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A retaliaciones de la Procuraduría atribuyó cónsul en Barquisimeto, Elías Ochoa, su destitución

"Esta es una más, de las tantas retaliaciones que están aplicando por las dificultades que se han presentado anteriormente", expresó el ex alcalde de Valledupar.

21 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Explicó, en una entrevista telefónica dada a Radio Guatapurí desde Barquisimeto, que "de las respuestas que nosotros dimos el señor Procurador casi en su totalidad nos eximió de responsabilidad; sin embargo, él en aras de poder mantener vivo el proceso sacó una nueva estrategia de que el señor contratista Alfonso Monsalvo Riveira, por el hecho de haberse retrasado en la obra no tenía derecho a que le pagaran los reajustes a los contratos". 

"Quiero reiterar que de 14 actas de reajustes al doctor Monsalvo Riveira, aproximadamente, unas 9 fueron firmadas en el año 2000 cuando yo no era alcalde, tampoco la firmó el alcalde Johnny Pérez porque eso no es función del alcalde firmar esas actas y fueron pagadas. Sin embargo, la Administración mía en el 2003 coincidió en que él tenía derecho a los reajustes, pero que éstos se pagaban con base al índice de la fecha que él había propuesto ejecutar, así lo hubiese ejecutado en períodos anteriores", agregó Ochoa Daza.

Dijo que le sorprende que se vuelva a tomar el tema de uno contrato que fue firmado hace siete años. "Obvio que al no haber hecho las diligencias oportunas los cargos prescribieron y como tales prescripciones exoneran de responsabilidad al que era asesor jurídico de esa época, hoy contralor municipal, Rafael Manjarrés, y para poder mantenerme a mí, que yo lo interpreto como una de las tantas retaliaciones que están aplicando por las dificultades que se han presentado anteriormente, mantienen por allá un acta de liquidación final que no firmé yo y que fue firmada por funcionarios de la Administración pero que yo la comparto como tal y la avalé, eso se firmó por allá en el mes de agosto en el 2002".

Dijo además que "el señor Viceprocurador no se ocupó de revisar el texto del acta, porque ahí hay unos reconocimientos de reajustes en esas actas, solo para  poder sancionarme".

Informó que ya fue notificado de la decisión "y ya presenté mi recurso de apelación sustentado, que se estará llevando en los próximos días al señor Procurador General de la Nación para que él pueda definir".

Advirtió también que le parece curioso "que el señor Viceprocurador, que es una persona muy versada, conferencista y profesor universitario, para poderme sancionar esté aplicando unas normas de la Ley 200 de 1995 y de la Ley 734 de 2002, derogada el 5 de mayo de 2002. Dice que los hechos sucedieron en agosto de 2002 cuando ya no estaba vigente la Ley 200 de 1995 y sin embargo se basa en ella para sancionarme, esto para adelantarme un poco sobre unas de las 50 mil cosas que allí menciono, porque es un documento que tiene unas ocho páginas en las que estoy sustentando mi defensa".

El fallo en primera instancia contra Ochoa Daza es por no haber defendido de manera oportuna los intereses del municipio en un contrato de unos 463 millones de pesos para la construcción de una escuela en Valledupar. Fue sancionado con una inhabilidad de tres años para ocupar cargos públicos y tampoco podrá contratar con el Estado.

La obra en mención debió ejecutarse en 210 días calendarios pero el contratista incumplió y se demoró cerca de unos dos años.

OSCAR MARTÍNEZ ORTIZ
Especial para EL TIEMPO
VALLEDUPAR.