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TAMBIÉN LEGALIDAD:

25 de agosto 2002 , 12:00 a.m.

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En medio del admirable entusiasmo que el nuevo gobierno imprime a sus tareas iniciales en todos los campos, resulta preocupante que de pronto se esté descuidando el sello de legalidad que debe identificar la gestión pública, pues esto podría ocasionar, tras el control de los actos gubernamentales por las cortes, no pocas frustraciones y dolores de cabeza.

La preocupación surge de algunos casos puntuales: el decreto de encargos ministeriales, ya demandado ante el Consejo de Estado; la discutida concepción material y formal del proyecto de ley de referendo; mantener en filas de comandancia militar a quienes, por ley, deben retirarse del servicio activo; los gravámenes a la propiedad inmobiliaria, reservados exclusivamente a los municipios, y el mismo impuesto llamado de seguridad ciudadana , cuando la Constitución proscribe las rentas nacionales de destinación específica.

En medio del ritmo a todo vapor con que trabaja la administración Uribe, no conviene subestimar la urgencia de una mente rectora en materia jurídica, capaz de vigilar y coordinar todo el andamiaje constitucional y legal inherente a los actos del Gobierno. Solo así se preservarán la firmeza y vigencia de actuaciones oficiales colmadas del mejor propósito, pero que por eso mismo no pueden hacer a un lado ineludibles lineamientos jurídicos.