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En Bello denuncian atropellos de Gobierno y Esmad contra la comunidad

Los enfrentamientos se dieron por la demolición de 6 casas y el ingreso del escuadrón a un barrio.

En el barrio La Gabriela, del municipio de Bello, se presentó una disputa entre la comunidad e integrantes de la fuerza pública sobre las 3:00 a. m. del miércoles.
Por orden de la Secretaría de Gobierno de este municipio, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y personas con retroexcavadoras ingresaron al barrio con el objeto de derribar seis viviendas que se encontraban en una zona con alto riesgo de colapso. Las casas estaban situadas al borde de la carretera de Machado, que atraviesa el municipio, ubicado al norte del Valle de Aburrá.
Yonatan Forero, residente del sector, informó que mientras se producían los enfrentamientos, los miembros del escuadrón de la fuerza pública lanzaron gases lacrimógenos, lo que trajo perjuicios sobre su familia.
“Mi esposa se desmayó y mi hija, que aún no tiene un año, también padeció los efectos de los gases, con los que casi se ahoga. Usaron bombas de aturdimiento y pistolas de goma, y los más perjudicados son los niños y las mujeres en embarazo”, dijo Forero.
Como él, muchas personas en el barrio consideraron un atropello lo que aconteció en el lugar. “Unos 300 hombres llegaron para realizar este operativo. Hay un niño de dos años que está en el hospital de Zamora. La comunidad no aguantó y se formó una guerra en la que los vecinos atacaban con piedras, pero ellos lanzaban esos gases que son muy fuertes”, agregó Forero.
Al final, las 6 viviendas fueron derribadas haciendo uso de las máquinas. Dos de las casas estaban todavía ocupadas, las otras cuatro fueron desalojadas con antelación.
La versión del Gobierno
El secretario de Gobierno de Bello, Jairo Araque, se pronunció a este respecto. Según el funcionario, las personas que estaban en estas dos viviendas salieron sin oponer resistencia. “El problema se generó porque residentes del barrio no querían que se llevara a cabo la operación, que ya había sido autorizada previamente”, informó Araque.
El secretario agregó que la demolición se debe a que estaban construidas en una zona ilegal, en lotes que, además, no eran propiedad de quienes vivían allí. Éstas tenían órdenes de desalojo desde marzo del 2015, es decir, hace un año.
Los residentes de estas viviendas no aceptaron el proceso y, por ello, algunos vecinos lanzaron piedras, bombas molotov y llantas a los miembros de la Secretaría de Gobierno, de la Policía y del Esmad.
Jairo Araque dijo que en una ocasión se realizó un análisis por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo del municipio y se determinó que el terreno no cumplía con las condiciones necesarias porque las viviendas podían colapsar, por lo cual se tomó la decisión de demoler las casas para evitar un posible siniestro.
“Hay un policía herido en su rostro. Se generó el rumor de que un niño de seis meses había muerto, pero se hizo una verificación en todos los centros hospitalarios de la ciudad y en ninguno de éstos hay un niño con estas características y bajo esas condiciones. También se dijo que había un hombre en llamas en la zona, lo que tampoco fue cierto”, aseveró Araque.
El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que no construya ni compre lotes en zonas de alto riesgo, sino que debe cerciorarse de que todo sea legal porque se podrían perder los recursos invertidos.
Además, remarcó que la reacción de la comunidad se entiende en la medida en que busca defender al vecino afectado por la situación, pero el problema se desencadena por una seguidilla de errores al momento de comprar un lote y construir por fuera del marco legal.
Según Araque, estas casas estaban construidas al frente de la carretera en una zona que la comunidad había rellenado con tierra, lo cual crea un peligro de grandes proporciones, pues podrían fallar sus cimientos y provocar un alud de tierra.
Según las autoridades las casas demolidas estaban construidas junto a la carretera de Machado, una zona de alto riesgo, por lo que podían colapsar y generar un almud de tierra.
El secretario hizo énfasis en que es responsabilidad del Estado proteger a la ciudadanía para que no se generen desastres como los que ya se han presentado en esta zona en años anteriores, pues como funcionarios pueden ser sancionados por omisión de los deberes públicos.
Las personas que residían en las casas derrumbadas pueden acercarse a la Secretaría de Vivienda de Bello, llenar la documentación solicitada y recibir los tres primeros meses del valor por el alquiler de otra vivienda.
Otra opción es postularse con el fin de acceder a los subsidios otorgados por el Estado para una posible reubicación. “Reintegrar el dinero invertido por la construcción de las casas no es posible, pero acceder a los programas de vivienda del municipio al postularse, sí lo es”, concluyó el funcionario. 
Luis Carlos Padilla Berrío
EL TIEMPO
MEDELLÍN
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