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AGENDA DEL BANCO MUNDIAL PARA COLOMBIA

Una completa agenda para Colombia, que incluye desde aumentar salarios de trabajadores no calificados hasta sacar al Ministro de Hacienda de la Junta del Banco de la República está preparando el Banco Mundial.

27 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

Una completa agenda para Colombia, que incluye desde aumentar salarios de trabajadores no calificados hasta sacar al Ministro de Hacienda de la Junta del Banco de la República está preparando el Banco Mundial.

Las recomendaciones están recogidas en un conjunto de 35 documentos de expertos del Banco Mundial agrupados bajo el título de Colombia: los fundamentos económicos de la paz .

Las propuestas, que todavía tienen el carácter de confidenciales, apuntan en general a la necesidad de realizar un vigoroso recorte del Estado, con el fin de aliviar el déficit fiscal, hacer manejable la deuda pública, volver al crecimiento económico y combatir la pobreza.

El Banco dice que se necesitan reformas políticamente más complicadas que las que se han intentado, como el recorte del periodo de transición de los regímenes de pensiones; acabar los regímenes especiales, o revisar los gastos de los sectores de defensa y justicia, que son el 70 por ciento de los desembolsos del gobierno central a personal y bienes y servicios.

También propone reorientar la alta proporción de las transferencias a salud y educación que se destinan al pago de nómina y a beneficios.

Los expertos recuerdan que la recesión del 98 y 99 borró los progresos de una década en reducción de la pobreza y de la inequidad e ineficiencia en la provisión de los servicios sociales básicos, se despertaron nuevos problemas y se exacerbaron los viejos.

Las sugerencias del Banco Mundial apuntan a bajar la alta incidencia de la pobreza y el desempleo; alcanzar sostenibilidad financiera, fiscal, ambiental y social, y aumentar el ingreso de los pobres.

El ajuste es acabando entidades.

La reforma del Estado requiere liquidar entidades, fusiones, etc. en lugar de bajar los salarios reales de la burocracia.

Hasta el momento, dice el documento, los ajustes al gasto han sido inequitativos e ineficientes porque se han concentrado en medidas de corto plazo, como recortes a la inversión o congelamiento de la nómina, o bajar los salarios reales.

"Estos es insostenible en el largo plazo y hace parte de lo que ha sido llamado un ajuste fiscal ilusorio", dice el Banco Mundial.

Probablemente sea más práctico que una reforma de todo el Estado, reformar un puñado de entidades clave como la Contraloría, la Procuraduría y las superintendencias.

Una reforma de este tipo tocaría de todas formas todos los sectores de la administración.También se sugiere que sería ejemplar atreverse a tocar entidades políticamente duras como el ISS o Ecopetrol, cuya transformación sentaría un importante precedente.

Los intentos de ajuste que se han hecho en el fondo han significado que los gobiernos se han sentado a esperar un mayor crecimiento del PIB para reducir su déficit fiscal.

El documento advierte que los sectores de justicia y defensa concentran el 70 por ciento del gasto del gobierno central.

"Dadas las condiciones generales de seguridad en el país señala el documento esos gastos a menudo no son sometidos a un escrutinio serio, ni se han caracterizado por su responsabilidad contable y su transparencia".

Reforma tributaria.

Una reforma tributaria no debe aumentar las tarifas de los impuestos, sino la base de productos gravados o de contribuyentes.

Si una reforma tributaria se limita a aumentar las tarifas de los impuestos, el efecto se perderá luego de un aumento temporal de los ingresos, pues tras un tiempo se volverá a una situación de fatiga tributaria .

Para aumentar la base de propone.

-Recortar incentivos y exenciones.

-Continuar con la simplificación del régimen del IVA que se inició en la reforma anterior.

-Acabar con los incentivos que tienen los contribuyentes de incumplir, que son consecuencia de la excesiva complejidad del sistema.

En materia impositiva se sugiere, también, una reducción de los altos impuestos a la nómina.

Urgente reforma tributaria territorial.

La ley 715 de 2001, que vuelve a centralizar en parte la asignación de los recursos, tendrá consecuencias negativas en el largo plazo, dice el Banco Mundial, pues el país queda en la mitad de camino de un estado centralista y uno descentralizado, y los gobiernos territoriales tienen poco incentivo para un manejo responsable de los recursos.

El control de estos sigue en el nivel central, con importantes consecuencias fiscales.

"En vez de retroceder en la descentralización bajo el pretexto de las restricciones presupuestales dice el documento los gobiernos locales necesitan ser empoderados para manejar las transferencias del gobierno central y para que aumenten sus ingresos propios dentro de los límites de la responsabilidad fiscal".

El Banco Mundial urge que se haga la reforma tributaria territorial para encarar las responsabilidades que se les adjudicaron a las regiones a través de la Ley 715.

El Banco resalta que los municipios sólo recaudan el seis por ciento de los ingresos que les podría reportar el impuesto predial, pues la tasa que se cobra es sólo de 0,4 por ciento de un 1,6 por ciento permitido, los propietarios suelen pagar por un avalúo que sólo es el 40 por ciento del avalúo comercial, y sólo el 60 por ciento de los propietarios paga el predial.

Cualquier ley de responsabilidad fiscal, como la que se tramita en la actualidad, deber revisar la asignación de las regalías y las normas sobre acumulación y uso de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (Faep), porque es mucho más fácil establecer estas normas cuando aún no se han hecho los descubrimientos que se espera hacer, y no cuando se ha despertado un efecto de voracidad .

Aumentar salarios de los más pobres.

