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ORGANISMO INCÓMODO

Quizás la mayor audacia que intentó la Constitución del 91 fue la de cambiar una democracia representativa por una participativa. Decimos que intentó, porque los gobiernos o no han querido reglamentar debidamente esa evolución o no han sabido hacerlo.

06 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

Quizás la mayor audacia que intentó la Constitución del 91 fue la de cambiar una democracia representativa por una participativa. Decimos que intentó, porque los gobiernos o no han querido reglamentar debidamente esa evolución o no han sabido hacerlo.

Hablamos concretamente de la creación del Consejo Nacional de Planeación y de sus homólogos regionales, como escenarios en donde la población materializa sus propuestas y sugerencias, en políticas y programas de administración.

La ley reglamentaria, en este caso la ley 152 del 94, debería haber reglado adecuada y oportunamente su funcionamiento, su estructura y sus asignaciones presupuestales. Se trataba de garantizar su autonomía e independencia y su rol como cabeza constitucional de un Sistema Nacional de Planeación.

Pasó todo lo contrario: una administración celosa menguó su presupuesto, no le dio instrumentos logísticos de operación y pretendió dejarlo como simple apéndice del Departamento Nacional de Planeación. Las siguientes lo han colocado en un verdadero limbo jurídico, presupuestal y técnico. Lo han tratado como un órgano incómodo y no como lo que es: el más valioso instrumento para que la planeación colombiana venga de la periferia al centro, nutrida con todas las experiencias, necesidades y vivencias del ámbito y del quehacer nacionales.

Aprovechando la voluntad del Presidente Uribe de reformar el Estado, es menester declarar inconstitucional la Ley 152 y aprobar otra que obligue al gobierno a garantizar y promover los procedimientos de participación ciudadana. Una ley que armonice el Plan Nacional de Desarrollo con los planes de las diversas entidades territoriales y con las recomendaciones del Consejo Nacional de Planeación, como organismo de origen constitucional , permanente, independiente y autónomo, con personería jurídica propia y presupuesto debidamente asignado por la Nación.

Y lo mas importante, que el concepto del Consejo sobre el Plan Nacional de Desarrollo sea de obligatoria consideración para el ejecutivo. No como ocurrió con el gobierno que termina: que lo ignoró olímpicamente. O lo que es peor, que ni siquiera diseñó un Plan Nacional de Desarrollo para poder evaluarlo , porque lo consideróimposible