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IMPUESTO PARA LA SEGURIDAD

No sorprende la creación de un impuesto para la seguridad a través de un decreto de Conmoción Interior, porque era de suponer que el Gobierno Nacional no iba a enfrascarse en un intrincado proceso parlamentario para conseguir recursos que requiere con urgencia. Sin embargo, en la estructura misma del impuesto si hay sorpresas y algunas inquietudes que vale la pena analizar.

21 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

No sorprende la creación de un impuesto para la seguridad a través de un decreto de Conmoción Interior, porque era de suponer que el Gobierno Nacional no iba a enfrascarse en un intrincado proceso parlamentario para conseguir recursos que requiere con urgencia. Sin embargo, en la estructura misma del impuesto si hay sorpresas y algunas inquietudes que vale la pena analizar.

La base del impuesto es relativamente amplia, como quiera que cobija a todas las entidades y personas que presentan declaración de renta; este principio es bueno, en la medida que obliga a participar en la seguridad del estado a un número mayor de ciudadanos, pero a la vez genera injusticias. El límite de ingresos anuales que obliga a declarar renta es muy bajo ($ 22.000.000), de manera que quedan cubiertos por el impuesto para la seguridad pequeños contribuyentes que reciben más de $ 1.833.000 mensuales de ingresos brutos, es decir antes de descontar los costos y los gastos. Por el contrario, grandes accionistas que reciben jugosos dividendos no pagan el impuesto porque las acciones están excluidas de la base. Se aduce que es para evitar la doble tributación entre la sociedad y el socio, pero no se puede olvidar que se trata de contribuyentes independientes y que también está de por medio la seguridad de los socios.

Seguramente para prevenir una posible inexequibilidad, el Decreto señaló como base gravable el patrimonio líquido a 31 de Agosto de 2002, aunque presume que en ningún caso será inferior al declarado para el año 2001. Este mecanismo conduce a que se utilice la base anterior, cuando es más onerosa para el contribuyente, en oposición a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha admitido la retroactividad cuando conduce a menores gravámenes. Por otra parte, como las empresas no realizan cortes completos de cuentas en Agosto, los patrimonios a comparar no son los mismos: en un caso es el fiscal a 31 de Diciembre de 2001 y en el otro el contable a 31 de Agosto de 2002. Esta interpretación se reafirma con el texto del artículo 10 del Decreto, que proscribe los ajustes contables que disminuyan el patrimonio a esta última fecha.

Todo parece indicar que se trata de un impuesto de los llamados instantáneos, creado por una sola vez, con una motivación justificada, utilizando como medida de la capacidad de pago el valor del patrimonio líquido. Pero ya hay quienes aseguran que se trata de un verdadero impuesto al patrimonio, sujeto no sólo a las disposiciones sobre irretroactividad contenidas en la Constitución Política para épocas de paz, sino al artículo 317 de la misma Carta que otorga sólo a los municipios la facultad de gravar los inmuebles. Ojalá los efectos de la medida no se vayan a perder en los laberintos de las interpretaciones, aumentando la ya penosa carga de la inseguridad jurídica.