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Captura de Santiago Uribe se convirtió en un problema político mayor

Hermano de expresidente Álvaro Uribe es acusado de homicidio y conformación de grupos paramilitares.

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01 de marzo 2016 , 09:09 p.m.

La captura de Santiago Uribe Vélez (hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez), acusado de homicidio y conformación de grupos paramilitares, se convirtió en un problema político de marca mayor.

¡A las calles contra el Gobierno!, fue la instrucción de los líderes uribistas a sus bases para protestar por este hecho.
Y la orden no se hizo esperar. El mismo martes, un grupo de líderes del Centro Democrático (CD), con su excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga a la cabeza y los miembros de las bancadas en el Senado y la Cámara, se movilizó hasta la Casa de Nariño agitando banderines en los que se podía leer: “Santos, renuncie ya”.

El punto crítico es que los seguidores del expresidente Uribe, jefe del principal sector de oposición, acusan al Gobierno del presidente Santos de influir en la decisión de la Fiscalía para ordenar la privación de la libertad de Santiago Uribe. Casi que lo responsabilizan de la orden judicial. (Lea: ¿Qué hay en la Fiscalía y qué viene en el proceso de Santiago Uribe?)

El curso político que la decisión judicial tomó es tal que el abogado del hermano del expresidente Uribe, Jaime Granados, escogió la sede del Centro Democrático para ofrecer la rueda de prensa donde explicó la estrategia con la que se hará la defensa.

Aunque el abogado Granados dio las explicaciones de la estrategia de defensa de Santiago Uribe, quienes más se hicieron escuchar fueron los dirigentes políticos del uribismo con su convocatoria a las calles.

“La idea es pasar de las palabras, los discursos y los comunicados a los hechos. Vamos a realizar varias concentraciones en las próximas semanas, en diferentes ciudades del país y a movilizar a la gente a las calles para protestar por todo lo que está pasando”, dijo el senador Alfredo Rangel.

Jaime Amín, otro senador uribista, le dijo a EL TIEMPO que lo acordado es “acuartelarnos para mirar y analizar los siguientes pasos para protestar por este atropello, uno de los más fuertes contra nuestro partido”.

Según Amín, los uribistas creen que “Santos está respaldando estas medidas arbitrarias de la Fiscalía”.

Eduard Rodríguez, representante a la Cámara por el uribismo, reveló que en la reunión que tuvieron los directivos de su partido en la mañana se convino “pedir la renuncia del presidente Santos, por indignidad, y que asuma el vicepresidente Germán Vargas, no solo por el proceso de paz, sino por la grave situación económica que vive el país”.

El encarcelamiento de Santiago Uribe Vélez, acusado por la Fiscalía de cometer varios delitos hace casi 20 años, no obstante la independencia de poderes, recrudece el enfrentamiento entre Santos y Uribe y enrarece el ambiente político ad portas de la firma del fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc.

Si en algún momento varios sectores (autoridades estadounidenses, empresarios privados y amigos de Santos y Uribe) pensaban que podría haber una aproximación entre los dos líderes y sus aliados políticos, esa posibilidad parece ahora mucho menos viable.

Uribe, quien ha acusado a Santos de traicionar su causa, entre otras razones por hacer concesiones a la guerrilla, estuvo la semana pasada en Estados Unidos acusando al Gobierno y a la Fiscalía de politizar la justicia para perseguir a sus amigos y familiares.

El martes, 24 horas después de la captura de su hermano, el expresidente Uribe expresó en Twitter su “tristeza” por esa detención y se quejó: “¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?”

Defensa de Uribe pedirá protección a la CIDH

El ganadero Santiago Uribe Vélez, detenido por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos por el grupo paramilitar conocido como ‘los 12 Apóstoles’, será trasladado, por petición de la Fiscalía, a una unidad de la Policía o una sede militar en Bogotá.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que por razones de seguridad se pidió al Inpec que Uribe Vélez no sea enviado a una cárcel y que espere en un sitio especial de reclusión la decisión del ente acusador, bien sea el archivo de su caso o el llamado a juicio. Ese proceso podría tardar entre cuatro y seis meses, al menos.

En el búnker de la Fiscalía, Santiago Uribe comparte área de reclusión (no celda) con personajes tan polémicos como el exjefe paramilitar ‘don Mario’, el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y el empresario Julio Gómez, ambos protagonistas del escándalo del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.

El abogado Jaime Granados, quien representa a Santiago Uribe, aseguró que su cliente buscará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo proteja con medidas cautelares.

