Archivo

Asesorías y fiestas, en millonarios contratos congelados en Cafesalud

Se firmaron en la administración del despedido Guillermo Grosso y suman más de $ 251.000 millones.

notitle
09 de marzo 2016 , 10:40 p.m.

Este martes, al mediodía, la junta directiva de Cafesalud, la EPS más grande del país -con 5 millones de afiliados-, fue citada al despacho del ministro Alejandro Gaviria. (Ver infografía: Preguntan por paquete de contratos)

Tenían planeado tomar nuevas medidas en torno al escandaloso paquete de contratos que terminaron costándole el cargo a Guillermo Grosso, presidente de la EPS, despedido el pasado primero de marzo. Se decidió hacer la reunión en la cartera de Salud porque están seguros de que alguien graba y filtra los hallazgos y medidas que la junta está adoptando luego de ordenar la revisión de todos los contratos por 1,9 billones de pesos que se suscribieron o renovaron en cuatro meses.

Hacia las 3 de la tarde de ese martes, cuando se estaba definiendo esa auditoría, una funcionaria del Ministerio informó que Luis Alfredo Caicedo, directivo de Baker Tilly Colombia, firma encargada de la revisoría fiscal de la EPS, había sido asesinado por asfixia mecánica, tras recibir varios golpes en la cabeza. (Lea también: Las pistas que rodean la muerte del revisor fiscal de Cafesalud)

El episodio dejó perplejos a tres de los nuevos miembros de la junta de la EPS. Sin embargo, otros manifestaron que si bien era preocupante y se debía indagar sobre los móviles del crimen, la revisoría fiscal nunca había lanzado una alerta sobre lo que estaba sucediendo en materia de contratación.

“El informe que Caicedo iba a entregar a la junta ese día no tenía ninguna incidencia sobre las medidas que se han tomado y que incluyen la remoción de personal directivo. Baker Tilly se limitaba a certificar que los balances y contabilidad se ajustaban a las normas contables, pero nunca hubo una alerta de fondo. Por eso, se le estaba pidiendo cuentas”, dijo un alto funcionario de la EPS.

Escobar Gil y otros

De hecho, se va a acudir a una auditoría forense externa para que se revise una primera tanda de al menos 86 contratos, por 251.076 millones de pesos, que no tienen nada que ver con temas de asistencia médica. De estos, 47 fueron entregados sin pluralidad de ofertas, es decir, a dedo.

Reporteros de este diario tuvieron acceso a los contratos y establecieron que, más allá de las fiestas y carros blindados que se han denunciado, el presunto desangre está en las asesorías que se venían pagando.

Entre noviembre del 2015 y febrero del 2016 se contrataron, bajo la modalidad de prestación de servicios, a decenas de abogados y de bufetes externos por montos que superan los mil millones de pesos.

Los montos de los contratos con esas oficinas y abogados particulares oscilan entre los 15 millones y los 300 millones de pesos. Ese último monto se le está desembolsando, por ejemplo, al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil. Si bien su contrato fue suscrito en el 2012, en los archivos de Cafesalud figura por tiempo indeterminado.

Al respecto, EL TIEMPO estableció que, a nombre de la EPS, Escobar Gil tiene demandados al Ministerio de Salud y al municipio de Medellín por un monto cercano a los 32.000 millones de pesos. La razón: están alegando pérdidas millonarias en la atención a pacientes de alto costo del régimen subsidiado.

En las asesorías jurídicas también figura Vargas Abogados & CIA con varios contratos, por cerca de 2.200 millones de pesos, la mayoría suscritos antes de que Grosso llegara a la EPS: en noviembre del 2015. El representante legal de esa reputada firma, que tiene contratos vigentes, es Enrique Vargas Lleras.

Entre las funciones de los abogados externos contratados están las de apoyar las labores de la secretaría general, de la gerente de mercadeo, de la coordinación de salud ocupacional, de la coordinación de procesos ejecutivos y laborales, de la unidad de asuntos corporativos judiciales y hasta de la directora jurídica.

Las asesorías en comunicaciones son otro rubro que se está chequeando. No solo se encontró una dirección, con una asignación de 23 millones de pesos al mes sino, además, periodistas y reconocidas empresas de asesoría con contratos por cerca de 500 millones de pesos.

“Si vemos que algunas de las consultorías jurídicas o en comunicaciones son necesarias, las reactivaremos; pero, por ahora, están congeladas”, aseguró una fuente de la EPS.

Y agregó que, evidentemente, este escándalo enturbia la venta de Cafesalud, cuyo 85 por ciento pertenece a Saludcoop, hoy en liquidación estatal.

“La idea es robustecer a Cafesalud y vender la participación que está en manos del Gobierno para pagar acreencias”, explicó la fuente. Y agregó que, de hecho, ya se está adelantando la contratación de una banca de inversiones para que la valore. Por eso es necesario aclarar si hubo o no corrupción, y si es cierto que Grosso estaba contactando a políticos para garantizar su permanencia con contratos.

¿Quién eligió a Grosso?

Cuando se preguntó en el Gobierno quién había llevado a Grosso al grupo Saludcoop, dijeron que el ministro Alejandro Gaviria y el entonces superintendente de Salud Gustavo Morales lo eligieron por sugerencia de Gilberto Quinche, del que había sido su segundo en la ARL Positiva.

“Revisamos la hoja de vida y su amplia trayectoria en el sector. En ese momento, valoramos que no venía de ningún grupo político”, explicó Morales.

EL TIEMPO buscó a Augusto Galán, representante legal de Baker Tilly, pero dijo que no iba a dar declaraciones.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com