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No está probado que en Colombia las celebraciones sean más violentas

Hay que investigar mucho más y generar mejor información sobre tipos de violencia.

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01 de marzo 2016 , 09:29 p.m.

"Si logramos acabar con el conflicto armado interno, podremos utilizar esos recursos: dinero, hombres, inteligencia y dedicarlos a prevenir otras formas de violencia que hemos descuidado".

¿Por qué actuamos tan agresivamente los colombianos al momento de celebrar? ¿Qué nos lleva a festejar de esta manera?
Yo desafío la idea de que los colombianos somos agresivos al momento de celebrar. En Colombia hay múltiples eventos de celebración masiva e individual y no necesariamente están asociados con la violencia o la agresión. Probablemente sí haya una relación entre comportamientos agresivos y consumo de alcohol, que a su vez está asociado con las celebraciones, pero no necesariamente los eventos de celebración, per se, conducen a comportamientos violentos. Nadie ha demostrado que en Colombia las celebraciones sean agresivas o violentas o más agresivas o más violentas que en otros países.

Creo que tenemos que desmontarnos un poco de esa idea preconcebida porque de lo contrario podemos tener políticas públicas innecesarias. Lo que sí se ha demostrado en Colombia, aunque no de manera contundente, es que cuando hay consumo de alcohol y de algunas otras drogas, esto conduce a comportamientos de inhibición y falta de autocontrol de las personas, que pueden llevar a comportamientos agresivos.

Cuando hay un evento masivo sube la violencia, repito, casi siempre mediada por el consumo de alcohol. Y la violencia que más sube es la intrafamiliar, generalmente la del hombre contra los menores o la mujer, aunque en algunos países he encontrado que sube la de la mujer contra los niños y el hombre. Si se hace una búsqueda de la literatura científica en criminología, salud pública, economía, antropología, sociología, se encuentra casi siempre este resultado. No he encontrado ningún estudio que afirme el incremento de la violencia interpersonal por fuera del entorno familiar, por tanto podría pensarse que son eventos particulares. En el caso de Colombia, es posible que suba, pero ninguna persona ha hecho un estudio de eventos masivos con violencia interpersonal ni con homicidio ni lesiones.

Otro resultado interesante en la literatura internacional –y esto lo han encontrado para Inglaterra y Estados Unidos– es que la causa de la violencia muchas veces no es la celebración en sí, sino la frustración por la pérdida el equipo de uno. Por ello, llamarlo violencia celebratoria no me parece preciso; de hecho, ese término se utiliza para la violencia por balas perdidas, porque eso sí es, en algunos casos, tiros de celebración.

¿Qué factores, además de las drogas, generan estas manifestaciones agresivas? ¿Hay causas de tipo económico?
En Colombia hay pocos estudios, poca literatura sobre el tema. Se dice que este es un país con violencia, es un país incluso con ‘violentólogos’, pero en realidad esto ha sido estudiado por un número muy limitado de personas; en parte, porque los datos son muy escasos y los recursos para estudiar son mínimos. Lo que se ha encontrado en otros países es que hay dos factores fundamentales para explicar comportamientos agresivos interpersonales que conducen a la violencia: uno, la carencia de capacidades para lidiar con el otro, para lidiar con la frustración en el otro, al interior del hogar, con el vecino, en la escuela, en el hospital, en el tráfico.

En la sociedad hay comportamientos cotidianos comunes que son conflictivos por naturaleza: conducir un vehículo es uno de ellos, en Inglaterra, en Colombia, en Brasil, en España, en Italia, en los Estados Unidos. No hay mecanismos que permitan reducir esas conflictos, bien sea porque las personas no tienen capacidad de autocontrol y autogestión de la agresividad y resolución de los conflictos o porque no hay instituciones que lo resuelvan. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, prevalece la policía y cualquier falta de tráfico se resuelve a través de la intervención de la autoridad. En otros países donde hay menores niveles de autoridad, como España, Francia, Mozambique, usualmente la autogestión de esas dificultades es la que resuelve los conflictos. Este es el primer factor: no hay capacidades sociales para resolver esa variedad grandísima de situaciones conflictivas cotidianas que pueden terminar expresándose agresivamente, como: el volumen alto del radio del vecino, la frustración porque uno no tiene trabajo, la incapacidad de llevar dinero al hogar, etcétera, etcétera.

