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MÁS PENAS POR ROBO DE GASOLINA

Al amparo del Estado de Conmoción Interior el gobierno expidió un decreto que endurece las penas por robo y contrabando de combustibles.

Al amparo del Estado de Conmoción Interior el gobierno expidió un decreto que endurece las penas por robo y contrabando de combustibles.
Los hechos que ya están tipificados como delitos en el Código Penal, serán castigados con mayor severidad en cuanto a multas y penas de cárcel y los montos desde los cuales se califican como delito se redujeron sustancialmente.
Por hurto de hidrocarburos y sus derivados las penas se duplicaron en el Código Penal estaban con 2 a 6 años de cárcel -artículo 357- y pasaron a 6 a 12 años que tendrán adicionalmente una multa de mil a 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (de 309 millones de pesos a 2.472 millones de pesos).
La ley castiga también a quienes ocasionen daños a la infraestructura, es decir, a quienes atenten contra elementos para la exploración, explotación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización.
La pena de cárcel oscila entre los 6 y 12 años y una multa de mil a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En el artículo 10 del decreto que hasta ayer no había sido numerado, queda establecido que en este tipo de delitos la acción penal no se extinguirá por reparación o indemnización integral del daño ocasionado.
Además, quienes incurran en el contrabando de combustibles recibirán una pena de 3 a 8 años y una multa adicional de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En caso de que el monto del contrabando sea superior a 1.5 millones de pesos la pena de prisión será de entre 5 y 8 años y la multa de entre 30,9 millones de pesos y 1.854 millones de pesos, sin que en ningún caso la multa sea inferior al 200 por ciento del valor del combustible a precios de mercado de Colombia.
La norma también castiga a quienes tomen parte en el negocio bien sea por permitir almacenar, transportar o comprar esos combustibles y las penas son de cárcel más multa.
El decreto es particularmente fuerte con las autoridades y los servidores públicos que sin haber tomado parte en este tipo de delitos, de cualquier forma faciliten su comisión incurrirán en penas de cárcel de 4 a 8 años.
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