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Pataleos de un régimen agonizante

El oficialismo en Venezuela se empeña en censurar una transición pacífica y democrática.

Claudia Dangond
Mientras la oposición sigue intentando identificar fórmulas constitucionales que permitan ofrecer una salida institucional que respete el marco jurídico existente en Venezuela, el oficialismo se empeña en cerrar las posibilidades de una transición pacífica y democrática.
Tras la derrota del oficialismo en diciembre pasado, el chavismo, en una maniobra rápida, pero abusiva, irregular y haciendo caso omiso de las previsiones constitucionales y legales, nombró 13 magistrados principales y 21 suplentes en el Tribunal Supremo de Justicia. Desde entonces fue claro que los vínculos políticos de dichos funcionarios no permitirían una actuación imparcial y objetiva sino más bien que estarían al servicio del régimen.
Las sospechas no eran infundadas. Hace unos días, en una decisión sesgada y arbitraria, el Tribunal, en Sala Constitucional, decidió dejar sin efecto las previsiones legales otrora utilizadas por la Asamblea Nacional cuando ella era mayoritariamente chavista.
Con su decisión, el órgano jurisdiccional recortó nuevamente atribuciones que expresamente le reconocen la Constitución y la ley a la Asamblea Nacional. Funciones que, en su momento, fueron justificadas bajo el principio del equilibrio de poderes, del control que debe existir entre las ramas y de la colaboración armónica de la que hablaba Montesquieu.
Ahora que las mismas disposiciones fueron invocadas por la oposición para discutir el Decreto de Emergencia Económica expedido por el Ejecutivo, los ministros citados no atendieron el llamado del Legislativo y una vez el presidente de la Asamblea Nacional anunció que procedería a aplicar las sanciones previstas en la ley chavista “sobre el régimen para la comparecencia de funcionarios y funcionarias o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus comisiones”, se produjo el “acucioso” pronunciamiento de un Tribunal de bolsillo que, a partir de la amañada interpretación constitucional, buscó deslegitimar a la Asamblea haciéndola aparecer como se arrogase poderes que no le corresponden.
Por su parte, la oposición sigue su inteligente camino de revisar las alternativas con las que cuenta para terminar, de la manera menos traumática, pero contundente, con el sistema totalitario que tiene sumida a Venezuela en lo que podría ser la peor crisis de su historia. Mecanismos como el referendo revocatorio, la enmienda constitucional para reducir el periodo presidencial de Maduro y convocar elecciones este mismo año o la convocatoria de una asamblea constituyente son posibilidades que contempla la propia Constitución y que apelan a la voluntad popular de manera institucional (y no manipulada como ha hecho el chavismo siempre) para lograr el objetivo.
En este tránsito difícil y lleno de obstáculos, aunque sigue brillando por su ausencia la comunidad internacional, parecería que con las voces de algunas personalidades de la región, al menos el organismo regional más antiguo del continente está despertando y que puede, por lo menos, incomodar al régimen. Se trata de la OEA que, a través de su secretario General Almagro, invitó a la oposición a recurrir a los instrumentos con que cuenta, tales como la Carta Democrática que, de ser invocada podría dar pie para reafirmar un hecho evidente: en Venezuela, hace tiempo, está roto el proceso político institucional democrático.
Lo que se puede anticipar ahora es una nueva arremetida del Tribunal Supremo de Justicia que seguramente buscará dejar sin piso cualquier alternativa que necesariamente deberá ser revisada por ese organismo. Con ello, solo habrá más pruebas y motivos para ir al rescate de Venezuela y apoyar a la oposición. El régimen caerá.
Claudia Dangond
Claudia Dangond
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