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ESTA VEZ SÍ LA MERITOCRACIA

Ha recibido el país con beneplácito la decisión del Presidente de la República, comunicada por el vicepresidente Francisco Santos, de nombrar a los directores regionales de los más importantes institutos descentralizados a través de concurso público, dejando de lado el viejo sistema de entregarles esas entidades a los distintos grupos políticos representados en el Congreso. Si esta medida realmente se cumple, habrá dado el Gobierno tal vez el más significativo paso hacia la depuración de las costumbres políticas. Con razón se ha vuelto a cuestionar la eficacia y la transparencia de las privatizaciones en Colombia.

26 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

Ha recibido el país con beneplácito la decisión del Presidente de la República, comunicada por el vicepresidente Francisco Santos, de nombrar a los directores regionales de los más importantes institutos descentralizados a través de concurso público, dejando de lado el viejo sistema de entregarles esas entidades a los distintos grupos políticos representados en el Congreso. Si esta medida realmente se cumple, habrá dado el Gobierno tal vez el más significativo paso hacia la depuración de las costumbres políticas. Con razón se ha vuelto a cuestionar la eficacia y la transparencia de las privatizaciones en Colombia.

Pero no hemos analizado suficientemente el hecho de que hoy en día lo que más se encuentra privatizado es el Estado mismo a través del clientelismo. Es frecuente oír decir que en un determinado Departamento, por ejemplo el Sena le pertenece al senador B, el ICBF al representante C, el Seguro Social al parlamentario E, y así sucesivamente. Esa privatización del Estado por la vía del clientelismo ha tenido como contrapartida la sujeción del Congreso al Ejecutivo, la no discusión del presupuesto en el parlamento, la aprobación sin debate de las iniciativas gubernamentales y la casi desaparición del control político.

Pero este fenómeno no ha ocurrido por ausencia de normas, sino por falta de decisión política. El anuncio de ahora, como tal, tampoco es nuevo.

Durante la violencia de los años 50, el control burocrático excluyente de uno solo de los partidos (el Liberal o el Conservador) sobre el aparato estatal, fue una de las fuentes de la confrontación. Por eso, en una especie de propósito de enmienda , los dos partidos tradicionales acordaron en el plebiscito del primero de diciembre de 1957 (suficientemente analizado en el excelente libro de José Renán Trujillo sobre la promesa incumplida ) el establecimiento de la carrera administrativa, con el claro objetivo de deslindar la acción de la rama ejecutiva de los cambios puramente políticos.

En efecto, el artículo 5o. del plebiscito dispuso: El Presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes y en general todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos no podrán ejercerla sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascenso por mérito y antiguedad y de jubilación, retiro o despido . Y agregaba el articulo 7o.: En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo o cargo público de la carrera administrativa, o su destitución o promoción Llevamos 47 años sin cumplir estas normas!!.

Es más, el presidente Lleras Camargo creó la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) con el fin de formar los cuadros administrativos permanentes del Estado, a todos los niveles. Hasta ahora solo se ha tenido en cuenta a la Escuela para nombrar un secretario general de ministerio. E, irónicamente, la propia Escuela como tal se ha visto envuelta en escándalos de clientelismo.

La Constitución de 1991 no solo repitió los mismos principios, sino que estableció como una de las causales de pérdida de investidura para los congresistas la recomendación de sus amigos para cargos en las entidades públicas. Jurando sobre la Biblia, cuántos parlamentarios podrán decir que no han recurrido a este sistema de recomendaciones? Y cuántos ministros podrán decir que no han seducido al Congreso por la vía de la entrega de puestos públicos? Qué podrán decir los artífices de la gran alianza para el cambio ?.

Cuántos parlamentarios no han comprometido votos o actuaciones por contraprestaciones de carácter burocrático?.

Al iniciarse la administración anterior, el señor presidente Pastrana anunció también el comienzo del imperio de la meritocracia . La suerte no lo acompañó en el cumplimiento de su promesa. No pudo resistir la suave presión de los congresistas.

Si el presidente Uribe y su vicepresidente Santos logran hacer lo que se proponen, y aun en momentos de dificultades en el Congreso no ceden a las presiones de los parlamentarios, iniciarán en serio la reforma política de más profundo alcance y contribuirán a la organización de los partidos.

Si eso hacen, sobra el referendo. Habrá control político real. Ya Piedad Córdoba y Ramón Elejalde han presentado un proyecto de ley al Congreso en el que se regulan muchas de las materias (votación nominal, manejo administrativo, etc.) que aparecen en el proyecto gubernamental.

La acción puede comenzar a remplazar el reformismo jurídico.