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LOS VACÍOS DE LA FUMIGACIÓN

En Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Mocoa (Putumayo) campesinos y hasta autoridades hablan de la muerte de Anderson Iván Mejía cada vez que abordan el tema de la fumigación de cultivos ilícitos.

28 de mayo de 2000, 05:00 am

Mencionan el caso del pequeño de 2 años y dicen que luego de sufrir de vómito, diarrea y fiebre murió en la vereda Campo Rojas a finales del año pasado. Sin embargo, ni en su caso ni en el de otros dos muertos registrados en reportes oficiales y vinculados a la aspersión con glifosato, existe prueba científica que los relacione. Para que el herbicida sea mortal se deben beber dos litros , asegura la Dirección de Estupefacientes.

De lo que sí existe reciente evidencia en el Putumayo es de cultivos de plátano, yuca y maíz literalmente quemados al paso de las avionetas, de fuentes de agua contaminadas y de áreas menores a tres hectáreas fumigada, aunque la ley lo prohíbe.

De hecho, hace solo unas semanas, basada en centenares de esos reclamos, la Corporación Regional del Amazonas (Corpoamazonía) suspendió de un solo plumazo esa política de seguridad nacional, dejando en tierra durante seis días la flotilla de aviones Turbo Trush de la Policía Antinarcóticos.

La decisión de Corpoamazonía, que el Ministerio del Medio Ambiente derogó por antijurídica, generó roces institucionales que se han mantenido en secreto pero, sobre todo, dejó al descubierto vacíos dentro del programa de fumigación, al que Estados Unidos ha aportado más de 60 aeronaves y cerca de 300 millones de dólares anuales y cuyos resultados supervisa con lupa.

Mientras ese país espera obtener las metas fijadas en hectáreas destruidas, Corpoamazonía está dispuesta a desafiar de nuevo las directivas presidenciales si persisten las fallas.

Una postura desafiante que altos funcionarios del Gobierno atribuyen a presiones de guerrilla y paras , los grandes dueños o custodios de los cultivos ilícitos.

Violaciones Con todo, EL TIEMPO verificó que hay pruebas sobre violación de normas técnicas de fumigación, cultivos lícitos afectados y veedores que no supervisan la fumigación.

Aun cuando el director de la Policía, general Rosso José Serrano, atribuye los intentos por desprestigiar el programa y por frenar sus avionetas al narcotráfico, otra es la percepción tras seguir las huellas que recorrió un comité que integraban funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría y la Personería regionales.

En pleno monte, reporteros de este diario comprobaron la destrucción de matas de plátano y maíz, al igual que de extensiones de bosque virgen.

El avión pasó y fumigó todo. Aquí no había sembrada sino una hectárea de coca , denunció Víctor Pantoja, campesino de Puerto Guzmán. A mí me quemó una hectárea de maíz , añadió Felipe Ortega, otro campesino de la zona.

Aunque hay cultivadores de hasta tres hectárea de coca peruana en esa zona, al menos 300 quejas con firma, cédula o huella de los campesinos dan fe de lo que está ocurriendo.

Los testimonios reposan en una carpeta en la Personería de Puerto Guzmán. Los últimos dos meses no he hecho otra cosa que recibir quejas , explica la personera Yazmín Cruz.

Y mientras los campesinos esperan comisiones gubernamentales con soluciones, sus reclamos son utilizados por el frente 32 de las Farc para incitarlos a participar en una nueva marcha cocalera, similar a las de 1996.

La primera semana de mayo ese frente citó a una reunión en Puerto Caicedo en la que anunció a los campesinos que necesitaba una persona por familia para participar en la marcha. La única condición: esta vez debían ir armados.

La evidencia Pero más allá de la manipulación guerrillera, para Corpoamazonía e incluso para funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente y de organismos de control es claro que en algunas zonas se está fumigando indiscriminadamente.

Hay rastro de que se están regando áreas menores a dos hectáreas de coca, práctica prohibida en la resolución 001 de 1994, que dicta los parámetros de fumigación.

De esa manera, según Corpoamazonía, se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de campesinos, indígenas y colonos. EL TIEMPO pudo presenciar cómo campesinas de la zona piden a la alcaldía de Puerto Guzmán mercados enviados por la Red de Solidaridad, pues sus cosechas se echaron a perder.

Si se comprueban las denuncias dijo por primera vez el director de Estupefacientes, Gabriel Merchán, indemnizaremos a los afectados .

No obstante, advierte que es difícil demostrar que los daños los produjo el glifosato, pues su rastro desaparece en 15 días.

Por lo demás, Corpoamazonía nunca entregó a Estupefacientes las denuncias en las que sustentó el freno de la fumigación y la Policía dice poseer evidencias de que campesinos siembran plátano, cacao o caña al lado de coca para denunciar atropellos y contrarrestar el programa.

Pero son tantas las quejas, que el pasado 26 de abril el Ministerio del Medio Ambiente pidió a Estupefacientes convocar a una comisión técnica de autoridades militares, administrativas y judiciales para que se estudiaran los efectos de la fumigación.

Es más, se decidió diseñar un proyecto de atención y trámite de quejas, que hoy se encuentra en revisión jurídica. Programa que confirma que no existen medios técnicos ni humanos para verificar las denuncias y para controlar el correcto proceso de fumigación.

