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Los 4 escándalos de la década están en el limbo: TermoRío, Dragacol, Invercolsa y Commsa

Por el contrato eléctrico del primero -que tuvo al país a punto de pagar US$ 62 millones- solo hay un condenado y está fugitivo, y la Fiscalía tiene apenas 10 días para que no quede impune.

10 de junio 2007 , 12:00 a.m.

El caso Dragacol va rumbo a la prescripción; y el lío de las acciones del ex ministro Londoño en Invercolsa puede demorar 5 años más. Este martes, Procuraduría decide si pone fin al caso Commsa o les apuesta a los 11 procesos contra sus socios.

Hace una semana, en tono triunfalista, algunos medios registraron que el Tribunal Superior de Bogotá finalmente había hecho justicia en lo que en su momento se calificó como uno de los más grandes escándalos de corrupción del país: TermoRío.

Según trascendió, tres de sus protagonistas (el ex superintendente de Servicios Públicos Enrique Ramírez; su delegada, Marlén Valderrama; y el abogado Marino Zuluaga) fueron condenados a 12, 10 y 7 años, respectivamente.

Pero leyendo la letra menuda del fallo, si bien el Tribunal los condenó a los tres -amigos entre sí desde hace más de 20 años- no fue en particular por el gran escándalo de TermoRío, que ha estado a punto de costarle al país 62 millones de dólares, sino por la firma irregular de 14 contratos entre los que se incluye, como uno más, el de TermoRío.

EL TIEMPO estableció que por ese escándalo -por el que el país se ha librado de pagar la multimillonaria condena, aunque sigue demandado en E.U. y por el que ha gastado más de 2.200 millones de pesos en abogados- no hay ni un solo detenido. Es más, el 10 de mayo, el Tribunal de Barranquilla ratificó un fallo en el que un juez de esa ciudad absolvió a dos de los tres procesados: el único condenado huye de la justicia.

A la Fiscalía solo le quedan 10 días hábiles para echar mano de un último recurso y evitar que, en su criterio, el caso quede impune.
Los únicos que han prosperado son los procesos disciplinarios.

Pero ese no es el único escándalo que, tras casi una década de litigios, sigue sin un responsable. El epílogo del caso Commsa -que busca que el país sea indemnizado por la no construcción de una vía clave- lleva 9 años en tribunales y hoy depende del guiño de la Procuraduría para hallar una salida.

El Ministerio Público tiene en sus manos la posibilidad de que el país reciba un cheque de 119 mil millones de pesos o, por el contrario, persista en los 11 procesos que marchan en contra de los socios de esa firma, incluido un grupo de poderosos españoles.

La escandalosa conciliación entre Dragacol y el Ministerio de Transporte, firmada en tiempos de Andrés Pastrana, también va a cumplir su aniversario número nueve en los estrados sin que medie una condena y con la amenaza de la prescripción.

Un víacrucis similar atraviesa el proceso en el que están trenzados desde 1997, el ex ministro Fernando Londoño y Ecopetrol, por la compra ilegal de un paquete de acciones de Invercolsa al que Londoño se niega a renunciar.

En otras palabras, los 4 escándalos que ocuparon parte de la agenda del país en los últimos 10 años están en el limbo, así el Vaticano diga que este ya no existe. EL TIEMPO les hizo un corte de cuentas.

* u.investigativa@eltiempo.com.co

Commsa, en manos del Procurador General

Todo indica que el procurador Edgardo Maya, decidirá este martes si la Nación acepta un cheque por 119 mil 987 millones de pesos para finiquitar el pleito que tiene hace 9 años con la firma Commsa -por la no construcción de una carretera clave para el país- o, por el contrario, persiste en los 11 pleitos que hay en curso.

El guiño de Maya es obligatorio para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avale el acuerdo-transacción al que llegó hace meses el Gobierno Uribe -representa-do por su hoy ministro de Hacienda y por el jefe de la cartera de Transporte- con ese consorcio.

