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Docentes de U. de Caldas insisten en consulta para definir permanencia del rector

Los profesores consideran que Ricardo Gómez perdió la 'gobernabilidad' y 'traicionó' los intereses de la institución al avalar el acuerdo para solucionar el pasivo pensional.

27 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Según el representante de la Asamblea de Profesores, Orlando Mejía Rivera, el rector ha sido inferior a los retos que ha debido afrontar en su corta gestión (seis meses): los disturbios de comienzos de este mes -que incluyeron una retoma de las instalaciones de la universidad por la Policía- y el pasivo pensional.

Docentes y estudiantes, a través de sus representantes, propusieron una consulta popular para conocer si el rector debe renunciar o no, pero la semana pasada el Consejo Superior de la universidad no la aprobó.

Sin embargo, Gloria Beatriz Ríos, representante de los profesores, dijo que "estamos realizando una estrategia metodológica que nos ayude a sacar la pregunta exacta y correcta para la consulta (acerca de la permanencia en el cargo del rector). Además, como los administrativos no pueden participar en ella por la normatividad, trataremos de que por lo menos los 120 de ellos que son egresados de la universidad lo puedan hacer".

Los docentes coinciden en que la Universidad de Caldas "no debe acabar en manos de privados como ya ha pasado con otras instituciones educativas públicas del país, debido al pasivo pensional".

¿Qué dice Gómez?

Gómez ha sostenido que no piensa en renunciar al cargo porque el problema esencial de la universidad va más alla de quien es el rector. Es su situación financiera actual.

Pero al calificar como "histórico" el acuerdo que ideó el Gobierno Nacional para solucionar el pasivo pensional, que se calcula en 250 mil millones de pesos extraoficialmente, Gómez se echó encima a los profesores y estudiantes.

El rector dice que es histórico que el Gobierno haya buscado aliviar el pasivo pensional de la Universidad de Caldas (y el de las universidades Nacional, Cauca, Córdoba y Chocó) mediante un acuerdo de concurrencia a 45 años en el que la Nación reconoce por lo menos el 90 por ciento de la carga y el porcentaje restante lo asumen las universidades.

Ese convenio está previsto en el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo.

Los representantes docentes y estudiantiles argumentan que el pasivo debe ser asumido en su totalidad por el Gobierno.

MANIZALES