil millones de pesos en cuatro años para los programas de reinserción.

Cada desmovilizado colectivo recibe un estipendio mensual de 358 mil pesos.

Habría que ver si el Gobierno decide destinar partidas para personas que aún no han abandonado formalmente el grupo