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Sin miedo a La Haya

La Corte Internacional se pronunciará resolviendo las objeciones planteadas por Colombia.

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16 de marzo 2016 , 06:29 p.m.

Aunque las decisiones de la Corte Internacional de Justicia nos generen desconfianza, sólo quien no tiene la razón debe temer a los Tribunales. En los procesos iniciados ante ese foro por Nicaragua, el Gobierno debe estar preparado para defenderse y ganar, especialmente en la inescrupulosa reclamación del país centroamericano para que le sea adjudicada una plataforma continental extendida más allá del límite aceptado de 200 millas náuticas. (Lea también: Los escenarios de Colombia en la Corte Internacional de La Haya)

La prevención frente al ejercicio judicial de la Corte tiene fundamento en el sabor amargo que dejó la decisión que resolvió el diferendo de límites marítimos entre los dos Estados: Una mala Sentencia. Más allá de habernos reconocido soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés con sus Islas, Islotes y cayos, o de habernos quitado una porción del mar que sostenemos nos pertenece, esta decisión a todas luces no nos dejó contentos.

Con esta decisión, emitida por la Corte el pasado el 19 de noviembre de 2012, esta se distanció del mandato que constituye su razón de ser, utilizando su capacidad interpretativa y argumentativa para generar problemas entre ambas naciones en lugar de resolverlos. Es por esto que Colombia, en señal de protesta, se retiró del Pacto de Bogotá buscando huir de la competencia del Tribunal internacional, y declaró a través del Gobierno que el fallo era inaplicable. Nicaragua por su parte, presentó en 2013 dos nuevas demandas derivadas de la mencionada sentencia del 2012, en una de ellas alegando su incumplimiento.

Ahora bien, que esta decisión sea mala, no quiere decir que no se deba acatar. Precisamente, sobre las dos nuevas demandas presentadas por Nicaragua, la Corte Internacional se pronunciará en pocas horas, resolviendo las objeciones preliminares planteadas por Colombia, en las cuales se cuestiona tanto la falta de competencia del Tribunal para conocer los casos, como la inadmisibilidad de los mismos.

La más inquietante de las demandas, por lo que está en juego, fue presentada el 16 de septiembre de 2013 y en ella Nicaragua le pide a la Corte que establezca la frontera marítima con Colombia, en el área que comprende la plataforma continental perteneciente a cada uno de los Estados, y, que alega, se encuentra más allá de los límites establecidos en la decisión del 2012, es decir más allá de las 200 millas náuticas reconocidas por el Tribunal Internacional. Nicaragua quiere una plataforma continental de hasta 350 millas, cuya importancia radica en los recursos naturales (gas, petróleo, etc) que pueden encontrarse en el lecho y subsuelo marinos.

Esta petición ya había sido presentada en el proceso que concluyó con la decisión del 19 de noviembre de 2012. En esa oportunidad la Corte Internacional consideró que la reclamación era admisible. Sin embargo, al revisar el fondo de la cuestión, estimó que el demandante había fallado en probar la existencia de una plataforma continental extendida.

La vaguedad de los términos utilizados por la Corte para dar respuesta a la solicitud del país centroamericano, le dio a entender a Nicaragua que le estaba diciendo que en ese momento no tenía los elementos probatorios para pronunciarse, pero que en presencia de ellos sí podría hacerlo, de ahí que la misma decisión de 2012 sea el fundamento principal que justifica la interposición de la nueva demanda.

Cuestionando la competencia del Tribunal de La Haya, el equipo de defensa colombiano ha realizado una interpretación opuesta a la planteada por su contraparte, alegando que la Corte ya se pronunció -en la decisión del 2012- de fondo y definitivamente sobre el asunto, lo cual generaría el surgimiento de una cosa juzgada que impediría que el Tribunal se pueda pronunciar por segunda vez sobre aquello que ya resolvió. Carecería de competencia.

Pero más allá de la contradictoria interpretación a la que llegan las dos partes, incluso si, en aras de discusión, la lectura nicaragüense es la correcta y lo que faltó en la anterior oportunidad fue un acervo probatorio que evidenciara la existencia de un derecho, en esta oportunidad el caso tendría que ser inadmitido, toda vez que las circunstancias se mantienen.

Buscando demostrar su derecho a una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, el país centroamericano acudió el 24 de junio de 2013 a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, órgano creado por la Convención sobre Derecho del Mar (de la cual hace parte Nicaragua, pero no Colombia), y dicha entidad a la fecha no se ha pronunciado, lo que implica que no existe ninguna novedad técnico-probatoria en el caso.

Igualmente, la Corte también tendría problemas para encontrar la fuente de derecho internacional que sustente la excepcional prerrogativa de Nicaragua a tener una plataforma continental extendida, pues si bien en su decisión del 2012 estableció que el párrafo 1 del artículo 76 de la Convención sobre Derechos del Mar aplicaba a Colombia, quien no la ha ratificado, no como un tratado sino por vía de la costumbre internacional, fue clara en decir que ese reconocimiento no se hacía extensivo a otras disposiciones del mismo artículo o de otros, como aquellos en los que se regula la posibilidad de solicitar una plataforma continental extendida. Así, el alegado derecho a un lecho y subsuelo marinos más allá de 200 millas no encuentra un sustento de derecho aplicable a nuestro país.

En conclusión, si la Corte es coherente con su función, no va a generar un conflicto aún más profundo entre las partes declarando un derecho de dudosa existencia y fundamento jurídico, con una sentencia que generaría el inmediato rechazo, no sólo de Colombia, sino de Panamá, Costa Rica y Jamaica, quienes han coincidido en denunciar ante la comunidad internacional los afanes expansionistas de Nicaragua y la permisividad de la Corte en ello.

El próximo jueves, los colombianos sabremos si tenemos Corte de La Haya para rato o si todo habrá terminado, pero lo único que no debemos temer es a defendernos ante los jueces, pues no es propio de aquellos que creen tener la razón.

Carlos Enrique Arévalo
Profesor de la Maestría en Derecho Internacional
Universidad de La Sabana