Solo glifosato? Nosotros partimos de la buena fe de la gente . Ese es el mecanismo que utiliza el Ministerio del Medio Ambiente, según su ministro, para garantizar que sólo se fumiga con glifosato y certificar que las mezclas son las adecuadas.

El veneno con el que se está fumigando ahora es más bravo que el anterior. Las matas se mueren más rápido , denunció ante la Personería de Puerto Guzmán Marino Barreiro Klinger, el 3 de mayo pasado.

Una denuncia que sería insignificante de no ser porque, con la ayuda de la Universidad de los Andes, la Defensoría del Pueblo pudo comprobar la utilización de una sustancia prohibida: Imazapyr, un granulado que no se puede usar ni en etapa experimental por su alto grado de toxicidad.

Luego de una fumigación, la Defensoría recogió cuatro muestras en la vereda La Pradera (Puerto Guzmán) que se entregaron a los Andes para su análisis. Importando tecnología, semanas después, se certificó que se trataba del granulado prohibido.

Coincidencialmente, el mismo día de esa fumigación julio de 1998 53 niños de la escuela de La Pradera perdieron temporalmente la visión.

Sin embargo, tanto el director de Estupefacientes como el general Serrano niegan el uso de una sustancia diferente al glifosato. Coinciden en señalar que los campesinos utilizan un producto con Imazapyr para sembrar y limpiar coca.

Cómo hicieron los campesinos para subirse a los papayos y a los árboles a esparcir el granulado que encontramos? , se pregunta la Defensoría para contrarrestar las afirmaciones de los funcionarios antidroga.

Veedores frenados A esto se suma que el Ministerio del Medio Ambiente desde hace casi dos años tiene suspendida su Comisión Técnica de Verificación de Erradicación de Cultivos Ilícitos. Aunque volverá a operar, según lo anunció el ministro Juan Mayr, aún nadie ha explicado por qué se desactivó.

Con alguna periodicidad acompañamos las tareas de fumigación , dice el Ministro, para quien lo grave es la depredación de selva que va en más de un millón de hectáreas.

La Procuraduría Agraria es otro de los entes de control. No obstante, el propio jefe de ese despacho, Julio César Rodas, reconoce que no tiene ni personal ni capacidad técnica para verificar esas quejas.

A veces se desplazan procuradores o personeros al lugar, pero son zonas de alto riesgo por orden público, además, los casos nos llegan dos meses después de haber ocurrido. Ni siquiera contamos con un laboratorio , dice.

Por eso, para Rodas, lo menos que se puede hacer es indeminizar a la gente y así se lo hizo saber a Estupefacientes.

Entre tanto, el Plan de Manejo Ambiental, principal instrumento para controlar y minimizar los impactos de la fumigación, cumple siete años en el papel sin que se haya aprobado en definitiva.

Estupefacientes ya entregó el documento, pero en diciembre pasado el Ministerio del Medio Ambiente y el ICA le solicitaron que lo complementara en temas tan sensibles como la altura a la que se fumiga, la velocidad de las aeronaves y hasta la composición de la mezcla química utilizada. Además, complementar estudios toxicológicos sobre efectos en organismos acuáticos y en el suelo.

La única instancia que está funcionando es la Auditoría Ambiental pagada por la propia Policía, con fondos entregados por Estados Unidos, y para quien todo se está haciendo correctamente.

Erradicación manual En la audiencia internacional con las Farc suspendida por el Gobierno y cuya nueva fecha de realización aún no ha sido fijado se tiene previsto visitar zonas de narcocultivos y escuchar las propuestas de los campesinos para buscar una estrategia que permita erradicar las 116.000 hectáreas de coca sembradas hoy en Colombia.

Por eso, hace menos de un mes campesinos de nueve municipios del Putumayo y 37 mil indígenas incluidos los de la bota caucana se reunieron para diseñar un plan de erradicación que ya le entregaron al Gobierno.

El objetivo es destruir los cultivos de coca en forma manual . De lo que se trata es de que no se sigan afectando las siembras lícitas y de que nos dé una verdadera oportunidad de sustitución , asegura el gobernador indígena Aureliano Garreta Chindoy.

La única exigencia de campesinos e indígenas es que mientras prosperan los nuevos cultivos, el Gobierno les subsidie una especie de salario que equivaldría a menos de la mitad de lo que hoy vale erradicar una hectárea con glifosato.

La propuesta ya la conoció el Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Plante), que prefiere mantenerse al margen de la discusión sobre el programa de fumigación por considerar que no es de su competencia.

Mientras se buscan salidas ecológicas, el plan de fumigación arrecia: ya llegó al Catatumbo, donde campesinos y paramilitares comenzaron esta semana a quejarse por sus efectos. A esto se suma la inminente activación de un batallón antinarcóticos de mil hombres y la llegada de otras 60 aeronaves si se aprueba el llamado Plan Colombia.

A la par con la millonaria inversión, las cifras de la Policía Antinarcóticos y del propio Departamento de Estado de Estados Unidos, revelan que el fenómeno de los narcocultivos crece desaforadamente (ver gráfica).