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Ley de orden público sin consulta previa genera violencia: Procurador

En una carta enviada al Congreso criticó la reforma. El debate se retomará este miércoles.

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08 de marzo 2016 , 11:45 a.m.

La Procuraduría de Alejandro Ordóñez, opositor de la forma en que se adelanta el proceso de paz con las Farc, le remitió hace pocos días al Congreso una carta criticando varios aspectos de la reforma de la ley de orden público que permite crear zonas de ubicación para el desarme y desmovilización de la guerrilla tras el fin del conflicto.

Uno de los más fuertes, de acuerdo con el documento, es que si no se hace explícita en la norma la necesidad de realizar el proceso de consulta previa con las minorías en las zonas donde habría zonas de ubicación, se pueden desatar nuevos fenómenos de violencia que harían inviable consolidar la paz.

“La omisión de la consulta previa de las zonas de ubicación puede causar responsabilidad internacional del Estado y ser un factor de nuevos conflictos sociales y violentos. Las comunidades que se protegen con este mecanismo no pueden someterse, ni someter sus territorios, al acuerdo que en La Habana convengan los miembros de las Farc y el Gobierno, sin que previamente se haya efectuado tal consulta”, precisa el documento.

Otra de las preocupaciones de Ordóñez está relacionada con la facultad que se le otorga al Presidente de la República para suspender las órdenes de captura de los miembros de la guerrilla que hagan parte del proceso. De acuerdo con el Ministerio Público, es un riesgo que esta figura se pueda aplicar sin que medie antes un proceso de desarme y desmovilización.

Y, por eso, la Procuraduría le pidió al Congreso que corrija esa situación para evitar que se presenten casos de impunidad y de posible riesgo para las comunidades donde se ubique la guerrilla, pues sin control de las autoridades podrían continuar fenómenos como la delincuencia y la extorsión.

“Tal y como está redactada la norma, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio de las Farc, miembros del Secretariado, gozarán de libertad absoluta a partir del momento de la firma del acuerdo final. No cumplirán las penas a las cuales han sido condenados y se dejan sin eficacia las condenas que se emitan aún después de la firma por la justicia ordinaria”, añade la carta de Ordóñez.

Esta carta, que además tiene cuestionamientos sobre el control que se debe ejercer sobre las facultades extraordinarias que se le darán al Jefe de Estado y la forma en que se hará la desmovilización, le fue remitida al presidente del Congreso, el liberal Luis Fernando Velasco.

De hecho, algunas de las críticas son similares a las que hace unos días realizó Cambio Radical (colectividad del vicepresidente Germán Vargas Lleras) sobre el proyecto, partido que a pesar de eso lo votó favorablemente.

La discusión de la norma se retomará en plenarias de Cámara y Senado este miércoles, con la única modificación de que la misión de Naciones Unidas que verificará el desarme tendrá tratamiento diplomático.

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