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Juez en EE. UU. reconoce derechos de víctimas del narcotráfico

La decisión está relacionada con el caso del paramilitar Hernán Giraldo Serna.

Por primera vez en la historia, un juez en Estados Unidos reconoce los derechos de víctimas del narcotráfico en Colombia en procesos judiciales que se adelantan en este país.
La decisión la tomó en Washington el juez federal Reggie Walton y está relacionada con el caso del paramilitar Hernán Giraldo Serna, que se encuentra detenido en EE. UU. desde su extradición en el 2008.
La postura de Walton podría tener enormes repercusiones ya que se convierte en precedente para futuros casos de personas acusadas de tráfico de drogas en Estados Unidos, pero que hayan cometido otros crímenes en Colombia asociados con ese delito.
Esta histórica decisión es un reconocimiento judicial de una realidad que han vivido los colombianos por décadas. Los crímenes cometidos por Hernán Giraldo Serna, como otros grandes narcotraficantes, no solo se deben medir por los kilos que llegaron a Estados Unidos, sino por la extrema violencia que causaron. Esto no solo genera un precedente, sino que abre una vía legal para que en EE. UU. también se considere el costo humano del narcotráfico¨, dijo a EL TIEMPO Roxxana Altholz, abogada de la Universidad de Berkeley, en California, y que venía representando a los familiares de una de las víctimas de Serna.
Hace cinco años, Altholz elevó una petición ante el juez Walton para que se reconociera como parte de ese proceso a la familia de Julio Henríquez, un activista y exdesmovilizado del M-19 que fue supuestamente asesinado por órdenes de Giraldo en julio de 2001.
La abogada fundamentó su petición en el Acto para los Derechos de las Víctimas de Crímenes, una ley que aprobó el Congreso de EE. UU. y cuyo fin es reconocer derechos a las víctimas de un crimen así no estén relacionadas de manera directa con el ilícito.
Henríquez había fundado la ONG Madre Tierra y promovía entre campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta un programa de sustitución de cultivos.
Por este asesinato el paramilitar ya había sido sentenciado en Colombia a 39 años de cárcel luego de que sus propios lugartenientes reconocieran que Giraldo había ordenado “desaparecer” a Henríquez por entrometerse en los negocios de su jefe.
Inicialmente Walton había desechado la petición, dándoles la razón tanto a la defensa legal de Giraldo como al mismo gobierno de EE. UU., que se opuso a que se aceptara a las víctimas dentro del proceso.
La defensa de Giraldo, encabezada por el abogado Robert Feitell, se basaba en que no existía evidencia que relacionara la muerte de Henríquez con los delitos de narcotráfico que le valieron su extradición y frente a los que se declaró culpable.
Así mismo –y eso lo alegó en la audiencia de este lunes–, el abogado sostenía que la sentencia colombiana contra Giraldo no se debía aceptar como prueba dentro del proceso en EE. UU., pues los testigos y sus testimonios no eran confiables.
Pero a finales del año pasado, una Corte de Apelaciones en Washington concluyó que Walton había cometido un error en su interpretación del Acto para los Derechos para la Víctimas de Crímenes y le pidió tenerlos en cuenta a la hora de dictarle sentencia a Giraldo.
El juez optó no solo por acatar la orden, sino que reversó su planteamiento inicial: “Nada de lo que ustedes me han presentado me demuestra que Henríquez no fue asesinado por oponerse a la siembra de cultivos. Y me parece que las víctimas en este caso han establecido su derecho a ser tenidas en cuenta”, dijo el juez al tomar la decisión.
La sentencia de Giraldo quedó inicialmente programada para el 19 de mayo próximo y se espera que asistan los familiares de Hernández, quienes podrán testificar. Tras escucharlos, el juez tendrá que decidir si debe elevar la condena prevista para Giraldo ahora que debe considerar su rol en el asesinato de una persona.
Así mismo, también es posible que ordene el pago de una indemnización a las víctimas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En twitter @sergom68
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