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De desacatos / Opinión

Quizás el país pueda evaluar su posición sobre el fallo de la Haya una vez alcance la paz.

25 de marzo 2016 , 08:08 p.m.

Varios medios de comunicación y un buen número de observadores han buscado contextualizar la reciente determinación de desacato del Gobierno colombiano a la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comparándola con lo que serían actos similares de otros países ante fallos de la CIJ. Uno de los ejemplos mencionados es el de Argentina y su disputa con Chile en torno al canal del Beagle.

Sin embargo, se incurre en notables errores fácticos y políticos cuando se usa este caso para hacer esa comparación, y se confunde a la opinión pública, que debería poder sacar alguna lección diplomática, jurídica y geopolítica del reciente anuncio del Gobierno colombiano.

Tres aspectos fundamentales impiden asemejar la decisión argentina de entonces con la colombiana actual. Primero, el histórico contencioso argentino-chileno remitía a la soberanía de islas e islotes en el extremo sur (por debajo de Tierra del Fuego) del continente. En 1971, Chile y Argentina acordaron que el Reino Unido –que a su turno tenía un litigio con Argentina respecto a Malvinas– fuera el árbitro y nunca se recurrió a la CIJ. En 1977 hubo un fallo arbitral británico que, en líneas generales, fue muy favorable a Chile por lo que Santiago lo aceptó y Buenos Aires lo rechazó. La CIJ nada tuvo que ver con este caso.

Segundo, hay que recordar que en Argentina gobernaba una Junta Militar que desde 1976 imponía el peor terrorismo de Estado en la historia del país. Los militares declararon el fallo arbitral “insanablemente nulo”. No parece aconsejable que, en la presente deliberación pública, algunas voces validen el rechazo a un fallo por parte de una dictadura (la Argentina de ayer) con el de una democracia (la Colombia de hoy). Ahora bien, la tensión posterior al fallo fue tan grave que en 1978 crecieron los preparativos para una eventual confrontación, ante lo cual se concibieron algunas opciones como, entre otras, la negociación directa o la solicitud de un mediador. La guerra parecía inminente en 1978.

En ese marco se abrió espacio a la idea de la mediación: se contemplaron para ello a la OEA, al rey Juan Carlos I de España o al Vaticano. La Santa Sede, bajo Juan Pablo II, se convirtió en la mediadora a partir de 1979. Entonces surgió una nueva fórmula papal (diciembre de 1980) que le otorgaba (otra vez) las islas en disputa a Chile, mientras establecía un nuevo perímetro que sería una zona económica compartida por ambos países. Chile la aprobó de inmediato. Argentina, todavía bajo el gobierno de facto, solicitó precisiones.

Tercero, Argentina, a diferencia de la actitud de Colombia frente al fallo de la CIJ de 2012 (y al de 2016), revisó su postura. Mostrando una fuerte convicción política, y a pesar de que no controlaba el Congreso y soportó intentonas golpistas (Raúl Alfonsín, electo en 1983), sometió la propuesta papal a una consulta popular. Con más de 10 millones de votos, el 82 % de los argentinos se decidieron a favor de acoger la fórmula vaticana. En ese momento histórico, la voluntad política, el coraje personal y la capacidad de aglutinar fuerzas más allá de las banderas partidistas se conjugaron para sentar las bases de la convivencia con el vecino.

En 1984, Chile y Argentina firmaron el Tratado de Paz y Amistad. De ahí en adelante, y en especial durante el gobierno de Carlos Menem, se fueron resolviendo de forma directa veintiún contenciosos limítrofes pendientes en la zona cordillerana. Hoy, los vínculos financieros, comerciales, políticos y turísticos son muy sólidos y por primera vez en el caso de dos países periféricos se ha creado un contingente militar; el Batallón Cruz del Sur, que con un comando rotatorio e igual número de soldados de cada parte servirá en misiones de paz que cuenten con resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dos países que estuvieron a punto de ir a la guerra ahora se proponen aportar, conjuntamente, a la paz.

Las precisiones y detalles del ‘desacato’ argentino ofrecen la posibilidad de mirar las experiencias históricas desde otra perspectiva. Conflictos irresueltos solo invitan a su perpetuación y a la pugnacidad.

Es fundamental comprender que sí es posible reorientar las situaciones que involucran la soberanía nacional, aunque en lo inmediato no se imaginen soluciones alternativas. Quizás una vez alcanzada la paz interna Colombia repiense, con un consenso ampliado, el sentido y el alcance de su desacato.

JUAN GABRIEL TOKATLIAN
Internacionalista