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DESPENALIZAR NO ES LEGALIZAR

Luis Carlos Restrepo es médico cirujano de la Universidad Nacional y psiquiatra de la Javeriana, Magister en Filosofía de esa misma universidad y ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la prevención, tratamiento y rehabilitación de drogadictos. Restrepo ha sido Consultor Científico del Proyecto de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP), así como de la Consejería Presidencial para Medellín en programas de prevención comunitaria, entre otros. Recientemente fue invitado por los gobiernos de Chile y Brasil como consultor de comités nacionales de prevención integral.

22 de mayo de 1994, 05:00 am

Qué opinión le merece el revuelo levantado por la reciente decisión de la Corte Constitucional? Me produce horror, casi pánico, el unanimismo nacional encabezado por el propio Presidente, condenando sin ningún criterio y de manera peligrosa el fallo de la Corte. Como ciudadano, padre de familia, psiquiatra y profesional de la prevención, es un fallo que hay que respetar y acoger positivamente. La población se levantó contra el fallo porque ha sido manipulada y desinformada. Ha habido un manejo demagógico, entendida la demagogia como la manipulación de las emociones de las masas. No sólo no se ha dicho la verdad, sino que se ha mentido.

Cuál es la verdad? La verdad es que la Corte declaró inexequibles sólo dos artículos de la Ley 30 de 1986: el 51, que castigaba con penas entre un mes y un año a quien fuera sorprendido con un gramo de cocaína, basuco o marihuana; y el 87, aún más absurdo, que decía que si alguien era descubierto consumiendo drogas, debía ser sometido a un tratamiento bajo vigilancia del Estado.

En cuanto al primero, es indeseable que una persona que carga esa cantidad mínima de droga y que, posiblemente, la lleva para su propio consumo, caiga en manos de policías corruptos o en cárceles atestadas, donde no va a recibir tratamiento de recuperación. La norma, además, fomentaba la corrupción. Autoridades chantajeaban a jóvenes y padres e, incluso, los mismos padres inducían al soborno cuando sus hijos eran detenidos.

En cuanto al 87, invito a cualquier padre de familia a que coja el directorio y llame a una de las tantas instituciones de rehabilitación y pregunte cuál está dispuesta a recibir a un drogadicto sin su consentimiento. Si alguna dice que sí, habría que desconfiar de ella, pues viola la ética básica de intervención y puede hacerle daño al paciente con métodos psicoquirúrgicos.

Esas normas eran peligrosas porque se metían abusivamente en la intimidad de las personas y abrían paso a lo que Thomas Szass, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York, llamó el peligro del Estado terapéutico , que consiste en que el Estado se cree en el derecho de hacer intervenciones psiquiátrico y psicoclínico a personas con conductas indeseables. Si aceptamos esa norma, el día de mañana cualquier otra conducta indeseable, incluso política, podría ser manejada por métodos terapéuticos. Qué opina del papel desempeñado por los medios ante la decisión de la Corte? Algunos están haciendo encuestas amañadas. Cuando preguntan está de acuerdo con la legalización de las drogas? los ciudadanos responden no, y yo respondería igual. Más bien por qué no preguntan si está de acuerdo con que su hijo sea llevado a la cárcel por llevar un gramo de marihuana en el bolsillo? , que es lo que más se acerca al texto suprimido.

Cuántos de los que han llamado a los medios a expresar su rechazo a la medida de la Corte están dispuestos a llevar a sus hijos a la Policía si les descubren un gramo de basuco en un bolsillo. Y cuántos son conscientes de que si no lo han hecho están incurriendo en un delito, porque cohonestan una infracción a la ley. Además, desde 1986 los medios de comunicación, según la misma Ley 30, están en la obligación de realizar campañas de prevención contra la drogadicción. No cree que la despenalización fomenta el consumo? Existe una enorme diferencia entre despenalizar, legalizar y legitimar. Despenalizar, y así lo entiende la Corte, significa que el individuo es libre de consumir, siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás ni ponga en peligro la convivencia ciudadana. Legalizar es permitir la producción, la venta e, incluso, el fomento del consumo. Y legitimar significa mirar positivamente el consumo desde una óptica cultural en su escala de valores.

Cómo se explica entonces que desde el Presidente para abajo políticos y candidatos a la Presidencia, medios de comunicación y ciudadanía estén en desacuerdo con la Corte? Porque ha habido manipulación de la información. Es posible que al Gobierno le interese la salud de los colombianos, pero no es éste el caso. Lo que le preocupa es mantener una imagen positiva ante Estados Unidos. Al Presidente, a los gremios y a empresarios les aterra viajar a ese país y tener que responder por medidas que ni siquiera conocen en profundidad. El problema es que por mantener una imagen internacional no se puede vulnerar el derecho de los ciudadanos a la información.

Qué debió haber hecho entonces el Presidente ante el fallo de la Corte? Debió explicarle al país en qué consiste una Corte Constitucional y defenderla. El Presidente, políticos y algunos medios le están haciendo un daño al país. El peligro no está en la decisión tomada por la Corte Constitucional, sino en la explicación que dan sus detractores. Le están diciendo al país y al mundo entero que la Corte ha legalizado y legitimado el consumo de drogas; han transmitido la visión de una Corte que toma medidas apresuradas y equívocas. Cómo le explicamos ahora al mundo que tenemos unos magistrados probos e íntegros, quienes por responder a lo que la sociedad les exige que es mantener el espíritu constitucional han tomado esta medida, si el mismo presidente y los políticos y algunos medios han enlodado su imagen? Entonces, qué hacer? El Gobierno debe asignar recursos para la prevención, porque hasta ahora ésta la hemos hecho con limosnas y ayudas internacionales. En lugar de invertir miles de millones de pesos en represión debería apoyar medidas preventivas que ya existen con recursos. El fallo de la Corte abre un reto que puede ser muy positivo, porque nace del mismo espíritu de la democracia. Educar para prevenir la drogadicción es educar para prevenir el consumismo.

Las campañas de prevención basadas en el terror no funcionan. Exista o no despenalización, es imposible que un joven occidental no entre en contacto con la droga. Ante esa situación, los enfoques preventivos modernos refuerzan un No a la droga , pero no un No terrorista , sino un No reflexivo y comprensivo . Lo que dice la Corte es que la auténtica educación para la libertad es una libertad para la elección. No podemos decidir por los ciudadanos. Si dices que el ciudadano no es apto para decidir entre una conducta y otra, cuál es entonces el sustento del voto? Así podría concluirse que el ciudadano no es apto para elegir a sus gobernantes o con quién casarse. Y de ahí al Estado terapéutico sólo habría un paso.