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Salidas que no resuelven el problema

30 de marzo 2016 , 06:58 a.m.

Para Ramírez Alarcón, que tiene a su cargo mantener el control en los penales, el problema se resuelve de dos formas: fortaleciendo la política criminal y construyendo más cárceles.

Sin embargo, el primer punto ha sido abordado. En enero de 2014 se expidió la Ley 1709 que contempla varios mecanismos para descongestionar las cárceles. Con esta ley se propuso un término hasta junio de este año para disminuir el hacinamiento resolviéndoles la situación a los miles de sindicados, pero los datos no mienten y el hacinamiento sigue creciendo año a año.

La ley dice también que es responsabilidad de los entes territoriales, alcaldes y gobernadores invertir en las cárceles, “pero no lo hacen como deberían. Entonces mire el costo de un recluso: $ 1’200.000. ¿Hasta cuándo vamos a tener a tanto sindicado en las cárceles. Esta situación ha generado unas 18.000 demandas contra el Estado por privación de la libertad”, dice el general Jorge Luis Ramírez.

El desangre para el fisco crece y más si a lo anterior se suma que entre 2010 y 2014 el Inpec fue condenado 730 veces por un valor de 77.000 millones de pesos. Esa misma cantidad de dinero fue la que invirtió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) en el año 2015 para fortalecer los programas deportivos en Bogotá.

La otra solución de la que habla el director del Inpec es construir más cárceles. Está en marcha un nuevo plan para hacer tres en Pereira (Risaralda), Riohacha (La Guajira) y Fundación (Magdalena), con capacidad de 8.500 nuevos cupos.

Pero el círculo vicioso continúa, a más cupos creados la historia muestra más reclusos, entre ellos más sindicados con la situación jurídica por definir. Por ende, un sistema de vida indigno hace proliferar la violencia y confirmar la tesis de que las cárceles colombianas son la ‘universidad del mal’.

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