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Reflexión / La ciudad capital

Por: Carlos Burgos Moyano

04 de junio 2007 , 12:00 a.m.
Una nave al garete que en los últimos años perdió su rumbo por los sucesivos cambios de timonel y hoy continúa a merced de los mismos corsarios responsables de su extravío.

Verdaderos corsarios que, patente en mano (el aval de su partido o movimiento político) y asegurada la financiación de la empresa con dineros aportados sin medida por los usufructuarios de la contratación estatal o por terceros ávidos de jugosos dividendos, se lanzan tras la conquista del preciado botín: el abultado presupuesto de la entidad oficial.

Logrado su propósito viene la retribución de aportes a los empresarios de la campaña.

A los contratistas con nuevos contratos, bien a través de licitaciones públicas amañadas o de organismos como la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab), en los que se delega la ejecución del presupuesto, con el fin de eludir los requisitos de la contratación estatal y a espaldas de la comunidad, como lo he denunciado en anteriores escritos.

A los restantes inversionistas se les paga con posiciones en la burocracia o dineros del 'peaje' con que desangran a los propios contratistas. Un secreto a voces que nadie denuncia y muy pocos investigan.

Fue así como en el cuestionado proyecto del Acuaparque, cuya ejecución se confió a la Secab en la administración de Germán Chaparro Carrillo y en el que se han invertido cuantiosos recursos del presupuesto (del orden de 10.000 millones de pesos) comprometiendo vigencias futuras, su diseño y construcción terminó siendo adjudicado 'a dedo' a una Unión Temporal representada por el ingeniero Leonardo Pérez, de la cuerda del alcalde Chaparro Carrillo, como ha venido a conocerse recientemente.

Fue tanto el descaro en su manipulación que la Procuraduría Regional, en la providencia en que llamó a descargos a Chaparro Carrillo y a la plana mayor de su administración, lo calificó como "un acuerdo de voluntades entre todos los implicados, con el deliberado propósito de defraudar intereses patrimoniales del Municipio" (un concierto para delinquir), según ha trascendido a los medios de comunicación.

Se avecina una nueva elección de alcalde, en la que se debe poner especial cuidado a los candidatos que se postulan a sabiendas de su inhabilidad, ya que la legislación vigente no prevee sanción alguna para esos personajes o los movimientos políticos que avalan su candidatura.

Cuando se produce la separación del cargo por esa causal, la sanción la debe imponer la ciudadanía, con su repudio en las urnas.

Bien cabría una indemnización por el daño moral y económico que -en el caso del municipio de Villavicencio- ha ocasionado la interinidad en el despacho de la alcaldía por la rotación de funcionarios improvisados, sagazmente postulados para continuar gobernando con su intermediación.

Añoro un pasado reciente en que las posiciones de gobierno se ofrecían en consideración a las calidades personales, idoneidad y hoja de servicios del postulado y se aceptaban por éste sin condicionamientos, salvo su militancia política, y si le quedaba grande el puesto, era removido con la misma facilidad que había sido nombrado.

burgosmoyano@hotmail.com