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Toman medidas para frenar nuevas construcciones en Taganga

Las casas en este corregimiento de Santa Marta aumentaron en diez años de 700 a 1.000, principalmente en los cerros vecinos, que fueron declarados parque natural.

25 de junio 2007 , 12:00 a.m.

El corregimiento de Taganga, a orillas del Caribe, pasó de ser un apacible pueblo de pescadores a un congestionado refugio de 'extranjeros'.

La invasión de foráneos, que les compran la tierra a buen precio a los nativos, ha sido de tal magnitud que esta semana, el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, como medida cautelar, prohibió y ordenó la semana pasada suspender toda construcción dentro del parque.

La metamorfosis de este paraíso empezó hace 10 años, cuando comenzaron a llegar los trotamundos que no tenían inconveniente en acomodarse en cualquier rancho. Algunos atraídos por su encanto y otros por conseguir drogas a menor precio. Primero comenzaron haciendo cabañas en los cerros y después las fueron convirtiendo en casas de cemento.

"Sabíamos que el pueblo se nos iba a llenar", dice Carlos Herrera, presidente de la Cooperativa de Pescadores de Taganga.

"Ya los que llegan allí ni modo, pero por lo menos ahora se para este desorden y se evita que se cuele más gente", agregó.

Destrucción en los cerros

En 1997, los nativos lograron que la zona de los cerros tutelares y después de la carrera quinta del pueblo, donde comienzan los bosques, fueran declarados como el Parque Distrital Natural Dumbira dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El área contempla 1.140 hectáreas, que comienzan 25 metros sobre el nivel del mar y en donde se prohíbe el desarrollo de actividades de la construcción de hoteles, residencias, equipamientos, vías y cualquier otro tipo de infraestructura.

Pero las leyes no se respetaron según la Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga (Fundetag), 200 casas construidas en los dos últimos años se encuentran en los cerros.

El acelerado proceso de ocupación y construcción en el parque Dumbira generó tala masiva de árboles, como el carbonal, la vija, el cactus y hasta el trupillo, y la desaparición de especies como el búho, el gavilán y aves migratorias.

El presidente de Fundatag, Luis Alberto Devia Blandón, piensa que a la afluencia de 'extranjeros' (gente del interior del país, samarios, europeos) se sumó la falta de conciencia de algunos tagangeros que comenzaron a invadir los cerros sin ningún tipo de control.

"La gente construye como le da la gana ante la mirada indiferente de las autoridades", señala Devia, que asegura que en los últimos años la venta de tierras en Taganga se incrementó en un 90 por ciento.

"Queremos que las autoridades los llamen a responder. Aquí tienen casas, ex concejales, empresarios, industriales, extranjeros", señala Devia.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Airton Mattos, dice cada día hay más encerramientos de lotes y construcciones en los cerros: "Hay desde casuchas hasta modernos chalet de veraneo".

Los tagangeros aseguran que en reiteradas ocasiones han ido a la Alcaldía a pedir que ejerzan los controles pero la respuesta es la misma: "Ajá, pero si ustedes mismos son los que venden".

El tema de controlar las construcciones ha generado serias peleas entre la comunidad, pues los que alegan tener escrituras dicen que venden porque necesitan dinero.

Ante la situación, hace un año, Devia y un grupo de tagangeros instauraron una Acción de Popular contra las entidades responsables de vigilar y proteger las reservas naturales del Distrito para que se apersonaran del asunto.

Y esta semana, el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta detuvo las construcciones y pidió a las curadurías urbanas abstenerse de tramitar toda licencia para vivienda en la reserva.
En la Curaduría Urbana Número Uno aseguraron que hace años no entregan licencias de construcción para esa zona y que lo que solicitan las personas que tienen viviendas allí es una especie de acta de protocolización para demostrar que en el lote estipulado hay una casa.

Por su parte, el subdirector de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), Ismael Gómez, asegura que al Distrito de Santa Marta le corresponde tomar medidas. EL TIEMPO intentó hablar con el secretario de Planeación Distrital, Alfonso Vargas Vives, pero no fue posible localizarlo en su oficina.