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CHOQUE DE TRENES POR FILTRACIONES

La apertura de una investigación contra 17 senadores de E.U. y una demanda contra una de las más altas cortes del país por el manejo y acceso a la información de inteligencia han desatado una agria disputa entre el Departamento de Justicia y los organismos que supuestamente operan como agentes fiscalizadores de esta dependencia.

26 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

La apertura de una investigación contra 17 senadores de E.U. y una demanda contra una de las más altas cortes del país por el manejo y acceso a la información de inteligencia han desatado una agria disputa entre el Departamento de Justicia y los organismos que supuestamente operan como agentes fiscalizadores de esta dependencia.

El viernes, el FBI, que depende de este departamento que encabeza John Ashcroft, exigió a los senadores miembros del Comité de Inteligencia la entrega de sus récords telefónicos y agendas correspondientes al pasado 18 y 19 de junio.

Ese día, el director de la Agencia Nacional de Seguridad (NAS), General Michael V. Hayden, había comparecido ante el grupo de senadores que investigaban el papel del gobierno en los días previos a los atentados del 11 de septiembre. En su testimonio, Hayden les confió la copia de dos mensajes interceptados por la agencia en la que se quedaba claro que los terroristas pensaban atacar el 11.

A los pocos días, los mensajes fueron filtrados a la prensa y desde entonces se ha cuestionado si la administración Bush, el FBI y la CIA poseían información que hubiese podido evitar la tragedia.

Según la investigación, que adelanta el FBI, los mensajes contenían información clasificada y su filtración a los medios, por lo tanto, es un crimen que debe ser castigado por la ley. El FBI, además, les ha solicitado a los senadores y sus asesores que se sometan a un detector de mentiras.

Para los senadores, sin embargo, la investigación les huele a cacería de brujas . No entienden cómo una agencia de la rama ejecutiva como el FBI, que es presidida por un funcionario nombrado directamente por el Presidente, esté ahora investigando a congresistas cuya misión es precisamente vigilar el accionar del FBI y otros organismos de inteligencia.

También la semana pasada, el departamento de Justicia acusó a la Corte para el Monitoreo de la Información de Inteligencia Extranjera (FISA) de limitar los poderes que le otorgó el Congreso al gobierno tras los atentados del 11 para investigar a sospechosos de terrorismo.

La FISA es una corte súper secreta que se creó hace casi 25 años tras los excesos que se cometieron en el escándalo de Watergate y que se encarga de autorizar el espionaje y la interceptación de comunicaciones a extranjeros residentes en E.U.

Dicho espionaje estaba limitado a la recolección de inteligencia, más no a su uso como parte de una investigación criminal. Pero de acuerdo con los fiscales, el Acto Patriótico de E.U., que aprobó el legislativo el año pasado, expande esos poderes y permite que la información recolectada sea compartida por todas las agencias involucradas siempre y cuando el propósito siga siendo garantizar la seguridad nacional.

La FISA, sin embargo, no cree que la intención de la ley era dar dichos poderes a los investigadores. En un extraño comunicado hecho público la semana pasada -el primero que la corte emite en sus más de dos décadas de existencia- la corte alega, además que el FBI ha cometido más de 75 irregularidades al solicitar poderes para espiar a individuos.

Darles más atribuciones, afirma la FISA, no contribuiría a generar un clima de transparencia en las acciones de los organismos de inteligencia.

Según los expertos, en ambos casos -el Senado y la FISA- el gobierno parece estar tratando de limitar los poderes fiscalizadores que tienen sobre sus acciones las ramas judicial y legislativa.

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John Aschcroft, secretario de Justicia de Estados Unidos.