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Fiscalía solicitó cárcel para el gobernador del Tolima

Aseguró que Óscar Barreto Quiroga, como mandatario, podría obstruir a la justicia o irse del país.

JUSTICIA
 La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento a Óscar Barreto Quiroga, gobernador del Tolima, argumentando que se hace necesaria para evitar que obstruya el ejercicio de la justicia.
”Oscar Barreto Quiroga, como actual gobernador, es el jefe de administración de seccional y representante legal del departamento; posición activa que incluye poder de tutela, jerarquía, contratación y nominación, de manera que tendría amplitud de tiempo presencia y control, acceso a la documentación pública y privada que falta por recolectar, así como los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios ubicados en las secretarías departamentales cuyas entrevistas faltan por recibir” afirmó el fiscal del caso.
El ente investigador afirma que el mandatario tiene las conexiones necesarias para destruir los elementos de prueba, por su formación en los cargos en los que ha estado: “Tiene las habilidades y las conexiones necesarias para destruir, para modificar, para dirigir, para impedir, ocultar o dificultar la obtención de elementos de prueba por la formación y experiencia que tiene en altos cargo”, agregó el fiscal.
Añadió que es posible que no comparezca al proceso o no cumpla la sentencia. “Existe evidencia de las facilidades que tiene para abandonar definitivamente el país, también obra evidencia documental relativa al salario que permiten inferir que Óscar Barreto Quiroga tendría las facilidades para abandonar el país o para permanecer oculto”, precisó el representante del ente acusador.
Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputa al gobernador cargos como autor de los delitos de prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación agravada y al exgobernador del Tolima, Fernando Osorio Cuenca –también citado a audiencia de imputación de cargos–, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros agravado a título de autor.
La Fiscalía los acusa por las irregularidades en la celebración del convenio interinstitucional de cooperación de asistencia técnica internacional entre la Gobernación del Tolima y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, (Secab), que se hizo para buscar cooperación y asistencia técnica internacional para la adquisición de mobiliario escolar, para dotar a instituciones educativas del Tolima.
Este mobiliario comprendía la adquisición de equipos tecnológicos, impresoras, cámaras y escáner por un valor superior a 1.271 millones de pesos, de los cuales el departamento aportó 1.143 millones y la Secab hizo un aporte de 128 millones de pesos en bienes y servicios.
Las irregularidades también se presentaron en el trámite, celebración y liquidación del convenio adicional de 11 de junio de 2007, que fue de 1.020 millones de pesos, suscrito entre las mismas partes de los que el departamento aportó 900 millones de pesos y la Secab 120 millones de pesos –también representados en bienes y servicios–.
“Señor Fernando Osorio Cuenca, usted en su condición de gobernador del Tolima tramitó este convenio sin la observancia de los requisitos legales necesarios, porque no hubo una fase de planeación y el contratista fue el que generó la necesidad de dicha contratación”, afirmó la Fiscalía.
Estos convenios entrarían a beneficiar a los colegios de Chaparral, Prado, Purificación y Saldaña, entre otros.
“No hubo estudios de mercado. El único oferente, quien fue el contratista, fijo de manera unilateral el precio de la oferta de servicios” indicó la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron entre el 1.° de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2011, cuando Barreto Quiroga se desempeñaba por primera vez como gobernador del Tolima.
Durante la audiencia, la Procuraduría pidió que se le otorgue detención domiciliaria al exgobernador de Tolima y que se dicte una medida de detención intramural al actual mandatario.
Los imputados se declararon inocentes. La audiencia de medida de aseguramiento continuará el martes 7 de marzo a las 9 a. m.
 
JUSTICIA
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