El segundo factor tiene que ver con aspectos de inhibición que conducen a que haya comportamientos agresivos que resultan expresándose con más facilidad; dentro de ellos está el consumo de drogas inhibitorias, la primera, el alcohol. Otras drogas pueden llevar a comportamientos agresivos, como las metanfetaminas y el bazuco. Y hay drogas que tienen un efecto depresivo y calmante, como la marihuana. Desde luego, no intento decir que habría que prescribir la marihuana para que haya menos agresión.

Y hay un tercer factor muy importante: la aceptación social. Me atrevo a decir que en Colombia hay aceptación social de la agresividad y de la violencia en las relaciones interpersonales. Uno no interviene cuando ve que hay una persona asumiendo un comportamiento agresivo contra una mesera o contra un policía. El famoso: "¿Usted no sabe quién soy yo?". Me parece muy importante señalar este factor, ya que hace evidente que hay una ‘rutinización’ de los comportamientos agresivos, de tal manera que creemos que los demás ciudadanos no tenemos capacidad para frenar al agresor y esto se da también al interior del hogar, de la familia. Las medidas de política pública muestran que enfrentando estos tres factores puede reducirse el nivel de agresividad y violencia de la sociedad.

Hay muy pocos datos con respecto a eventos violentos durante las celebraciones en Colombia. De acuerdo con las estadísticas, ¿cuál es el departamento más violento?, ¿qué ciudad?
Las ciudades que muestran mayor prevalencia –ese es el término técnico para hablar de esto–, en cuanto a tamaño poblacional, son Bogotá y Barranquilla, con una prevalencia mucho más alta, comparadas con Cali y Medellín. Estas dos últimas muestran alta violencia homicida, pero niveles inferiores en cuanto a violencia interpersonal. Eso es lo primero: de las ciudades grandes, Barranquilla y Bogotá son las que tienen la mayor prevalencia. Sin embargo, en Barranquilla ha caído muchísimo la prevalencia en el último año y medio, sobre la base de una serie de intervenciones; en particular, el uso del Código de Policía y el funcionamiento de instituciones como las comisarías de familia.

No se sabe si este cambio se debe a diferencias culturales, a que hay más eventos masivos, a que hay más dinero y esto puede juntarse con el consumo de alcohol y el hecho de que haya algunas deficiencias en el sistema educativo. No se sabe en realidad, es muy difícil saber la causa. Acá, de nuevo, yo retaría esa idea de que en Bogotá y Barranquilla hay más violencia en las celebraciones, porque aunque en Barranquilla se celebra mucho más, no creo que se celebre mucho menos que en Cali o en Armenia, por ejemplo.

En esto también tiene mucho que ver la presencia de los instrumentos de agresión. En Bogotá, hay una gran prevalencia de armas blancas, en Cali, al igual que en Barranquilla, hay prevalencia de armas de fuego. Esa otra pregunta: ¿con qué se causa el daño en la violencia interpersonal? tampoco tiene respuesta en Colombia; en gran parte, porque en las estadísticas de la Policía y de Medicina Legal aún falta afinar detalles para poder decir, por ejemplo: "Hubo un acto sexual abusivo contra un menor o una mujer o un hombre, mediado por la presencia de un arma de fuego o un arma blanca". Esa estadística aún no existe. A usted le dicen: "Hubo un acto violento en contra de una mujer", pero no le informan si estuvo mediada por un arma de fuego. Muchas veces, ni siquiera se sabe cuál es el agresor y en algunos casos, cuando se conoce, no se registra en la estadística. La falta de precisión de esos instrumentos de medida dificulta, en parte, el conocimiento.

En Colombia necesitamos investigar mucho más y generar mejor información sobre violencia. La información sobre el tema en el país y en muchos lugares del mundo es precaria; la nuestra no es peor que la de Bolivia, Ecuador, Perú o Brasil. Y el acceso a la información, si bien ha mejorado, sigue siendo muy precario. Yo creo que proveer esa información es responsabilidad del Sistema de Salud Pública, ya que las estadísticas de morbilidad son tanto o más importantes que la información de mortalidad.