El documento del Banco Mundial propone aumentar los salarios de los más pobres como una manera de garantizar a ese grupo de la población mayores ingresos.

También sugiere aumentar a los más pobres las transferencias directas de dinero y subsidios como los de vivienda.

"Aumentar los salarios y la demanda de trabajadores no calificados también puede ser alcanzado mediante el estímulo del crecimiento de sectores intensivos en mano de obra no calificada como la construcción" dice un aparte del documento.

Estas medidas permitirían un estímulo de corto plazo al crecimiento económico, lo que llevaría a disminuir el desempleo y por lo tanto a brindar ingresos a los pobres.

En el mediano plazo, se propone aumentar la participación de fuerza de trabajo de los más pobres mediante la incorporación de mujeres casadas. Esto se lograría, por ejemplo, mediante su acceso a servicios de cuidados de niños y preescolares, y bajando las tasas de fertilidad con más acceso a servicios de planificación familiar.

De esta manera se bajaría la tasa de dependencia, es decir, el número de personas que dependen del trabajo de otros.

En el largo plazo, se propone aumentar la dotación de capital humano, lo que se consigue a través de más oportunidades de educación, que generan una mayor posibilidad de que hijos de familias pobres puedan mejorar su condición.

Con ese objetivo, se propone subsidiar servicios sociales básicos como la educación.

Se deben movilizar los mecanismos de seguridad social preferentemente hacia los niños, las cabezas de familia jóvenes con calificación laboral baja o media, migrantes recientes y familias sin vivienda. El documento considera que estos grupos son más vulnerables, incluso, que los pensionados y demás viejos, los bachilleres y desplazados no recientes.

También se debe buscar cubrir riesgos que no son relativamente frecuentes, pero que empujan a las familias a la pobreza, como cuando un miembro de la familia es discapacitado, la pérdida del trabajo por el jefe de hogar, o el desplazamiento forzoso de la familia.

"Las prioridades de acción incluyen dice el documento aumentar el presupuesto para asistencia social en lo que sea posible, dadas las estrechas restricciones financieras; reformar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible, y reducir los subsidios para los trabajadores que están mejor, y reformar la actual red de seguridad y los programas existentes de asistencia social, diseñándolos quizá sobre los principios de aseguramiento social y no sobre la creación de programas de auxilio".

Minhacienda fuera de la Junta.

El Banco Mundial propone que el Ministro de Hacienda salga de la junta directiva del Banco de la República, o por lo menos, que no tenga derecho a voto.

"El Banco de la República-dice el documento- realmente necesita un mayor, y no un menor, grado de independencia para manejar la política monetaria".

Para disminuir la influencia del gobierno de turno en el emisor, el documento sugiere periodos más largos para los cambios de los miembros de la junta y la prohibición de entrar a la junta de aquellos que han servido en el gobierno de turno.

La facultad del presidente de turno de nombrar por lo menos un tercio de la junta del emisor empeora la naturaleza política y los tiempos de las decisiones, dice el documento.

Para mostrar que el emisor debe ser más independiente, el Banco Mundial argumenta que los miembros de la Junta del Banco de la República fueron culpables de las turbulencias financieras en 1996 y 1997, por no haber actuado con suficiente independencia.

"Las consecuencias de una independencia menor a la posible de la banca central fueron evidentes en 1996 y 1997, cuando su postura monetaria fue particularmente permisiva, contribuyendo a la turbulencia financiera", dice el documento.

El BM también subraya una excesiva injerencia del Gobierno en la tasa de cambio:"los movimientos de la tasa de cambio durante 2001 no fueron influenciados por las acciones del banco central sino por los anuncios del Ministerio de Hacienda relacionados con las fechas de repatriación de esos rendimientos (de la deuda soberana)".

Control de la deuda publica.

El Banco Mundial advierte cómo el endeudamiento público interno se ha convertido en un problema nuevo, a partir de la segunda mitad de los noventa.

Para afrontar este problema adicional, la clave es el control del monto total de la deuda pública no financiera como proporción del PIB.

Como no es probable que ese monto baje, la manera de controlarlo es aumentar el superávit primario a cuatro por ciento del PIB, para lo cual es necesario que los niveles de crecimiento del PIB vuelvan a entre 3,5 y 4 por ciento, en un marco de prudencia fiscal.

Si no se alcanza esa meta, la deuda llegará a ser 57 por ciento del PIB en 2010.

Llegar a ese superávit primario depende de que se haga el ajuste del Estado que sugieren los expertos del Banco.

Sobre el manejo de la deuda, se hacen las siguientes recomendaciones específicas:.

-Crear una ley marco para el manejo de las operaciones de deuda que separe la formulación, implementación y evaluación de las políticas. La entidad encargada de la evaluación podría ser una auditoría externa.

-Crear una nueva oficina de la deuda mediante la fusión de la Dirección General de Crédito Público (Dgcp) y la Dirección del Tesoro Nacional, y la redefinición del papel y de la estructura de la Comisión de Crédito Público. La oficina de endeudamiento podría ser una institución similar al Fogafín.

-Separación del manejo de la deuda del mandato del Banco de la República, particularmente en lo relacionado con emisión de bonos de corto plazo, para mejorar la flexibilidad en el manejo de la caja del Gobierno.

-Para profundizar y mejorar el funcionamiento de los mercados domésticos, el Ministerio de Hacienda debería proponer al Congreso una ley que simplifique las tasas mínimas de referencia de los fondos de pensiones.

-Evaluar la idoneidad de la tasa DTF y considerar la aplicación de una tasa alternativa para los mercados secundarios del tipo de la tasa de operaciones interbancarias de Londres (Libor).