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Condena al Estado por muerte de civiles en enfrentamiento del Ejército

El Consejo de Estado encontró contradicciones entre el relato de los uniformados y las pruebas.

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15 de marzo 2016 , 09:49 a.m.

El ministerio de Defensa deberá pagar más de 2 mil millones de pesos a las familias de cuatro hombres que murieron en confusos hechos en los que se vieron involucrados uniformados del batallón Ayacucho del Ejército Nacional, en la vereda San José, en la vía que de Manzanares conduce a Marquetalia, Caldas, el 16 de agosto de 2008.

Según el informe entregado por el Ejército, ese día un grupo de militares se encontraba en la zona, debido a denuncias de los habitantes sobre hechos delictivos cometidos por bandas delincuenciales. A las 10 de la noche observaron a cuatro hombres caminando por la carretera y les ordenaron detenerse, pero los sujetos reaccionaron disparando a la tropa, por lo que se produjo un cruce de disparos que terminó con la muerte de los civiles.

La Sección Tercera estudió el caso y encontró serias contradicciones entre el relato de los uniformados y las pruebas aportadas al expediente. Por ejemplo, los disparos fueron hechos a corta distancia, no como lo declararon los militares, y las armas halladas al lado de los cuerpos no se encontraban en buen estado, por lo que se puede concluir que ese día no se produjo un enfrentamiento entre criminales y el Ejército Nacional. Además, los vecinos del sector aseguraron que en esa zona no se habían presentado extorsiones ni robos como se afirmó.

La decisión señala que “las falsas e ilegales acciones ejecutadas por miembros de las fuerzas militares como acción sistemática constituyen actos de lesa humanidad que comprometen al Estado y que violan tanto el sistema de derechos humanos, como el derecho internacional humanitario y el orden constitucional interno”.

“En otras palabras, no se puede justificar el cumplimiento del deber de protección de los derechos y libertades, así como de la soberanía territorial del Estado, vulnerando tanto los derechos humanos de personas de la población civil, como las obligaciones del derecho internacional humanitario”, indica la sentencia.

El fallo ordena compulsar copias a la Fiscalía General, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar para que se investigue la muerte de los cuatro civiles. También le ordena al Ministerio de Defensa que, previa investigación interna, se anulen los ascensos que se hubiesen efectuado a los miembros de las fuerzas militares pertenecientes al Batallón Ayacucho que participaron en los hechos condenados, teniendo en cuenta que se probó una grave violación a los derechos humanos.

JUSTICIA