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AUXILIANDO AL TERRORISMO

Hace poco, la Policía de Colombia dijo que había interceptado una conversación radial en la que Jorge Briceño, un jefe de las Farc, ordenaba a sus fuerzas atacar a los estadounidenses. Las Farc no comentaron el anuncio. La embajada de Estados Unidos en Bogotá no lo confirmó, pero dijo que lo está tomando muy en serio.

25 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

Hace poco, la Policía de Colombia dijo que había interceptado una conversación radial en la que Jorge Briceño, un jefe de las Farc, ordenaba a sus fuerzas atacar a los estadounidenses. Las Farc no comentaron el anuncio. La embajada de Estados Unidos en Bogotá no lo confirmó, pero dijo que lo está tomando muy en serio.

Una directiva rebelde para perseguir a los gringos no sería sorprendente. La guerrilla ya dijo que combatirá la nueva política estadounidense de apoyar a los militares colombianos con inteligencia, helicópteros y entrenamiento. Además, aquella está respondiendo a otro importante cambio: la llegada del presidente Alvaro Uribe, elegido con la promesa de atacarla a fondo y restaurar el orden en el país. En las tres semanas que lleva en el poder, las Farc han matado a más de cien civiles.

Es fácil ver por qué las Farc están recelosas frente al gobierno de Uribe y a la nueva estrategia estadounidense. Pero no es tan claro por qué 45 congresistas de Estados Unidos toman partido por los terroristas, si no por sus sangrientos ataques, al menos por su guerra de propaganda. La guerrilla no quiere que la ayuda estadounidense se use contra ella, y para eso busca convencer a la opinión pública de Estados Unidos de que los militares colombianos matan a civiles inocentes mientras el Gobierno se cruza de brazos. Y esa es, precisamente, la acusación hecha por los congresistas en una carta dirigida el 23 de julio al secretario de Estado, Colin Powell.

Entre los errores más notorios de la carta -puesta en su página web por el Centro para la Política Internacional, una entidad izquierdista fundada por Robert White, ex embajador de Estados Unidos en El Salvador- está la afirmación de que un general Quiñones fue hallado culpable de ordenar el asesinato de 57 personas. Esto es falso. Un tribunal militar exoneró al general Quiñones. Un funcionario de bajo nivel de la Procuraduría recomendó condenarlo y envió el caso a un nivel más alto, pero después el expediente se archivó sin sentencia. El gobierno del ex presidente Andrés Pastrana fue presionado desde Washington con este tipo de absurdos. Pero a medida que los colombianos empezaban a reaccionar contra las tácticas de la guerrilla, las autoridades también comenzaban a contraatacar.

En una entrevista en Washington la semana pasada, el fiscal Osorio me dijo: En Colombia estamos librando una guerra generalizada. Pero internacionalmente se está librando otra guerra para desacreditar a las autoridades, no solo a los militares sino al sistema judicial. Es un movimiento internacional de ONG de Estados europeos como Suecia, Noruega y Francia, y de grupos en Estados Unidos, incluyendo algunos congresistas demócratas .

Parte del problema es que simpatizantes de la guerrilla se han incrustado en el gobierno colombiano. Osorio recuerda lo que descubrió al asumir el cargo el año pasado, en el caso del general Rito Alejo del Río. El general, que derrotó a la guerrilla en Urabá en los años 90, fue acusado de tener vínculos con los paramilitares y arrestado poco antes de que Osorio llegara a la Fiscalía. Entonces había más de un millón de casos pendientes, pero el del general estaba en las mentes de todos. Osorio decidió estudiarlo, para lo cual debió leer montañas de documentos.

Pablo Elías González, que fue Fiscal encargado antes de llegar Osorio, le dijo que no tomaría tiempo resolver el caso. Pero cuando este le preguntó qué era lo más importante, González le dijo que no conocía el expediente. Osorio también dice que al pedirle al director de Derechos Humanos, Pedro Díaz, las razones del arresto del general, aquel le sugirió llamar a la fiscal que lo ordenó y decirle que destruyera los documentos del proceso. Osorio dice que le preguntó a Díaz: Es así como cree que debo ejercer mi cargo? Luego lo destituyó. González renunció. El general Del Río fue dejado en libertad por un juez porque la fiscal no tenía autoridad para arrestarlo.

La institución militar es muy respetada en Colombia y eso la convierte en un enemigo formidable de la guerrilla. Pero en el exterior y especialmente entre los ignorantes bienhechores que no están en riesgo de sufrir sus ataques, aquella puede ganar su guerra de propaganda. Por eso ha buscado que su mensaje llegue a los congresistas estadounidenses.

* Editora de la sección Américas de The Wall Street Journal .