Según el Gobierno, si se acepta esta especie de indemnización, no solo se podrá construir la carretera Tobíagrande-Puertosalgar sino que, además, se podrán descongelar los 134 mil millones guardados en una fiducia. Y añade que el resultado de los pleitos que cursan contra Commsa es incierto y sus fallos podrían demorar años.

Pero el clima favorable que el Gobierno ha conseguido en torno a ese acuerdo-transacción se enfrió el martes en el Congreso, tras un debate del senador Javier Cáceres.

El congresista, que en una ocasión ya hizo que el Gobierno ajustara la propuesta, aseguró que encontró dos puntos en el nuevo acuerdo que le hacen presumir que la Nación va a salir perdiendo una suma importante en este caso.

Agregó que, contrario a lo que Commsa divulgó, no es cierto que la Procuraduría hubiera sugerido el aumento de la indemnización (en 19 mil 185 millones de pesos) para respaldarla. Y dijo que en el análisis financiero que se tuvo en cuenta para llegar al acuerdo, no se actualizaron cifras que dejarían a la Nación en desventaja económica.

El equipo de abogados contratado por Commsa desmitió de inmediato a Cáceres, asegurando que el acuerdo no es lesivo para la Nación.

Según ellos, a la cifra que están dispuestos a pagar se llegó tomando la máxima sanción impuesta por la cláusula penal, actualizada a tasas vigentes. Y añaden que aceptaron pagar un valor adicional de 19 mil 185 millones para compensar cualquier perjuicio adicional sufrido por la Nación, a través del Invías, con quien firmaron el contrato.

Pero no hicieron referencia a la supuesta sugerencia hecha por la Procuraduría, que Cáceres desmintió en el Congreso. Ahora, Maya tiene la palabra.

TermoRío: en 10 días Fiscalía juega su última carta

El caso que, por ahora, más le preocupa a la Fiscalía es el que estalló luego de que un tribunal de arbitramento internacional condenó a la estatal Electrificadora del Atlántico (Electranta) a pagarle a la también barranquillera TermoRío 62 millones de dólares.

El almendrón del asunto consiste en que Electranta no solo firmó un contrato de generación de energía estando ya muribunda, en 1997, sino que celebró un otrosí que le daba vía libre a que un tribunal de arbitramento dirimiera en caso de incumplimiento. Algo -el incumplimiento- que estaba prácticamente cantado al momento de la firma, y que de hecho ocurrió.

El país respiró tranquilo cuando el Consejo de Estado dejó sin efecto el fallo del tribunal, al considerar que el caso debía ser dirimido a la luz de las normas colombianas.

Además, en octubre del 2001, la Fiscalía halló mérito para acusar a Rodolfo Plata, ex gerente de TermoRío, y a los ex gerentes de Electranta Jorge Quintero (e) y Antonio Holguín Calonge, de celebración ilícita de contratos.

Es más, Plata -que se declara una víctima fortuita de este caso- alcanzó a estar un año detenido en su casa por haber firmado el contrato.

Pero Jorge Posada, juez de Barranquilla, no encontró actuación irregular de Plata y de Quintero, acogió sus alegatos y los absolvió.
Y el pasado 10 de mayo, el Tribunal de esa ciudad confirmó la decisión. En resumen, el único condenado es el fugitivo Holguín.

Ahora, a la Fiscalía le quedan 10 días para pedirle a la Corte Suprema que le otorgue el recurso de casación para insistir en la condena de Plata y de Quintero. Si la Corte accede, el fallo se tardaría 4 años.

En el entretanto, TermoRío insiste en demandar a la Nación. Hace 10 días, la Corte de apelaciones de Colorado le negó una demanda en la que pretendía cobrar los 62 millones de dólares, a precios de hoy.

TermoRío alegó que aquí hay un complot entre el gobierno y la rama judicial para defraudarlo. Además, como tiene socios estadounidenses, dice que E.U. debe intervenir.

Pero, tal como ya había pasado en febrero, la Corte manifestó que no tiene jurisdicción para conocer el caso, por el que los abogados de la Nación -Holland & Knight- cobraron 2 mil millones de pesos.

