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LA COMEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES

Canciller Guillermo Fernández de Soto no se ha vuelto a reunir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con la periodicidad de años anteriores. La consecuencia ha sido la de que la opinión pública permanece a oscuras en relación al pleito con Nicaragua, adelantado ante la Corte de La Haya, y que se van abriendo camino versiones inexactas con respecto a esta cuestión.

04 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

Canciller Guillermo Fernández de Soto no se ha vuelto a reunir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con la periodicidad de años anteriores. La consecuencia ha sido la de que la opinión pública permanece a oscuras en relación al pleito con Nicaragua, adelantado ante la Corte de La Haya, y que se van abriendo camino versiones inexactas con respecto a esta cuestión.

Tímidamente me atrevo a señalar cuatro de ellas:.

1) No es cierto que por primera vez Nicaragua se atreve a perforar, en busca de petróleo, en aguas colombianas. En 1970, sin previa licitación, celebró un contrato con la multinacional Western, para perforar en la plataforma submarina, en disputa con Colombia. La Cancillería de entonces, a mi cargo, protestó en forma enérgica y le notificó a la Western acerca de la situación jurídica que se presentaba y el riesgo que corría de no tener, en adelante, acceso a contratos con el gobierno colombiano.

Curiosamente este episodio tuvo un desarrollo desfavorable para Nicaragua, porque, sin necesidad de amenazar con buques de guerra, como se insinúa en el presente por algunos, ni apelar ante la OEA, como se insinúa por otros, el asunto no prosperó. En cambio, del análisis histórico de algunos hechos, con la Marina nacional, concluimos que había llegado el momento de ponerle término al convenio Olaya-Kellogg, por medio del cual se mantuvo en indefinición, por cuarenta años, la propiedad de los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, que nuestros dos países pretendían:.

Los Estados Unidos, con base en una ley, a raíz de la guerra de Secesión, por la cual las islas guaneras sin dueño podían ser denunciadas como propias por ciudadanos norteamericanos, y nosotros alegábamos que nunca los cayos habían sido depósitos de guano y que, de tiempo inmemorial, figuraban en los mapas como posesiones españolas. Se le propuso al Embajador norteamericano que se hiciera una inspección aérea, en helicóptero, para demostrar que los cayos permanecían periódicamente bajo el agua y que ni ahora ni nunca habían sido depósitos de guano.

En efecto, pese a la oposición sorda de Nicaragua, reconoció la soberanía colombiana sobre ellos, con la excepción de Quitasueño, por permanecer casi todo el tiempo bajo las aguas. Tal fue el origen, pocos meses después, del Tratado Vásquez Carrizosa-Sancio. Lo único que obtuvo Nicaragua fue un understanding (entendimiento) en el sentido de que tal reconocimiento no afectaba las eventuales pretensiones de terceros.

Lo incomprensible del contrato petrolero actual, a diferencia del anterior, es pretender celebrarlo en momentos en que se ha invocado la competencia de la Corte para decidir el litigio. Qué dirán los magistrados de La Haya al enterarse de que, sin esperar su decisión, ya Nicaragua procede por las vías de hecho como si hubiera ganado el pleito? Es lo que nuestro Código Penal, de 1980, califica, en su artículo 183, como "ejercicio arbitrario de las propias razones", cuando dice: "que en tal contravención incurre quien, en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo". Lo lógico no es quejarse a la OEA, sino denunciar estos hechos ante la propia Corte.

2) Tampoco es rigurosamente exacto que la pretensión de Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia date de hace pocos años, o sea, bajo el gobierno sandinista. No obstante el hecho de jamás haber ejercido soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, Nicaragua mantuvo, desde principios del siglo, pretensiones sobre el dominio del archipiélago y de las islas aledañas y cuando se celebró el Tratado Esguerra-Bárcenas no faltaron voces que invitaban a desconocerlo con el argumento de que había sido celebrado en momentos en que Nicaragua estaba bajo la ocupación norteamericana.

Fue lo que se protocolizó posteriormente, ya bajo el gobierno sandinista, cuando unilateralmente se declaró la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas, como si la nulidad fuera susceptible de declararse unilateralmente; pero, aun bajo el gobierno de Somoza, se habían dado pasos en el sentido de cuestionar la soberanía colombiana sobre el Archipiélago e inclusive se presentaron incidentes con nuestra representación diplomática en la primera mitad del siglo XX.

3) Tampoco es rigurosamente exacto que exista una definición inequívoca sobre la competencia de la Corte de La Haya para atender la demanda nicaraguense. Es esta, quizá, la cuestión que más se presta a las más variadas interpretaciones. Cuando Colombia adhirió a la Corte de La Haya lo hizo en el entendido de que la Corte no podía tener competencia retroactiva para pronunciarse sobre hechos anteriores a 1937, la fecha del Tratado de adhesión. El mismo Tratado contempla la posibilidad de sustraerse a la competencia por medio de una comunicación dirigida a la ONU, dentro de un plazo razonable.

Nicaragua aplicó este recurso en su pleito con Costa Rica, invocando el reglamento de la Corte. Colombia, que estaba al tanto de la inminencia de la demanda nicaraguense, hizo otro tanto en vísperas de iniciarse el juicio y el asunto está pendiente de la decisión de la propia Corte que, obviamente, siempre aspira a tener competencia en todos los casos. Sea de ello lo que fuere, existe un segundo instrumento que compromete a Colombia a reconocer la competencia de la Corte, como es el llamado Pacto de Bogotá, de 1948, cuando todos los Estados latinoamericanos adhirieron a la Corte en aras de procurarse arreglos pacíficos, por la vía del derecho, en los conflictos fronterizos.

Sin embargo, el propio Pacto enumera las excepciones, cuando en su artículo VI exceptúa de los procedimientos establecidos, "los asuntos ya resueltos por arreglo entre las partes o que se hayan regido por un tratado en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto". El caso del Esguerra-Bárcenas está inequívocamente comprendido, no entre aquellos que escapan al conocimiento de la Corte, sino que, por su contenido, contemplado en el artículo VI, no puede pronunciarse la propia Corte.

4) La reivindicación sobre San Andrés y Providencia por parte de Nicaragua carece de fundamento y lo sabe la Cancillería de Managua. Obedece a una estrategia para cuestionar el carácter del Meridiano 82 como límite marítimo. Estas equivocaciones provienen de la creencia de que Nicaragua aspira a adueñarse del Archipiélago, cuando tal reivindicación sólo sirve para abrirle el camino al desconocimiento del Meridiano 82 como límite marítimo. Jamás la Corte desconocerá la soberanía colombiana sobre el Archipiélago, pero, al mismo tiempo, también su política es la de no aparecer fallando tajantemente en favor de una parte, sin darle "contentillo" a la contraria. Y, en este caso, el premio de consolación sería admitir como cuestionable el carácter de límite marítimo del Meridiano 82.

El gobierno de Nicaragua persiste en reclamarlo, a sabiendas de que el fallo le será adverso. El Tratado, en cuanto al dominio de las islas se refiere, es intocable, pero el agregado, por el cual se estableció el Meridiano 82 como delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, puede prestarse a servir de compensación de la inevitable negativa a revisar el Esguerra-Bárcenas. De esta suerte, se busca la posición de "perdedor" para sustituir el Meridiano 82 por otra delimitación más favorable a sus intereses pesqueros y petroleros. Colombia tiene que prestar atención invocando el carácter de parte integrante del Tratado Esguerra-Bárcenas, la adopción del Meridiano 82 como límite marítimo, a solicitud de Nicaragua, desde el momento del canje de ratificaciones del Tratado principal.