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Urge trabajar en temas de tolerancia y respeto a la diferencia

Por falta de conocimiento, integración e identidad social no seguimos reglas mínimas de convivencia.

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01 de marzo 2016 , 09:28 p.m.

"Al enseñar la importancia de los valores y los derechos fundamentales, el Estado no necesitaría la vía punitiva sino la vía restaurativa".

¿Cree que los colombianos actuamos agresivamente al celebrar? ¿Qué nos lleva a “festejar” de esta manera?
Es importante reconocer que en nuestro territorio hay pueblos indígenas caracterizados por sociedades que buscan la armonía y la integración a través de un vida social en dinámica con la naturaleza. Considero, sin embargo, que en términos generales Colombia es una sociedad anómica (Durkheim) en la cual las normas mínimas de convivencia no son respetadas por falta de su conocimiento, de integración y de identidad social. Adicionalmente, la ausencia de políticas públicas integrales en perspectiva de derechos humanos (derecho a la educación, a una familia, a una vivienda, a una vida digna) hace que el ciudadano viva en un ámbito de injusticia y de desintegración social.

¿Que factores sociológicos nos llevan a celebrar agresivamente?
Hay diversos factores que pueden incidir para que se presenten este tipo de comportamientos y actitudes. Es común que la sociedad y el Estado colombianos piensen primero en castigar antes que en prevenir seriamente con políticas sociales sólidas. El legislativo, que entre sus funciones tiene el poder de criminalizar o descriminalizar, con facilidad busca arreglar problemas diversos a través de la vía punitiva. Otro elemento clave tiene que ver con una característica fundamental de ciertos grupos culturales: el desconocimiento del derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural. La incomprensión de la diferencia es también factor de discriminación y violencia. A esto podría sumarse el factor de la concentración de la tierra en el país, situación que ha creado una sociedad inequitativa y de clase en la historia de Colombia. Y para completar el cuadro, la dificultad de acceso universal a la educación y la ausencia de una educación de calidad para todos, han hecho que nuestra sociedad sea una colectividad de clases y excluyente. La búsqueda de ascenso social (el fin) se hace a través de cualquier medio y muchas veces el medio indicado para obtener un estatus social “reconocido” son las violencias.

¿A quién corresponde asumir la solución de este problema?
Nos compete a todos: sociedad y Estado. Primero, es un trabajo estatal de políticas públicas con el propósito de fomentar la importancia de los derechos humanos (derecho a la vida y la igualdad) y las consecuencias de su vulneración. Segundo, la sociedad (familia, instituciones de educación, etc.) tiene que tener una transformación social en lo que tiene que ver con el respeto y la tolerancia, a través de un proceso de educación integral.

¿Qué debería hacer el ciudadano del común para cambiar esta situación?
Fundamentalmente, trabajar en lo micro (comunidad, familia, localidad) en lo que significa la tolerancia y el respeto a la diferencia.

¿Qué le cabe hacer al Estado en el ámbito sociopolítico para ayudar a controlar y resolver la problemática? ¿Qué medidas debe tomar?
A corto plazo, el Estado debe implementar políticas públicas integrales y de calidad. Debe, también, descriminalizar comportamientos sociales que no ameritan un castigo como la cárcel; el hacinamiento en los sitios de reclusión crea odios y una cultura carcelaria que produce más violencia y más desigualdades. La prevención en serio es una herramienta para la convivencia ciudadana. Y a largo plazo, un derecho penal como ultima ratio y un derecho de conciliación y mediación.

¿Cuál podría ser una solución ideal a este problema?
Una sociedad restaurativa (Gutierrez Quevedo, 2014) materializa una justicia restaurativa. Al enseñar la importancia de los valores y los derechos fundamentales, el Estado no necesitaría la vía punitiva sino la vía restaurativa, que no afecte los derechos fundamentales de la “víctima” y del “victimario”.

Perfil

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Penal. Tiene título de magíster en Política Criminal y Derechos Humanos de la Universidad de Paris II y Paris X, Francia, respectivamente. Es doctora en Derecho Público de la Universidad d’Artois, Francia. En la actualidad, dirige el Centro de Investigación en Política Criminal, CIPC, que pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeña también como coordinadora de la Cátedra UNESCO y es profesora de la Cátedra de Criminología, del mismo centro universitario.

Bibliografía recomendada

Carranza, E. Criminalidad. ¿Prevención o Promoción? ILANUD. Costa Rica, 1994 y 1997.

Christie, Nils. Los límites del dolor. Fondo de Cultura Económica. México, 1984. Fuentes Osorio, Juan Luis. Los medios de comunicación y el derecho penal. Revista Electrónica de Derecho Penal y Criminología. Universidad de Jaén. España, 2005.

Gutiérrez Quevedo, Marcela. Hacia una justicia restaurativa. Política Criminal y Libertad, (P.330). Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2014.

Hulsman, L., Bernat de Celis, J. Peines perdues. Le centurión. París, 1982.

Lamnek, Siegfried. Teorías de la Criminalidad. Siglo XXI Editores. México, 1998.

Szabo, Dennis. Criminología y política en materia criminal. PUF. París, 1985.

Zaffaroni, Eugenio. El enemigo en el derecho penal. Grupo editorial Ibañez. Universidad Santo Tomás. Bogotá D.C., 2006.

MARCELA GUTIÉRREZ
EDICIÓN: MAURICIO SALAS