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Con ojo avizor

Con expedientes al alcance de la mano, Estados Unidos espera decidir la certificación en Derechos Humanos.

29 de junio 2007 , 12:00 a.m.

LA SEMANA PASADA, mientras la vicefiscal de Estados Unidos, Mary Lee Warren, entregaba en Bogotá ayuda económica y técnica con destino a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz y a los funcionarios judiciales que investigan violaciones de derechos humanos en Colombia, agentes y asesores de su Embajada en Bogotá trabajaban febrilmente en la clasificación de informes y expedientes sobre procesos seguidos a miembros de las Fuerzas Armadas.

Con paciencia de relojero, miraban uno a uno todos los casos reportados por organismos judiciales y de control y cruzaban la información con la remitida por organizaciones no gubernamentales bien acreditadas. Uno de los documentos mirados con lupa era un informe de 40 páginas en el que el viceprocurador general de la Nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, relacionaba 182 procesos disciplinarios formales en curso contra miembros de destacamentos de las Fuerzas Militares y de Policía que operan en las zonas de conflicto.

Cada caso era relacionado, a su vez, con otros datos acopiados por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, a cargo de Leonardo Cabana,  y por el Tribunal Superior Militar para dibujar perfiles de las investigaciones más críticas. De por lo menos tres fuentes miraban, por ejemplo, qué oficiales con mando podrían estar detrás de la captura y "ejecución extrajudicial" de Eduard Tulio Gómez y Evert Papamija. Los dos hombres figuraban como detenidos el 16 de mayo de 2005 y recluidos en una base del Ejército en Almaguer, Cauca, pero extrañamente aparecieron luego en un parte oficial como guerrilleros abatidos en combate.

Juego de equilibrio

El equipo evaluador  miraba también las contradicciones y los posibles sesgos que pudieran arrojar incriminaciones injustas. En este rango estaban incluidas denuncias contra miembros del Batallón Pingoanza, en el Caquetá, señalados como posibles responsables de la muerte de los esposos Daniel Alvarado y Alba Luz Mejía y de su pequeña de tres años, atacados a tiros en 9 de noviembre del año pasado cuando viajaban en una moto.

Según fuentes diplomáticas, la idea del grupo asesor que realiza el estudio es definir el "umbral" de las violaciones de derechos humanos en el país a mano de agentes oficiales y tener una medida que sirva como parámetro objetivo para que Washington defina el alcance de la próxima certificación a Colombia en esa materia.

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, esta vez la evaluación incluirá elementos positivos como el papel que cumplen las oficinas de promoción, protección y pedagogía en derechos humanos que existen ya en el 70% de las unidades operativas del país. "Si de medida objetiva se trata, habrá que mirar también los avances obtenidos a partir de la aplicación de las estrategias del Programa Presidencial de Derechos Humanos", le dijo a CAMBIO uno de los funcionarios más enterados del proceso.

El estudio, que quedará concluido a comienzos de julio, buscará responder buena parte de las dudas formuladas por la banca demócrata del Congreso de Estados Unidos, proclive a imponer nuevos condicionamientos a la ayuda que el Gobierno de Washington le dispensa a Colombia.