Justicia

Detalles de la ponencia que pide tumbar el Tribunal de Aforados

De ser aprobada ponencia, sería estocada final para reforma del equilibrio de poderes.

Detalles de la ponencia que pide tumbar el Tribunal de Aforados
28 de junio de 2016, 01:44 am

Tres semanas después de haber revivido al polémico Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional está a punto de enterrar definitivamente otro eje fundamental de la reforma judicial más importante de los últimos 20 años: el fin de la cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara.

El Tribunal de Aforados fue creado por la reforma del equilibrio de poderes –aprobada el año pasado en el Congreso–, con el fin de hacer efectivo el juzgamiento de altos funcionarios que hoy no tienen control por la inoperancia de la Comisión de Acusación. Desde su aprobación, ese tribunal ha tenido el rechazo de magistrados y del mismo exfiscal general Eduardo Montealegre, quien demandó su creación.

Considerando que en la aprobación del Tribunal de Aforados se cometieron vicios de forma, el magistrado Alejandro Linares, a quien le correspondió revisar la demanda de Montealegre, redactó una ponencia en la que plantea que se debería declarar inexequible ese organismo.

Fuentes afirman que la mayoría de los otros 8 magistrados de la Corte –que este martes podrían debatir por primera vez el tema– estarían de acuerdo con tumbar el Tribunal de Aforados. Más que por errores de forma subsanables –como dice Linares, pues en su ponencia le da al Congreso tres años para corregir la creación del Tribunal–, la mayoría de la sala plena consideraría que ese organismo tiene líos de fondo y sustituye principios esenciales de la Carta del 91.

Aunque en otros procesos ha votado a favor de puntos claves del equilibrio de poderes, esta vez el magistrado Linares dice que en la aprobación del Tribunal de Aforados se violó la Ley 5 de 1992, o ley orgánica del reglamento del Congreso.

Esa norma establece que “en la segunda vuelta solo será posible el debate de iniciativas presentadas en la primera”. También plantea que en segunda vuelta solo podrán ser “consideradas y debatidas modificaciones o cambios a la institución política reformada, siempre y cuando ello no altere la esencia de lo aprobado”.

La ponencia de Linares –según fuentes– dice que mientras en el primer debate se mantenía la competencia del Congreso (Comisión de Acusación) para acusar a funcionarios con fuero, y el Tribunal de Aforados se limitaba a la investigación, en la segunda vuelta ese esquema fue modificado.

En segunda vuelta se estableció que era el Tribunal de Aforados el que debía acusar e investigar, y a la Corte Suprema de Justicia se le dieron las funciones de juzgar, por lo que se eliminó el antejuicio político en casos de delitos.

La ponencia de Linares plantea que “aunque las modificaciones introducidas en la segunda vuelta, a partir del quinto debate, si bien no constituyen en estricto sentido temas nuevos, en tanto se encuentran relacionadas con los asuntos que fueron debatidos durante los primeros cuatro debates, sí dieron lugar a una alteración esencial en el sistema de investigación, juzgamiento y acusación de los aforados que había sido aprobado en primera vuelta”.

Esto porque, en resumen, mientras en la primera vuelta se consideró la importancia de que un órgano político participara en la investigación, acusación y juzgamiento de magistrados de las altas cortes y del Fiscal General, en la segunda vuelta se eliminó de tajo su participación.

Aforados, sin control

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirma que durante el trámite parlamentario del equilibrio de poderes se debatió mucho “si había o no consecutividad en muchos puntos”. Dijo que si se llegaran a encontrar esos vicios de forma, sería “una falla del Gobierno y del Congreso”. Dice además que lo preocupante es que si se cae el Tribunal, las “altas cortes seguirán sin control”.

César Rodríguez, director de Dejusticia, opina que si se cae el Tribunal de Aforados, el equilibrio de poderes “quedaría sin piezas fundamentales que buscaban poner algún tipo de control a los aforados”.

Dos puntos de la reforma están a salvo

Un punto clave de la reforma del equilibrio de poderes que sigue vivo es la prohibición de la reelección presidencial, con la que se buscó frenar la perpetuidad en el poder.

El pasado 11 de mayo, la Corte Constitucional se declaró inhibida para estudiar una demanda contra la norma que prohibió la reelección.

Según la decisión de la Sala Plena de esa fecha, la demanda formulada no cumplía con los requisitos legales para ser estudiada, por lo que la declaró improcedente.

Para César Rodríguez, director de Dejusticia, ese cambio que aún se mantiene “reequilibra el poder de la Presidencia”, aunque por sí solo no permite mantener el espíritu de la reforma.

Y el primero de junio pasado, cuando la Corte Constitucional tumbó el Consejo de Gobierno Judicial, que debía reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mantuvo al Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Este organismo fue creado por la reforma del equilibrio de poderes con el fin de reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El Consejo de Disciplina, según la reforma, estará conformado por siete magistrados, quienes serán elegidos para un periodo de ocho años.

Esos magistrados tendrán que cumplir con los mismos requisitos que se les exige a quienes hacen parte de la Corte Suprema de Justicia.

Los argumentos de la demanda

Para el exfiscal Eduardo Montealegre, la creación de un tribunal de aforados sustituye “los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el equilibrio entre los poderes públicos, el sistema de frenos y contrapesos, el derecho al debido proceso y los principios que deben orientar la función pública”. Ese argumento, sin embargo, es rechazado por la ponencia de Linares.

Montealegre también dijo que la creación de este tribunal viola los principios de consecutividad e identidad flexible, además del de unidad de materia, al “no tener relación con el espíritu de la reforma”.

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