“La actuación de la Fiscalía les ha demostrado a la defensa y a la opinión pública que no hay garantías para Santiago Uribe”, aseguró Granados en una rueda de prensa desarrollada en la sede política del Centro Democrático.

El abogado agregó que su defendido ha demostrado su intención de comparecer ante la justicia y consideró un abuso que haya sido detenido, más aún porque, aseguró, la Fiscalía excedió en más de dos años el tiempo que tenía para definir su situación jurídica después de haberlo oído en indagatoria, diligencia que se cumplió en el 2013. En la misma vía, aseguró que Uribe Vélez no interpondrá “ningún recurso contra las decisiones de la Fiscalía porque no sirven para nada”.

En la investigación, que parte de la base de que los crímenes de ‘los 12 Apóstoles’ son de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben, aparecen mencionadas otros supuestas cabezas del grupo, que según la Fiscalía sería responsable de 164 crímenes, entre homicidios y desapariciones en los años 90, en el centro norte de Antioquia.

Así, la Fiscalía analiza la eventual responsabilidad del comerciante y finquero Álvaro Vásquez, quien, según testimonios, fue uno de los creadores en 1990 de la Asociación de Comerciantes de Yarumal, que años después habría sido clave para la aparición de ‘los 12 Apóstoles’. Vásquez manejó en la época una red de informantes civiles similar a las ‘Convivir’, las cuales serían oficializadas pocos años después en el país.

En esa asociación también estaba el párroco Gonzalo Javier Palacio, a quien varios testigos y víctimas señalan como uno de los organizadores de la campaña de supuesta ‘limpieza social’ que aterrorizó la región hace 20 años.

En el expediente también aparece mencionado el exsenador y ganadero Ernesto Garcés Soto, quien, según el exparamilitar Diego Fernando Murillo, fue uno de los que supuestamente financiaron la banda ‘los Escopeteros’, la cual hizo presencia en Antioquia y sería responsable de crímenes cometidos en la región.

El abogado Daniel Prado, representante de los familiares de las víctimas en el proceso, pidió que se investigue formalmente a Garcés por los crímenes cometidos por ‘los 12 Apóstoles’.

‘Esto es ponerle un revólver al uribismo’

El exvicepresidente Francisco Santos aseguró que la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es la continuación de un plan para que el uribismo termine aceptando lo que se negocia en La Habana. Dijo que esa detención es como “ponerle un revólver al uribismo”.

¿Qué análisis hace de la captura de Santiago Uribe?

Hace parte de la persecución política que este Gobierno, con fiscales de bolsillo, ha realizado contra el uribismo. Hace parte de un proyecto de la justicia de perseguir al único partido de oposición, que plantea claramente el tema de autoridad y de orden. Parece que acá lo que quisieran los que persiguen al uribismo es que haya más desorden, caos y corrupción de la que se puedan nutrir.

¿Por qué la persecución?

Porque esto hace parte de unas condenas que no aguantarían una revisión jurídica. Hay un audio donde la Corte Suprema dice que hay que juzgar políticamente, y no por los hechos, a miembros del uribismo. Hay una sentencia que dice que no hubo 'chuzadas' y, sin embargo, condenan a una funcionaria. Estados Unidos da asilo a unas personas que son perseguidas por la justicia y el Gobierno colombiano. Y ahora con esto es ponerle un revólver al uribismo y decirle que tiene que aceptar las condiciones de paz que le quieren imponer al país. Pues no, no lo aceptamos.

¿Esta captura busca que los uribistas se acojan a la justicia transicional?

Lo que quieren el Fiscal y el Presidente es eso. Lo que quieren es lo que utilizaba la mafia en los 80 o 90, cuando le decían a un periodista o un político: ‘¿quieren plomo o plata?’ Acá, el Fiscal y el Presidente están diciéndole al uribismo: ‘¿quieren 30 años para ellos o su libertad?’

¿Confía en que habrá garantías para S. Uribe?

No. Por qué cree que se fue Andrés Felipe Arias y lo protege Estados Unidos. Igual pasó con Luis Carlos Restrepo; ellos se van porque no hay garantías. Lo que necesitamos es un fiscal independiente y que no sea de bolsillo.

¿Aceptarían una veeduría internacional?

Eso es para la tribuna. En vez de pedir veedurías internacionales, lo que tiene que haber es un buen fiscal que les dé garantías a todos los colombianos.

¿Es un golpe fuerte para el expresidente Uribe?

Claro que sí, porque eso es meter a su hermano a la cárcel injustamente. Como no pueden con él, van por lo que más le duele: su familia. Es una canallada.

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