¿Cuánto le cuesta al país o a Bogotá, por ejemplo, esa violencia generada en las celebraciones? ¿Quién calcula estos costos? ¿A alguien le importa saberlo?
Nosotros hicimos una vez un estudio, en dos hospitales, uno en Cali y uno en Bogotá, pero no sobre violencia de celebraciones, sino en términos generales y lo que encontramos era impresionante: en el hospital de Cali, el trauma por violencia era el 65 por ciento de los casos y en el hospital que estudiamos en Bogotá, era de 45 por ciento, que es, de todas maneras, muy alto. De nuevo, yo creo que no hay estudios, no hay información. Y pienso que una fuente para esto debería ser la Secretaría de Salud de las diferentes ciudades. Deberíamos poder preguntarle al secretario de Salud: "Dígame usted, ¿cuánto del costo de atención primaria en salud a personas que entran a urgencias por traumas, es por causa de eventos violentos?”. La verdad, yo creo que acá nadie lo sabe.

Por otro lado, es un hecho que hay costos que no corresponden al sistema de salud: el costo de separar a las barras futboleras (yo no las llamo barras bravas); el costo de protegerlas; el costo de vigilar esos eventos masivos; el costo de los equipos de convivencia de la Secretaría de Gobierno que trabajan para reducir situaciones conflictivas, de tal manera que no se tornen violentas; etcétera. Hay muchos costos adicionales y alguien debería brindar esa información. El sistema de seguridad social, por ejemplo, debería establecer las incapacidades resultantes, entre otros datos, ya que se requiere información para tratar de asociarla a estos eventos. Ahora: ¿cuánto le cuesta todo esto al país? Yo no tengo una respuesta y creo que nadie la tiene.

¿Acaso no es importante ponerle signo pesos a esta situación?
Claro que sí, porque muestra que las intervenciones para reducir la violencia son efectivas en términos de ahorro de costos en atención en salud. Una herida por arma de fuego usualmente está asociada a una incapacidad de cerca de 60 días para una persona. La producción desaprovechada de ese individuo es altísima y ni pensar en el valor de los tratamientos psicológico, emocional y cualquier otro relacionado con su atención general de salud.

Una herida con arma blanca tiene una incapacidad promedio cerca de 45 días. Estas medidas son reconocidas a nivel mundial y los costos de incapacidad son muy altos. Poder decirles a quienes tienen la responsabilidad de prevenir la violencia, que reduciéndola se pone a trabajar 45 o 60 días más a las personas heridas y se ahorran equis días de cama y hospital –que usualmente son de siete para herida de arma blanca y de 15 para arma de fuego–, significa una reducción del costo de atención en salud que puede dedicarse a otras actividades importantes como: campañas de vacunación, atención de partos, etcétera.

¿Qué podría hacerse con ese dinero?
La gran ventaja que tienen las mejoras en seguridad es que cuando se logra la reducción de la violencia, la seguridad puede ser utilizada en gasto efectivo. Si logramos acabar con el conflicto armado interno, podremos utilizar ese dinero, esos hombres, esa inteligencia criminal y policial, esos recursos, para dedicarlos a prevenir otras formas de violencia que hemos descuidado, como la intrafamiliar, la violencia cotidiana en las calles o el crimen contra la propiedad que tanto nos agobia en las ciudades. En las encuestas, la gente dice que lo que más le preocupa, por encima del desempleo y el costo de vida, es la inseguridad en las ciudades. No es el conflicto armado. Aquí hay, entonces, una transición de un uso ineficiente de recursos para hacer la guerra, a un uso eficiente de recursos: la seguridad para proteger.

Eso mismo puede decirse de la justicia y la salud. En otras palabras, todo el aparato del Estado puede ser redirigido. No se trata de reducir costos y despedir policías y médicos; se trata de utilizar los médicos, ya no en atención por traumas en agresión externa, sino en atención primaria en salud y en mejoras del sistema. Con respecto a temas de medioambiente, para citar otro aspecto, dispondríamos de cuidadores del ambiente para que no maten a los tigrillos, para que haya más babillas, para controlar la tala de bosques, etcétera; es decir, para proteger a las comunidades del crimen organizado. Y eso es válido en el campo y al interior de las ciudades.