Ahora TermoRío tiene enfiladas sus baterías en un pleito que sigue vivo en el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Un perito ya había dictaminado que la Nación debía pagarle a TermoRío casi un billón de pesos. Pero la defensa logró revertir el dictamen y probar que es TermoRío la que le debe al país 25 mil millones. El veredicto se conocerá en los próximos meses.

Reginaldo Bray: 30 días de juicio hablando solo

En febrero pasado, la Procuraduría General alertó que si no se tomaban acciones inmediatas, el proceso penal por la millonaria y oscura conciliación que en 1997 firmó el Ministerio de Transporte con la empresa Dragacol, puede quedar en la impunidad.

Es más, en un oficio que un agente especial del Ministerio Público le envió al Juez Tercero Penal del Circuito de Bogotá, solicita agilizar el debate público y las audiencias.

La razón: Reginaldo Bray, gerente de Dragacol y quien según denunció el senador Javier Cácers, se apropió ilegalmente de 18 mil millones del erario, lleva 30 sesiones hablando él solo.

Y si de aquí a diciembre no hay un fallo, el proceso -que se inició a finales del 2001- prescribirá. Y aún faltan por intervenir dos acusados: Alfredo Bray y Jorge Saloom.

Y aunque los tres tienen derecho a su defensa, fuentes judiciales dicen que alguien le juega a la prescripción. El vencimiento de términos ya permitió a Bray salir de la cárcel.

"Por el proceso han pasado 8 jueces, que después de leerse miles de folios son cambiados", asegura un funcionario.

Y agrega que los jueces del caso han sido recusados y denunciados penalmente.

Y aunque en mayo la Fiscalía pidió extinguir los derechos de Bray sobre 11 bienes, es improbable que de ellos se obtenga siquiera una parte de lo que el Estado perdió.

* jordur@eltiempo.com.co

Congelan las acciones dudosas de Londoño

Otro pleito que ya lleva una década en disputa es el de la estatal Ecopetrol con el ex ministro Fernando Londoño, por un paquete accionario de Inversiones de Gases de Colombia (Invercolsa) que es de la petrolera.

El lío data de diciembre de 1997, cuando Londoño adquirió de manera ilegal las acciones por las que pagó 9.264 millones de pesos, unos 20 mil millones de pesos de hoy.

Aunque el ex ministro no era empleado de Invercolsa, presentó un certificado que lo acreditaba como tal y que le permitió acceder a las acciones de manera privilegiada y a un menor precio.

El 9 de diciembre del 2003, y tras resolver una acción popular, el Consejo de Estado lo condenó a reintegrar acciones y dividendos, pero una sala de conjueces del mismo tribunal tumbó la decisión.

Y el 9 de febrero pasado, el juzgado 28 civil de Bogotá, ante quien Ecopetrol demandó al ex ministro y hoy periodista radial, lo volvió a condenar. La sanción fue la misma.

Como era de esperarse, Londoño apeló y (aunque aún no ha argumentado su recurso) el caso pasó al Tribunal Superior de Bogotá.

Pero la juez 28 tomó una previsión que blinda las acciones de cualquier riesgo judicial: ordenó congelarlas (secuestrarlas) hasta que se conozca un fallo definitivo.

Por eso, no prosperó la intención de la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana (Afib) que (tal como lo alertó la Procuraduría) quería embargarlas alegando que Londoño se las entregó en parte de pago de una deuda.

Afib también instauró una tutela para quedarse con las acciones, pero le fue negada. No obstante, pasó a revisión de la Corte Constitucional y aunque lleva allí 10 meses, los magistrados a cargo (Clara Inés Vargas, Jaime Araújo y Manuel José Cepeda) no se han pronunciado, aduciendo compromisos oficiales de dos de ellos, fuera de Colombia.

Ecopetrol -que ha gastado casi 500 millones de pesos en abogados y que pide que también se condene a Invercolsa, por expedir una certificación falsa- está segura de que los fallos pendientes saldrán a favor de la Nación, pero también, de que (en el caso del juzgado 28) Londoño buscará el recurso de casación ante la Corte Suprema.

Esto significa que el veredicto final dentro de este proceso se puede alargar 4 años más.