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VISIÓN Y LEY

Si el Gobierno decide tramitar un proyecto de ley del sector, este sería el quinto intento que en la última década se hace para lograr un estatuto único de las telecomunicaciones. Cabe preguntarse por qué no han prosperado cuatro ensayos previos y, más allá, si es prioritario invertir tiempo y capital político en impulsar una nueva norma, o si existen otros asuntos que atender, de mayor impacto, en un sector que cada día pesa más en el PIB.

31 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

Si el Gobierno decide tramitar un proyecto de ley del sector, este sería el quinto intento que en la última década se hace para lograr un estatuto único de las telecomunicaciones. Cabe preguntarse por qué no han prosperado cuatro ensayos previos y, más allá, si es prioritario invertir tiempo y capital político en impulsar una nueva norma, o si existen otros asuntos que atender, de mayor impacto, en un sector que cada día pesa más en el PIB.

La dinámica de la reglamentación de las comunicaciones en Colombia, en lugar de tener como impulsor el cambiante mundo de la tecnología y las tendencias de la reglamentación global, adoptó como motor las licitaciones de frecuencias. Se ha legislado para licitar en vez de hacerlo para el desarrollo. Como ejemplos están la adjudicación de la telefonía celular, los servicios de trunking, de televisión por suscripción o de larga distancia. A pesar de que las licitaciones son el mecanismo idóneo para adjudicar espectro, ocasionaron que exista una reglamentación dispersa, en apoyo de intereses coyunturales públicos y privados. Brilla por su ausencia lo que en realidad se necesita: una política de Estado.

Si la Comunidad Económica Europea logró acordar, a pesar de las diferencias culturales, idiomáticas y comerciales que separan a los países miembros, el concepto de legislar para el fortalecimiento de la Sociedad de la Información, que es la sociedad del futuro, por qué no podemos crear una visión que soporte el avance de un área indispensable para las naciones del siglo XXI? Para medir el efecto de una legislación adecuada basta analizar el caso de Botsuana, que logró que la penetración de servicios de comunicaciones doblara la de los colombianos, lo que ha impactado su crecimiento y la convirtió en ejemplo mundial de voluntad política para el desarrollo.

Aquí existen grandes interrogantes que no dan espera: Telecom y Adpostal, que desangran las arcas de la Nación; la creación de mecanismos eficaces para la activación de los ya célebres mercados secundarios del espectro, que abrirían las puertas a nuevos inversionistas y favorecerían la baja de tarifas; la toma de decisiones frente a los verdaderos derechos de los concesionarios actuales, los límites de sus contratos y el equilibrio económico.

Crear una visión del sector para el largo plazo es la clave, pero este esfuerzo debe incorporar los elementos necesarios para cerrar la brecha digital que nos separa de las naciones desarrolladas, e incluso de nuestros vecinos o de la lejana y ya no podemos decir que atrasada Botsuana, porque es innegable que la economía mundial cada vez está más relacionada con el tráfico de información, recordando, eso sí, que el objetivo final de la regulación deber ser el de contribuir a erradicar la pobreza y a crear un país más próspero y pacífico.

Si el Gobierno logra forjar una visión y para soportarla requiere una nueva ley, adelante. Si, en cambio, esta no se define, más valdría invertir tiempo, esfuerzo y capital político en temas de mayor impacto, como la agenda de conectividad y Compartel. Las circunstancias no dan tiempo para dudas ni aplazamientos.

maullo@cable.net.co