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'Odebrecht habría asumido gastos en campañas presidenciales del 2014'

Compulsan copias contra exsenador Plinio Olano. Consejero Iván Mustafá, a declarar por Navelena.

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06 de marzo 2017 , 12:03 a.m.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que esa entidad tiene pruebas y testimonios que "acreditan diversas modalidades desarrolladas por Odebrecht para asumir gastos en beneficio de las campañas del 2014".

La Fiscalía asegura, con base en testimonios de exdirectivos de la firma brasileña en Colombia, que a través de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht (que era en realidad su departamento para pagos clandestinos), la multinacional pagó 1,6 millones de dólares de los servicios del publicista Duda Mendonça para la campaña de Óscar Iván Zuluaga.

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Esos giros se concentraron mediante pagos llevados a cabo desde Brasil, a través del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht.

"Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y el publicista José Eduardo Cavalcanti Mendonça, conocido como 'Duda Mendonça'", dijo la Fiscalía.

Según el ente acusador, la reunión se desarrolló en febrero del 2014 en São Paulo, y fue coordinada por el director de comunicaciones de Odebrecht para América Latina, Luis Batista Filho.

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"Odebrecht asumió un pago a favor del publicista 'Duda' Mendonça por orden de 1,6 millones de dólares correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña 'Mano Firme Corazón Grande' del candidato Zuluaga", dice la Fiscalía.

Ese pago lo hizo Odebrecht según acreditaciones que quedaron a favor de la empresa 'offshore' Topsail Holding.

Además, sostiene que la firma utilizó una filial panameña de la empresa de publicidad Sancho para pagar una encuesta, cuyo valor sería de un millón de dólares, que habría sido realizada para tratar de aproximarse a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos.

“También se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por la suma de USD 1 millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Esta contribución habría sido efectuada según los directivos de Odebrecht con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos, en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de la reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2 que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares por circunstancias que los funcionarios brasileros estimaban no eran imputables a su compañía”, dijo el Fiscal.

Nuevas imputaciones

Además, Martínez anunció que le imputará cargos a los hermanos Enrique Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur.

Según las investigaciones, ambos, dueños de la firma Lurion en Panamá, lavaron el dinero producto del soborno que pagó Odebrecht para que le adjudicaran las obras de la Ruta del Sol II.

El ente acusador les imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por recibir el soborno de los 6,5 millones de dólares. 

El Fiscal también afirmó que el exviceministro de Transporte Gabriel García, capturado por el escándalo de Odebrecht, ofreció ser testigo contra otros enredados en el caso Odebrecht.

El funcionario indicó que García ofreció su colaboración de manera voluntaria. García es investigado por haber exigido el millonario soborno para que se adjudicara el proyecto a Odebrecht.

En este caso, el ente acusador también envió copias compulsadas a la corte para que se investigue al senador Plinio Olano, y llamó a interrogatorio a los consejeros presidenciales en la época de los hechos, Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo.

También serán llamados a interrogatorio por su presunto conocimiento del soborno a Daniel García y Eduardo Zambrano.

Además, serán escuchados Menzel Amín Avendaño, Marco Gianpaoli Scattolini, Alfonso Pereira del Río, Rafael Nieto Loaiza, María Fernando Valencia, y su esposo Otto Rodríguez.

La Fiscalía también aseguró que en este caso han rendido interrogatorio Juan Ricardo Noero, exviceministro de Transporte y presidente de la sociedad Pacific Infraestructure Inc, diligencia que se cumplió el pasado 23 de febrero por el conocimiento que tendría de las inversiones que se hicieron con el soborno exigido a Odebrecht.

Además, ya se escuchó en entrevista al empresario Juan Manuel Barraza.

Indagación preliminar contra Gina Parody y Cecilia Álvarez por otrosí

La Fiscalía afirmó que en relación con el otrosí número 6 que se firmó para construir la vía Ocaña-Gamarra, con el que se adicionó presupuesto al contrato de la Ruta del Sol con Odebrecht, además de la imputación de cargos al exsenador Otto Bula ha habido otros avances.

Bula, según la investigación de la Fiscalía, recibió pagos por 4,6 millones de dólares, según afirmaron funcionarios de Odebrecht.

Esa suma habría ido a siete empresas en China, Hong Kong y Panamá, principalmente Texfab Internacional HK, Yunan Bussiness Corp, CT Asia HK, Coas Helicop Inc, Helicontinente SA Colombia, Punto FA y Kingdom Textile Ltda.

Por ese proyecto fue vinculado formalmente en investigación Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Además, fue vinculado formalmente a la investigación Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI.

La Fiscalía también abrió una indagación preliminar por una denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody "por su eventual interés en la celebración del otrosí número 6". Esas investigaciones serán llevadas a cabo por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, Álvarez rindió una entrevista ante fiscales de conocimiento.

Según el Fiscal, también envió copias compulsadas a la Corte Suprema de Justicia para que se indague al senador Bernardo Miguel Elías.

Investigan contrato del acueducto Tunjuelo-Canoas

La Fiscalía asegura que encontró presuntos actos de corrupción en el contrato para el diseño, construcción y puesta en marcha de un túnel para el sistema de alcantarillado de la troncal Tunjuelo-Canoas, en el río Bogotá, celebrado con la empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá.

La investigación se inició por declaraciones del polémico contratista –vinculado al carrusel de contratos en Bogotá– Emilio Tapia en las que indicó que supuestamente se habían pagado comisiones en ese proyecto.

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"La hipótesis de la Fiscalía se orienta a demostrar que se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, miembros del Consorcio Canoas y el Consorcio Interventor Canoas y personas externas, entre quienes se encontraban Emilio Tapia Aldana, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo", aseguró el Fiscal.

Estas personas, según las investigaciones, "habrían pactado el pago de comisiones o dádivas que terminaría por beneficiar a servidores públicos, tales como los hermanos Moreno Rojas".

En este caso resultaron involucrados lo subcontratistas Andrés Cardona, Orlando Fajardo y Gabriel Nieto.

Adjudicación a Navelena del contrato de recuperacion del río Magdalena

En este caso se citó a declaración al director del Fondo de Adaptación Iván Mustafa para que informara “la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del referido contrato a Navelena y la concepción de un “otro-sí” al mismo”.

El ente acusador también investiga el desembolso del crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena por la suma de $ 120.000 millones de pesos.

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Por estos hechos fue citado a audiencia de imputación de cargos, para el 15 de marzo, Alejandro Jiménez, vicepresidente comercial del Banco Agrario para la época de los hechos, como posible autor del delito de falsedad ideológica en documento público.

Jiménez, según investigación de la Fiscalía, certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la junta directiva, con el fin de “viabilizar el desembolso del crédito a favor de Navelena, a pesar de que el contrato de fiducia que habría de servir de garantía no fue previamente modificado”.

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