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TERRORISMO E IMPARCIALIDAD

Para que el terrorismo cumpla con su atroz propósito- el de amedrentar a la sociedad- se necesita que el mensaje de terror llegue al mayor número de personas posible y esto se logra con mayor facilidad a través de los medios de comunicación.

09 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

Para que el terrorismo cumpla con su atroz propósito- el de amedrentar a la sociedad- se necesita que el mensaje de terror llegue al mayor número de personas posible y esto se logra con mayor facilidad a través de los medios de comunicación.

Surge, pues, un dilema. Por un lado está el legítimo derecho de la opinión pública a estar debidamente informada y el de los medios de comunicación de registrar hechos noticiosos de obvio interés. Por el otro, el Estado está en la obligación de minimizar el impacto de los atentados terroristas, lo cual implica, en algunos casos, tratar de controlar la información.

Ante hechos como la amenaza de las Farc a los alcaldes, cómo deben reaccionar los medios de comunicación? Si bien es cierto que de no hacerse pública la información se reduce considerablemente la efectividad de tan siniestra estrategia, nadie entendería que los medios ignoraran semejante noticia. Ni mucho menos puede el Estado intentar cualquier forma de censura, pues esto sí que favorecería los intereses de la subversión. Lo que se requiere es buscar un equilibrio que permita a la sociedad conocer los hechos, sin fortalecer el accionar de los terroristas.

Es claro que se debe informar sobre la explosión de un carro bomba o la amenaza sistemática a funcionarios públicos. Inclusive es entendible que se muestre la sevicia con la que las Farc destruyen los municipios más pobres y alejados de nuestra geografía, aun cuando en muchas ocasiones los guerrilleros avisan a los noticieros de televisión para que envíen un equipo de grabación que registre el hecho en vivo y en directo. Lo que es inaceptable para la sociedad es que los medios se conviertan en difusores de proclamas encaminadas a justificar actos terroristas a través de entrevistas a Castaño o a voceros de las Farc. Si estos señores quieren opinar, deben renunciar al uso de métodos violentos. O se debate o se echa plomo, pero no las dos cosas al tiempo.

En segundo lugar, hay cosas que sencillamente la opinión pública no necesita saber. Si el Estado no puede mantener en reserva ciertos aspectos de sus planes y estrategias contra el terrorismo, las posibilidades de éxito serán pocas. Hace unos días, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, manifestó su malestar por la filtración de los planes de guerra contra Irak y su publicación en The New York Times. Si bien la responsabilidad mayor recae sobre los funcionarios del Pentágono que filtraron el documento secreto, cabe preguntarse si el periódico ha debido consultar con el Gobierno antes de hacer pública una información que a todas luces pone en peligro la vida de miles de soldados estadounidenses involucrados en una eventual campaña para derrocar a Saddam Hussein.

En Colombia, ese tipo de filtraciones, si bien no tienen implicaciones estratégicas, sí logran degradar el campo de maniobra de los organismos de inteligencia. Cuando se hace pública la interceptación de una conversación entre miembros de un grupo terrorista, se les alerta sobre el hecho de que la frecuencia utilizada está siendo interceptada y eso hace imposible seguir las pistas. Evitar estas filtraciones es parte fundamental de lo que en la jerga de la inteligencia se conoce como proteger las fuentes y métodos .

Así pues, es imperativo que el Gobierno establezca algún tipo de coordinación con los medios de comunicación, para lograr que el papel que estos juegan en el conflicto armado sea constructivo. Así como no puede haber ningún asomo de censura ni de manipulación de la información por parte de un Estado democrático, tampoco deben los medios volverse idiotas útiles de la subversión o las autodefensas.

Los medios no pueden pretender mantener una supuesta y mal entendida imparcialidad que en la práctica constituye una apología del delito. Si lo que está en juego es la supervivencia del orden democrático, los medios están en la obligación de apoyar los esfuerzos legítimos del Estado encaminados a defender la Constitución y la Ley, lo mismo que de fiscalizar, criticar y denunciar cuando sea necesario. No olvidemos que de fracasar el Estado en esta lucha, una de las primeras víctimas del totalitarismo, de izquierda o de derecha, sería la libertad de prensa, sustento y expresión de la democracia.