Archivo

Gobierno busca salir de unas 20 empresas antes del 2009

Con la puesta en venta de las acciones que la Nación tiene en 5 electrificadoras departamentales, oficializada el martes pasado, el país entró en la recta final de un gran proceso de venta de activos.

30 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Ese proceso se inició en el 2005 y se prolongará, por lo menos, hasta mediados del año próximo.

El primer paso de esta oleada de desinversión, que abarca desde participaciones menores, como la de Propal (35.000 millones de pesos), hasta transacciones multimillonarias, como la de Ecogás (3,2 billones), fue el Documento Conpes 3281, publicado en abril del 2004.

En él se justificó el proceso como una forma de sanear las finanzas públicas, democratizar la propiedad, fortalecer el mercado de capitales, enfocar los recursos del Estado a la inversión social y apoyar el desarrollo de las regiones.

Exactamente la visión opuesta de la que plantean los detractores de la estrategia, para quienes salir de los activos de la Nación equivale a entregar 'la gallina de los huevos de oro' a cambio de un dinero que termina financiando gastos corrientes; en otras palabras, a convertir el patrimonio, que es limitado, en 'plata de bolsillo'.

En el 2004 se estimó que la participación del Estado en diferentes empresas superaba los 24 billones de pesos, 15 de los cuales (el 64 por ciento) estaban invertidos en el sector energético.

La seguidilla de ventas comenzó un año después, cuando un consorcio de cajas de compensación se quedó con el 48 por ciento de la Financiera América S.A., entonces en cabeza del IFI y el Fondo Nacional de Garantías.

Hoy, tras haberse embolsillado cerca de 8 billones de pesos (más de 4.000 millones de dólares) por las acciones que tenía en 17 empresas, la mayoría del orden nacional, el Gobierno le apuesta a vender su participación en las compañías locales.

La Chec y Probán, en los planes

Además de las electrificadoras de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander, cuya venta fue anunciada esta semana, la administración Uribe espera salir este año de su parte en la Central Hidroeléctrica de Caldas, en la Empresa de Energía del Quindío y en C.I. Promotora Bananera, Probán (ver 'El plan').

Durante el 2008 les corresponderá el turno a otras cinco empresas de energía, al acueducto de Bucaramanga, al 12,4 por ciento del Banco Popular que aún conserva, a las plazas de mercado y a los fondos ganaderos.

En los planes también estaba el 56 por ciento del transportador de energía ISA y una parte del generador Isagén (diferente al 19,2 por ciento que se le ofreció al público en el proceso de democratización que acaba de terminar), por los que el Gobierno esperaba recibir 4,5 billones de pesos, pero el presidente Uribe sorprendió a todo el mundo al echarse para atrás.

"Todo indica que es mayor la rentabilidad (de las acciones de la Nación en ISA) que dedicar ese dinero a pagar una deuda (externa)... De Isagén me preocupa que en el país hay solo hay dos entidades que construyen hidroeléctricas: EPM e Isagén (...) Por eso le quiero pedir a la Comisión de Gasto Público reexaminar el tema", dijo hace una semana en Cartagena, durante el cierre de la Convención Bancaria.

El próximo trago

Después del auge de ventas en el sector eléctrico, lo más probable es que la discusión se traslade a las licoreras. En Antioquia, la Asamblea Departamental acaba de archivar el proyecto de venta de la Fábrica de Licores (FLA), pero el gobernador Aníbal Gaviria anunció que insistirá. En Caldas también se ha ventilado el tema, promovido por el diputado Carlos Mejía, del Partido de la U.

La cuestión es particularmente álgida si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de las utilidades de estas empresas se invierten en los departamentos, sobre todo en salud y educación.

Quienes se oponen a la idea admiten que si los departamentos que tienen licoreras renuncian a ellas sus ingresos tributarios por la venta de licores se mantendrían alrededor del 0,3 por ciento del PIB (inclusive aumentarían). Sin embargo, subrayan el hecho de que las gobernaciones dejarían de percibir cerca de 200 mil millones de pesos provenientes de las utilidades de esas firmas (cifras del 2005), que quedarían en manos privadas.

Los argumentos para venderlas tampoco son despreciables: el Estado no debería promover el consumo de licor, las ventas de aguardiente están cayendo (18,2 por ciento entre el 2002 y 2006) y el dinero obtenido mediante la venta podría invertirse en negocios más rentables a largo plazo, como el de los puertos en el caso antioqueño.

A esta altura de la oleada de enajenaciones (incluidas las privatizaciones, como la de Bancafé, hoy en poder de Davivienda), el Ejecutivo podría argumentar que las metas propuestas hace tres años para justificarla se han venido alcanzando.

Entre otros indicadores, del 2004 al año pasado el déficit fiscal de la Nación se redujo de 5,4 a 4,1 por ciento del PIB, mientras que la inversión del Gobierno pasó de 1,2 a 1,7 y la de las regiones alcanzó el 2,7 por ciento del PIB.

No obstante, cuando se trata de renunciar a un bien público siempre resultan pertinentes reflexiones como las que plantea Germán Umaña, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional: ¿Es mejor que el patrimonio sea público o que sea privado? ¿Quién garantiza que el Gobierno no se va a 'comer' la plata? ¿Los monopolios privados son buenos y los públicos no? ¿Es adecuado que la Nación se quede sin patrimonio?

Los economistas aún no se ponen de acuerdo.

La privatización, desde orillas opuestas

JUAN CARLOS ECHEVERRY
Ex Director Nacional de Planeación


"Dos razones para privatizar: la empresa pública no suele ser eficiente ni es buena en la actualización tecnológica. Hay muchas maneras de involucrar al sector privado, desde las concesiones hasta contratos tan sofisticados como el de TransMilenio.

Lo primero es desideologizar el tema (...) Los bancos deben ser privados, porque si no se vuelven botín de los amigos del Gobierno. Y las licoreras hay que privatizarlas ya, para que dejen de ser vacas lecheras de los políticos. ¿Acaso la industria del vino chileno o la del whisky escocés son públicas?".

EDUARDO SARMIENTO
Director del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Col. de Ingeniería


"El Gobierno hace lo que el FMI ordena: 'privaticen todo, hasta la gerencia de los recursos básicos, hasta llevar al mínimo la presencia del Estado en la economía'. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo si el dinero viene del exterior; lo usual es que entre plata para invertir, pero luego sale lo mismo o más mediante remesas y utilidades. En la mayoría de situaciones no se justifica privatizar, y menos en el caso de las licoreras: el país no tiene la ética suficiente para que los particulares manejen el tema con responsabilidad, sin inducir más consumo".

BERNARDO BEJARANO G.
REDACTOR DE EL TIEMPO
berbej@eltiempo.com.co