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Centro Democrático pide medidas cautelares en favor de Santiago Uribe

Abogados del partido político se trasladaron a Washington para presentarse ante la CIDH.

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09 de marzo 2016 , 04:14 p.m.

La batalla entre el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, con la Fiscalía y el gobierno se trasladó ahora a Washington y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este miércoles, abogados del Centro Democrático presentaron una solicitud de medidas cautelares en favor de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, alegando que es víctima de una persecución política y por sus derechos al debido proceso. (Lea también: Fiscalía busca en EE. UU. nuevo testimonio en caso Santiago Uribe)

De acuerdo con Víctor Mosquera, que representa a personas cercanas al CD en varios procesos ante la Comisión, la detención de Uribe la semana pasada fue un “acto arbitrario” de la Fiscalía que además vulnera su integridad física y psicológica.

“Se trató de un caso urgente, pues hay riesgo para su integridad personal, su vida y la de su familia. En derecho esto se llama plazo irrazonable. Santiago Uribe lleva 20 años pidiendo que se le resuelva su situación jurídica, acudiendo a todos los requerimientos de la justicia y ahora se le priva de su libertad de manera arbitraria”, señaló Mosquera.

Según el abogado, la petición lo que busca es permitir que Uribe se pueda defender de las acusaciones, pero en libertad.

El abogado también confirmó que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se reunirá este jueves con miembros de la CIDH en Washington para complementar información relacionada con su caso personal y para ampliar las pruebas que dicen tener en el caso del hermano del expresidente.

Uribe fue detenido el pasado 29 de febrero como parte de un proceso de investigación que adelanta la Fiscalía sobre conformación de grupos paramilitares en Antioquia. Varios testigos han sostenido que el hermano del expresidente estuvo detrás de la creación del grupo ‘Los 12 Apóstoles’, una organización paramilitar a la que se le atribuyen múltiples asesinatos.

Aunque el proceso comenzó en 1995, el caso no ha avanzado ni la Fiscalía ha definido si le imputa cargos o archiva el proceso en su contra.

Zuluaga, que también pidió medidas cautelares ante la CIDH, ha hecho parte del proceso de investigación que adelante la Fiscalía por el caso del ‘hacker’ Andrés Sepulveda, que trabajó en su campaña presidencial y fue acusado de haber interceptado las comunicaciones del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz en La Habana y otros delitos.

De acuerdo con Mosquera, Zuluaga está en Washington con el único propósito de reunirse con la CIDH y seguirá respondiendo ante la justicia colombiana.

De otra parte, Mosquera señaló que a la fecha hay cinco medidas cautelares solicitadas en favor de miembros del CD y otros 16 procesos que se radicaron como casos antes este ente hemisférico, todos relacionados con persecución política. En cuanto a las medidas cautelares, el abogado indicó que espera sean resueltas en el mes de abril, especialmente las que se pidieron para el exministro Sabas Pretelt y el ex asesor presidencial Alberto Velázquez, ambos mayores de 65 años y que buscan sean excarcelados.

“Los gobiernos siempre van a negar que existe persecución política. Lo que hemos hecho a lo largo del último año es presentar las pruebas ante organismos internacionales donde se demuestra que hay una persecución sistemática contra la oposición”, afirmó el abogado.

Las medidas cautelares de la CIDH suelen otorgarse cuando se cumplen una serie de criterios, entre estos que se trate de algo urgente, pues se está a punto de cometerse un daño irreparable. Si bien el organismo recibe miles de estas solicitudes al año, son contadas las que otorga y muchas son rechazadas o se les pide a las partes más información.
En caso de un rechazo la CIDH informa al peticionario, pero no hace pública su decisión.

En tiempos recientes, la más sonada fue las que otorgó en el caso del exalcalde Gustavo Petro cuando estaba a punto de ser destituido, en el cual se concluyó que sus derechos políticos serían vulnerados, causando un daño irreparable.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68