¿Qué otro tipo de relación hay entre eventos violentos y celebraciones?
Revisando los datos de lesiones personales y homicidios, es claro que hay una estacionalidad en la violencia, en particular con esas dos formas. En lo relacionado con homicidios, el fin de año aumenta cerca de 20 por ciento la violencia a nivel nacional, en algunas ciudades más que en Bogotá. Eso usualmente coincide hasta el 31 de diciembre. El otro momento ocurre a finales de mayo y a veces a finales de junio. ¿Por qué cambia de un año a otro, en mayo o en junio? No lo sé, nadie ha podido estudiarlo. Insisto, sin embargo, en que es aventurado decir que esto tiene que ver con las celebraciones; a mi juicio, está más relacionado con lo del consumo de alcohol.

En una época hice un ejercicio de estudiar el homicidio ‘sicarial’, y lo que encontramos fue que se concentraba en viernes y sábado por la noche. La interpretación natural de las personas es decir que el homicidio ocurre porque la gente sale a ‘rumbear’; lo asocia al consumo de alcohol y a la celebración. A mí me parece que esta es una interpretación errada y moralista. Cuando estudiamos qué era lo que estaba sucediendo, supimos que los sicarios matan a la gente en el espacio público y en la calle, en la noche, porque es cuando pueden escapar más fácilmente. Además, cuando la potencial víctima está usualmente consumiendo licor, que es lo que también mostraban las estadísticas: que muchas de ellas estaban consumiendo licor y no quien perpetraba el crimen.

A eso se suma el hecho de que la víctima reacciona más lentamente en horas nocturnas y es común que no tenga sus escoltas o tenga menor capacidad de esconderse, de protegerse o de contratacar, si está armado. Adicionalmente, algo muy interesante que encontramos es que cuando se ponen restricciones al porte de armas de fuego, no solamente se reduce el número de homicidios, sino que se desplaza. Los homicidios, entonces, comienzan a ocurrir otros días de la semana, diferentes a viernes y sábado, porque hay menor oportunidad de salir a matar a una persona con una pistola cuando la probabilidad de que cojan al victimario con el arma es alta. Eso sucedió en el caso particular de Bogotá. Yo desafío la lectura de decir que es a causa de la celebración; yo creo que son el momento y la oportunidad los que hacen que ocurra la violencia o la desinhibición, a partir del consumo de drogas, incluyendo el alcohol. En momentos de celebración hay más oportunidad.

¿Hay algo que decir sobre riñas y asesinatos en eventos y celebraciones como el matrimonio de un pariente, el Día de la madre y otros?
No sabemos si hay más riñas en celebraciones, si hay más homicidios en celebraciones o más lesiones personales en celebraciones. Insisto: yo tengo una mirada muy crítica de eso; si me lo preguntan, este es un país que celebra feliz y en paz. Nadie me ha demostrado lo contrario. Claro que hay una violencia instrumental y esto, digamos, a mi juicio es consistente con otra hipótesis que tengo y es que gran parte de la violencia interpersonal en Colombia se explica por el crimen organizado y el crimen común. Y allá es a donde tenemos que ir. No tenemos que decirle únicamente a la gente que se comporte mejor y menos tenemos que decirle que deje de tomar trago cuando celebre. No. Lo que hay que decirle es: celebre, pero aprenda a celebrar; consuma licor, pero aprenda a consumirlo; puede vendérsele licor, pero hay que vendérselo bien.

¿Quién debe asumir la solución de esta problemática?
Esta es una responsabilidad del Estado y debe atenderla mediante políticas públicas diversas. La primera tiene que ver con la educación. A los jóvenes, en las escuelas y en el hogar, debe enseñárseles que a veces olvidamos cómo resolver las diferencias, cómo reconocer al otro, cómo manejar la agresividad. A niños y adolescentes hay que equiparlos, hay que darles capacidades para que puedan resolver las disputas, diferencias, conflictos que tengan con las personas en su entorno y también con sus superiores, con sus maestros y para que aprendan, además, a convertirse en factores de multiplicación de esas capacidades.

Cuando se le enseña a un adolescente a reducir los comportamientos de riesgo, en términos por ejemplo de consumo de drogas, de alcohol y a resolver disputas en la calle, está generándose un efecto multiplicador positivo que reduce la violencia. Esto ha sido demostrado en muchos estudios. La solución a los problemas de reducción de este tipo de violencia interpersonal al interior de la familia o en entornos públicos, está en equipar a los niños y jóvenes para que se vuelvan agentes multiplicadores de construcción de paz, aprendiendo a controlar su propia agresividad y a resolver disputas con otros. Eso es lo primero.

Segundo, claro que tenemos que mejorar la regulación del consumo de alcohol, ya que, como he dicho, es una droga que desinhibe los comportamientos agresivos. ¿Cómo hacerlo? Fácil: la venta de alcohol debe ser permitida en las tiendas, pero solo con comida; y si van a establecerse horarios para ello, debe hacerse de manera inteligente, no deben crearse restricciones que suenan a prohibición y que generan rentas y llevan al crimen organizado a apropiarse e incluso a generar mayores niveles de violencia. En Bogotá, por ejemplo, se han puesto unas restricciones muy poco inteligentes. Entonces, "como hay mayor violencia en Suba, pongamos una restricción al consumo de alcohol en Suba". Así no debe ser.

Lo que hay que hacer es concertar con los tenderos que si van a vender más de dos cervezas, por resolución tienen que vender un pastel de arroz; que si van a vender aguardiente, no pueden hacerlo para el consumo en el sitio, el aguardiente tienen que "llevárselo para ponérselo y no llevárselo puesto". Esto, desde luego, implica un problema muy serio y es que muchas de esas regulaciones tienen, a veces, efectos indeseados. Cuando se prohíbe el consumo del alcohol en tiendas y establecimientos públicos, dicho consumo puede trasladarse al hogar y generar violencia allí, como factor de desinhibición. Es muy importante tener un cuidado inmenso con esto y por ello, insisto, debe haber una regulación muy bien pensada.

El último punto consiste en generar un uso muy inteligente de la autoridad en el espacio público. Me refiero a una regulación astuta que facilite el acercamiento a los grupos de riesgo, a las mujeres, en el transporte público, en las universidades, en los establecimientos educativos, en los espacios privados, en el hogar. Deben generarse formas para que ellas y los niños puedan denunciar los casos de violencia en su contra. Las autoridades de Policía deben poder acercarse a los ciudadanos sin ser percibidas como un factor de represión. Me preocupa mucho ver cómo la Policía, en repetidas ocasiones, tiene una actitud de control y presión frente a los jóvenes; lo mejor es que se acerque a ellos, como Policía comunitaria y de carácter cívico.

¿Algo más con respecto al tema educativo?
Mediante la educación se le enseña al individuo a tener menos comportamientos agresivos; por fortuna en esto hay mucha experiencia en Colombia. En el país hay redes de organizaciones no gubernamentales; existen muchas experiencias de manejo de la agresión, de resolución de conflictos, de construcción de paz al interior de la escuela, que se transmiten equipando a los jóvenes y a las instituciones educativas para replicar esas capacidades al interior de otros grupos de jóvenes y en el hogar. Hay muchas experiencias buenas e incluso se ha medido el impacto de algunas de ellas.

El hogar, por otro lado, es un espacio importante de resolución de conflictos y de reducción de la violencia. Fuera de Colombia hay experiencias que muestran que es posible curar hogares que están sometidos a la violencia y a la agresión. Vale la pena decir acá, también, que no debe sacralizarse a la familia como un entorno de resolución de conflictos. A mi juicio, una de las mejores políticas públicas para reducir la violencia intrafamiliar es permitir que haya rupturas del núcleo-familia, porque los comportamientos violentos y agresivos de las personas usualmente son repetidos y muy difíciles de resolver. Cuando en un hogar, en una familia, se presentan comportamientos violentos hacia algunos miembros, lo mejor es extraer rápidamente a las personas que son víctimas de la violencia y de la agresión de dicho núcleo familiar. La política pública debe facilitar eso.

