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Instauran demanda por US $1.000 millones a Chiquita en E.U. por víctimas de 'paras' y Farc

La acción será interpuesta en una corte en Washington por un grupo de abogados de ese país, entre ellos los mismos que vienen manejando el caso contra la Drummond.

06 de junio 2007 , 12:00 a.m.

Con su arreglo con el Departamento de Justicia, que la obligó a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber patrocinado grupos ilegales en Colombia entre 1997 y el 2004, no terminaron los problemas judiciales en Estados Unidos para la multinacional bananera Chiquita Brands.

A la empresa y a 10 de sus ejecutivos los señalan por presunta responsabilidad en el asesinato de 174 personas a manos de paramilitares y las Farc en Urabá y Magdalena durante los años en que se realizaron los pagos ilegales.

La acción, que representa a los familiares de las víctimas, busca el pago de una reparación y se sustenta en que la misma empresa admitió ante la justicia norteamericana que financió a estos grupos, considerados terroristas por E.U.

Los abogados aspiran a que la empresa pague cerca de mil millones de dólares a las familias de las víctimas.

"Este caso involucra la muerte e intimidación sistemática de individuos en la región bananera cerca del Golfo de Urabá y la ciudad de Santa Marta (...)

"Los acusados (Chiquita y sus empleados) contrataron, armaron y/o dirigieron a grupos terroristas que utilizaron la extrema violencia y muerte, tortura, detención o el silenciamiento de individuos que se creía interferían con las operaciones del acusado en Colombia", dice la demanda, conocida en exclusiva por EL TIEMPO.

Las víctimas serán representadas por Terry Collingsworth, del International Rights Advocates, el abogado de Derechos Humanos Paul Wolf y Bob Childs, cabeza de una prestigiosa firma en el estado de Alabama.

Wolf estuvo en mayo pasado en el país buscando a familias afectadas por los 'paras', especialmente en Urabá.

Según los demandantes, Chiquita pagó directa o indirectamente 1,7 millones de dólares a las Auc a sabiendas de que se trataba de un grupo ilegal y terrorista que asesinaba a civiles y pese a que sus propios asesores le habían recomendado no hacerlo.

"Los pagos hechos a las AUC -sostienen- fueron autorizados por altos funcionarios de la empresa y registrados en sus libros contables como 'pagos por seguridad'".

"El dinero entregado financió a las AUC desde sus primeros días de operación, lo que hace a Chiquita uno de los padres financieros" de ese grupo, agrega la demanda. Y adjunta una reciente declaración juramentada de Salvatore Mancuso en la que admite haber recibido tales pagos.

La acción también trae a colación un cargamento de 3.000 rifles AK-47 y 2,5 millones de municiones para las AUC que fueron introducidos al país en un barco de Banadex, la filial de Chiquita en Colombia durante la época.

En su argumentación, los abogados alegan que Chiquita proporcionó "apoyo material a un grupo terrorista" y por lo tanto estaban "patrocinando sus actos de violencia".

Del total de casos que serán presentados ante la justicia de E.U., hay 25 de familiares de víctimas de las Farc durante el tiempo que Chiquita le pagó a esa organización guerrillera.

El caso legal está sustentado en el Alien Claims Tort Act, una centenaria ley que permite elevar demandas civiles en Cortes de E.U. por crímenes cometidos en otro país y que se ha convertido en un dolor de cabeza para varias importantes multinacionales.

Así se ha movido el caso de Chiquita en Colombia y E.U.

1. Mayo del 2004. Chiquita anunció públicamente que había realizado pagos a un grupo terrorista en Colombia. Había intentado sin éxito, que las autoridades de E.U. le dieran permiso para seguir pagando la 'vacuna'. En junio de ese salió del país.

2. Marzo del 2007. La multinacional llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de E.U, que la investigaba por pagos realizados a una organización considerada terrorista por el Departamento de Estado. Admitió haber dado plata a los 'paras' y a las Farc por protección.

3. El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, confirmó que la justicia colombiana investigaría el caso de los pagos de Chiquita. Días después viajó a E.U. y les pidió a su par norteamericano, Alberto Gonzales, que entregara toda la información sobre el caso.

4. Mayo del 2007. El Congreso de E.U. anunció una investigación por los casos de Chiquita Brands y Drummond. Hoy, en Washington, habrá una audiencia ante un juez en la que se seguirá revisando el arreglo de Chiquita con el Gobierno de E.U.

Pesca de casos en Colombia

En mayo pasado el abogado Paul Wolf viajó al país en busca de víctimas de los grupos paramilitares en las zonas bananeras.

Durante casi un mes, Wolf recorrió los municipios de Chigorodó, Turbo y Apartadó. Allí consiguió a 142 de sus nuevos clientes.

En su mayoría, dice, se trata de mujeres, madres o viudas de origen afrocolombiano que perdieron un ser querido a manos de las Farc y las AUC.

De acuerdo con los abogados, la idea es regresar a Colombia cada dos meses, para seguir buscando información y, además, nuevas víctimas.

Wolf y su grupo no son los únicos interesados. En medios de circulación nacional empezaron a aparecer avisos de abogados del país del norte que buscan a víctimas de los 'paras' y que ofrecen representarlas en demandas ante los tribunales estadounidenses.

Pero no solo las víctimas son un mercado atractivo en E.U. Varios abogados que manejan temas de extradición y narcotráfico han viajado a Colombia a ofrecer sus servicios a miembros de los carteles y grupos armados, entre ellos los 'paras' desmovilizados.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON