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Entre la espada y la pared

Un firme aspirante a presidir la Cámara es el primer político acusado de tener vínculos con guerrilla y 'paras'.

08 de junio 2007 , 12:00 a.m.

EL REPRESENTANTE Luis Fernando Almario, uno de los más fuertes candidatos a la Presidencia de la Cámara, sabe que para coronar su aspiración tendrá que transitar primero por un campo minado de acusaciones que lo vinculan, simultáneamente, con guerrilla y paramilitares. Para empezar, la semana pasada aceptó controvertir públicamente el testimonio de Gerardo Aguirre Ballesteros, ex jefe de milicias de las Farc, quien lo señaló ante la Justicia como instigador del asesinato, en diciembre de 2001, de Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, de su madre Inés y de varios escoltas. Pero, además, Almario decidió defenderse de señalamientos en el sentido de que es 'padrino' de uno de los jefes de las 'águilas negras', un grupo emergente paramilitar.

La controversia alrededor del representante se agitó a finales de mayo, cuando la Policía capturó en Neiva y Florencia a nueve personas señaladas de ser integrantes de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, una de las cuales figura en la  nómina de asesores de Almario en el Congreso. La operación también incluyó el allanamiento de los dos locales contiguos a su sede política en Florencia.

Dirigentes liberales de la región han dicho que todo esto constituye nueva evidencia de la cercanía del representante a las Farc, e hicieron circular una carta fechada el 24 de abril pasado, en la que el ex presidente César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal, le pide al fiscal general, Mario Iguarán, que investigue los nexos entre políticos regionales y grupos armados.

De origen conservador y actual dirigente del Movimiento de Participación Popular, Almario da una interpretación distinta de los hechos. Según él, en los locales contiguos a su sede se fraguaba un plan de las Farc para atentar contra su vida, algo que venía advirtiendo desde el 29 de enero de este año, cuando le envió una carta al presidente Álvaro Uribe en la que incluso daba detalles sobre los movimientos de la guerrilla. Y en cuanto a los capturados en Neiva y Florencia, dijo: "Es cierto que uno de ellos es hermano de mi asesor Herminzo Sánchez, pero eso no tiene nada de particular porque las culpas no son heredables".

El congresista se declaró cansado de las imputaciones en su contra y el pasado miércoles le dijo a CAMBIO: "Los liberales pregonan falsamente que únicamente ellos han sido víctimas de la violencia en el departamento -afirmó-. ¿Será que sólo estarán satisfechos cuando me maten a mí también?".

A continuación, leyó en voz alta apartes de la declaración de 18 páginas del guerrillero desmovilizado Gerardo Aguirre Ballesteros, que lo menciona como posible autor intelectual del crimen de los Turbay y cinco acompañantes: Rafael Ocasiones Llanos, Hail Bejarano Martínez, Jaime Peña Cabrera, Alarcón Angarita y Dagoberto Samboní.

La masacre

Aguirre rindió declaración hace ya cinco años, pero hasta febrero pasado, cuando CAMBIO la descubrió, dormía en un anaquel de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Considerado testigo clave de la masacre en la que fueron asesinados los Cote y sus cinco escoltas,  el ex guerrillero declaró el 17 de abril de 2002 ante el fiscal Leonardo Cabana.

El ex guerrillero le contó al fiscal que días antes del crimen se había encontrado con el jefe guerrillero Fabián Ramírez en la casa del médico del puesto de salud de Peñas Coloradas, en el Bajo Caguán, a donde él había ido con otro guerrillero, Darwin Guarín, para entregarle a Ramírez un informe sobre los costos del montaje de talleres de mecánica para el frente 14. "Habíamos viajado desde la finca del miliciano Miguel, en jurisdicción de Cartagena del Chairá, en un deslizador con los señores Édgar Calderón, José Agatón, Darwin Guarín y un escolta personal de él".

Según Aguirre, Calderón era un emisario del congresista Almario que había pedido una cita con Ramírez para comentarle un asunto importante. "Ahí en la sala de la casa del médico oí una conversación referente a los Turbay -dijo el ex guerrillero-. No fui retirado porque Guara (Darwin Guarín) le dijo a Fabián que él me conocía y que yo era de absoluta confianza".

Acto seguido, aseguró el ex guerrillero, Calderón le contó a Ramírez que Inés Cote de Turbay había llevado a los paramilitares al Caquetá, que les estaba buscando financiación entre comerciantes y ganaderos de Florencia y que pensaba darles tierras para que montaran sus bases. Y remató diciendo: "Ella cree que las Farc le mataron el hijo, o sea Rodrigo Turbay. La vieja es la que manda en el Caquetá y decide quién es gobernador o alcalde. Es el verdadero poder y por eso Fernando (Almario) y yo estamos muy preocupados y venimos a decir qué medidas se pueden tomar: a esa vieja hay que matarla...". Según Aguirre, Ramírez respondió que cualquier decisión debía consultarla con su jefe Joaquín Gómez.