Por fortuna, en el país es muy fácil el divorcio, aunque hay grandes barreras frente a él y a la ruptura de los hogares, que tienen que ver con el mantenimiento de las mujeres y los niños, que son quienes generalmente están en situación desventajosa en términos económicos. Esto que acabo de decir es muy controversial, pero yo pienso que el objetivo fundamental es proteger al débil, a la persona que es objeto de la agresión.

¿Qué debemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes para tratar de manejar esta situación de agresividad en los momentos de celebración?
Varias cosas. Lo primero es ser consciente de que uno es agresor en muchas ocasiones, no necesariamente con violencia, pero que uno tiene comportamientos agresivos que pueden llegar a convertirse en violentos. Me refiero al ejercicio de introspección del ciudadano para conocerse a sí mismo, esto es muy importante. En segundo lugar, uno puede adquirir capacidades a partir de ese conocimiento de uno mismo para tramitar las diferencias con otros. Hay muchas maneras de hacerlo: desde la vía religiosa, desde el comportamiento políticamente correcto, acudiendo a los servicios de salud de manera preventiva, diciendo: "soy una persona agresiva y violenta" o "tengo un problema de consumo de sustancias adictivas que son inhibidoras" o "tengo un problema del trámite mismo de la agresión sexual". Creo que esto es sumamente importante.

En tercer lugar, para el ciudadano de a pie creo que es clave un llamado a la no indiferencia, a la solidaridad frente a la agresión de que está siendo objeto alguien, un compañero del trabajo, una familia conocida, etcétera. Y en último lugar, está el ejercicio de la confianza en la autoridad. Los colombianos confiamos en nuestra Policía como no confía ninguna otra ciudadanía en América Latina, con excepción de Chile. Ni Costa Rica tiene los niveles de confianza que hay acá. La Policía está equipada y ha recibido entrenamiento para conocer de estos casos. Es muy importante llevarle a la Policía esos casos, no solo el robo del celular, el ruido excesivo del vecino, sino también lo casos que uno conoce en los que ha habido agresión, en el entorno público, en los parques, en el bus, en TransMilenio y en el espacio privado. La Policía como conocedora, sabe qué hacer, dependiendo de la gravedad del evento.

¿Cuál es la solución ideal a esta problemática?
No hay una bala de plata, no existe un Llanero Solitario que pueda dar una solución ideal a esto. De ahí la gran dificultad. No es una bendición papal, no es la prohibición del alcohol, no es ponerle horarios a las tiendas, no es prohibir el porte de armas de fuego. No hay una solución de plata. No es educar únicamente a los niños. Son todas las anteriores; es una política pública bien diseñada basada en conocimiento y bien evaluada. Este es un problema serio de la sociedad colombiana e implica una responsabilidad política. Y a medida que empecemos a superar el conflicto armado y la criminalidad organizada, el tema de protección se volverá más urgente. Es un deber político, un deber del Estado, proteger a los ciudadanos de la violencia y la agresión. Es una responsabilidad estatal.

PERFIL

Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en Economía de Royal Holloway-Universidad de Londres, con estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge. Analista de asuntos públicos; su trabajo académico se centra en estudios de seguridad, análisis de los conflictos armados y violencia y su impacto en el desarrollo. Su opinión aparece en medios de habla inglesa y lengua castellana, en temas de seguridad regional, seguridad ciudadana, violencia, crimen organizado y conflictos, entre otros. Es profesor asociado de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y analista de RCN-La Radio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Aponte, David, Pinzón, Diana, Rodríguez, Diego, Vargas, Andrés. Las barras de fútbol en Colombia. Balance de la producción académica y algunas reflexiones sobre su cubrimiento periodístico, programas y normatividad (2000-2008). AFSC. CERAC. Colombia, 2009.

Aponte, David, Vargas, Andrés, Pinzón, Diana. Conflicto barrista en Kennedy: pistas para su transformación. AFSC. CERAC. Colombia, 2010.

Restrepo, Jorge, Arocha, María Fernanda, Ortega, Pablo Alberto. Violencia Juvenil en contextos urbanos. Pastoral Social. Colombia, 2014.

MAURICIO SALAS