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La Guajira: un departamento que colapsó

El problema allí no es de falta de plata, sino el contrario: abundancia de recursos.

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04 de marzo 2016 , 07:41 p.m.

La tragedia de los niños que mueren en La Guajira por desnutrición es una vergüenza nacional, una inmoralidad, un atentado contra los derechos humanos. Es una vergüenza, pero también una afrenta a la más mínima dignidad humana, lo cual no puede tacharse sino de inmoral.

Cuando ocupé el Ministerio de Minas y Energía al iniciarse el siglo XXI visité varias veces La Guajira. Me impresionaron en Riohacha la basura y la falta de acueducto y alcantarillado. Volar en helicóptero por encima de la ciudad era un espectáculo dantesco: estaba inundada de bolsas plásticas azules y blancas. La falta de acueducto era inaudita en un departamento de Colombia con cuantiosas regalías provenientes de la explotación de carbón, de gas natural y de sal. Siempre intuí que La Guajira tenía las regalías per cápita más altas del país por su población pequeña y sus muchas regalías. Con el incremento de la producción y exportación de carbón, este departamento recibiría, en los años siguientes, aun más regalías.

Ahora he venido a saber que a La Guajira no solamente le entrarán por concepto de regalías en el período 2015- 2016 $ 620.000 millones (en 2013-2014 recibió $ 850.000 millones), lo que equivale a $ 626.807 por habitante –una suma no despreciable–, sino que, por ley, en el 2016 a los resguardos indígenas de cuatro municipios de La Guajira –Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia– el Gobierno central les transferirá, vía del Sistema General de Participaciones, ¡la módica suma de $ 33.282,7 millones!

Esta última suma vino en aumento en los últimos cuatro años. Para entregarla se requiere, únicamente, que los jefes de los resguardos firmen un contrato con el Gobierno Nacional para la administración de los fondos, que en la asamblea de los resguardos se definan las “líneas de inversión”, que en los contratos se incorpore la totalidad de los recursos de cada vigencia y los no ejecutados de las anteriores, y que el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y el de Educación ejecuten unas funciones rutinarias de monitoreo, seguimiento y control.

El problema de La Guajira no es de falta de plata, sino el contrario: abundancia de recursos. Lo cual incita a la descarada corrupción de los dirigentes administrativos y políticos, y de los jefes de los resguardos. Como bien lo anotó un fiscal en el informe publicado por EL TIEMPO en su edición del domingo pasado: “uno de los mayores riesgos que se han detectado son los altos índices de corrupción y las alianzas de autoridades, políticos y grupos ilegales”. No importa que mueran los niños wayús o cualquier otro; lo que prima para todos es apropiarse de los recursos públicos. Desnutrición y muerte vs. robo de los dineros para la alimentación de los niños. Eso es un atentado contra los derechos humanos. Y ¿hay alguien que haga algo?


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La Guajira es uno de esos departamentos de Colombia en donde puede afirmarse que no hay Estado o hay un Estado fallido. Es decir, territorios en donde el Estado colapsó: en donde predominan la ilegalidad, la criminalidad y la corrupción; en donde no hay gobernabilidad ni legitimidad del Estado frente a la población; en donde se desprecian los derechos humanos; y en donde los gobiernos (el nacional, el departamental, los municipales y los de los resguardos indígenas) son incapaces de proveer bienes públicos como el agua, el saneamiento básico, la atención a la primera infancia, la salud, la seguridad ciudadana o la educación.

Lo más grave de este colapso es que los niños entre cero y cinco años mueran o sufran de una desnutrición que los incapacitará para el resto de la vida. Algo que una sociedad civilizada no puede permitir.


Carlos Caballero Argáez