Pero el fiscal tenía dudas y le hizo varias preguntas. Por ejemplo, que cómo podía explicar que días después del asesinato de los Turbay, un comando de las Farc atacara la casa de Almario con explosivos, si era cierto que eran aliadas del congresista.  Aguirre respondió que el atentado había sido obra del frente tercero que se había enterado de que una vez eliminado del escenario político Turbay Cote, Almario había hecho alianzas con grupos paramilitares de Florencia y sus alrededores, y que esa era la razón del atentado.

Cuando terminó de leer la declaración de Aguirre, Almario aseguró que sus relaciones con la familia Turbay Cote fueron "inmejorables en lo político y en lo personal" y afirmó que  el senador Rodrigo Turbay, a cuyo secuestro y muerte también trataron de vincularlo, fue el hombre "más espiritual" que haya conocido. "Su familia sirvió al Caquetá y jamás insinuaría siquiera que ellos tuvieron algo que ver con el surgimiento de los paramilitares en el Caquetá", le dijo Almario a CAMBIO.

Vuelo de águilas

Sin embargo, aceptó que Édgar Calderón, el supuesto enviado suyo a la reunión con Ramírez, perteneció a su movimiento político y fue su segundo renglón en el Congreso. Y aventuró la hipótesis de que habría podido prestarse para fabricar una versión falsa en contra suya: "En la época del proceso 8.000, cuando estuve en la cárcel víctima de un montaje de la mafia por haber sido ponente de la Ley de Extinción de Dominio, Calderón asumió mi curul -dijo Almario-. Él creyó que yo me sepultaría en la cárcel y quiso adueñarse de todo mi capital político. Desde esa época nos separamos y sólo supe después que había ganado la Alcaldía de El Doncello por otro movimiento".

El representante dice tener pruebas de que su nombre figuraba junto al de Rodrigo Turbay Cote en una lista de dirigentes políticos caqueteños que serían secuestrados o asesinados por las Farc. "Esta lista la encontró el Ejército entre los documentos incautados en una operación que culminó con la muerte del jefe guerrillero Arturo Medina, cerca de Paujil, poco después del secuestro de Rodrigo", explicó.

Almario no ha sido vinculado hasta ahora a ninguna investigación, pero magistrados de la Corte tiene en sus manos documentos que comprometen al representante con los hermanos Juan Carlos y John Edward Monje Alvarado. 

 El primero, desmovilizado del bloque central Bolívar de las Auc, fue asesinado hace poco cuando, según la Policía, estaba al frente de una facción de las 'águilas negras'.

El segundo, ex militante del M-19, fue durante un tiempo representante del Ministro de Agricultura en el Fondo ganadero del Caquetá, controlado por el narcotraficante Micky Ramírez, y ahora hace parte del equipo del gobernador del departamento, Juan Carlos Claros.

Almario reconoció la autenticidad de documentos que prueban que John Edward hizo parte de su Unidad Legislativa en el Congreso, pero dijo que jamás supo que él o su familia tuvieran que ver con paramilitares, y recordó que los Monje, de origen conservador, vivieron una difícil experiencia cuando la guerrilla se tomó la población de Milán y asesinó a su madre, Fanny Alvarado.

"Quizá alguno de ellos pudo haberse desviado más adelante del camino, pero jamás tuve conocimiento de alguna andanza ilegal de John Edward. Metería mis manos al fuego por él", aseguró el representante.

El panorama para Almario está lleno de nubes negras, pero sólo la Justicia podrá despejarlo.

PETICIÓN A LA FISCALÍA

Un grupo de ciudadanos, encabezado por el abogado Gonzalo Enrique Quiroga Trujillo, pidió al fiscal Mario Iguarán que saque del cuarto de San Alejo la declaración del guerrillero desmovilizado Gerardo Aguirre Ballesteros y envíe copias a la Corte Suprema. Una decisión en este sentido -aseguran los solicitantes- será benéfica  tanto para la familia Turbay Cote, que tendrá un nuevo escenario para esclarecer la verdad, como para el congresista Luis Fernando Almario, que podrá defenderse ante su juez natural.

Por otra parte, pidieron establecer si es verdad o no que en 2002 hubo un acuerdo entre funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión de Acusación de la Cámara para impedir que la declaración de Aguirre fuera conocida en forma oportuna por la Corte.

Almario se declara dispuesto a presentarse ante los tribunales y prepara pruebas que, según él, demuestran que mediante sobornos y chantajes, incluso a funcionarios de organismos de seguridad, sus adversarios liberales en el Caquetá pretenden desacreditarlo y sacarlo de la escena política.