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Editorial: La justicia y su limbo

Lo que menos le conviene al país es una Rama Judicial rodeada por tanta incertidumbre.

29 de febrero 2016 , 08:01 p.m.

En un momento clave para el país, como que se está debatiendo el delicado equilibrio entre la paz y la justicia, la sombra de la interinidad amenaza a varias de las más importantes instituciones del Poder Judicial, sin que hasta ahora ni el Gobierno ni los mismos dignatarios de la Rama den señales de estar tomando cartas en el asunto.

Como ya se ha reseñado desde estas mismas páginas, son demasiados y muy importantes los frentes en los que no hay un panorama claro sobre las personas y las instituciones que deben liderar la justicia en Colombia. A poco más de tres semanas de que se vaya el fiscal Eduardo Montealegre, extraña que el Ejecutivo no haya presentado aún la terna de candidatos a un cargo que algunos consideran el segundo más poderoso en todo el Estado.

En coherencia con procesos de transparencia y meritocracia que el presidente Juan Manuel Santos ha defendido y ponderado en otras ocasiones en las que ha debido presentar candidatos a altas magistraturas, es clave que tanto el Gobierno –que terna a los aspirantes– como la Corte Suprema –que elige, y cuyas pugnas internas de poder tienen esa corporación con seis magistrados titulares menos– desactiven la versión, harto difundida, de que lo que se busca es tener un Fiscal interino, con todos los riesgos que ello implica para el equilibrio democrático y la transparencia del Estado.

Y si bien el ministro de Justicia, Yesid Reyes, es del parecer que una eventual ‘paloma’ del Vicefiscal no afectaría en nada el devenir de la institución, lo que el país recuerda del antecedente de esa situación, derivada del enfrentamiento entre el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema, no es precisamente el capítulo más brillante en la historia del organismo investigador ni de la misma Corte.

Mientras tanto, una Judicatura agónica y con problemas de legitimidad se mantiene con vida por cuenta del limbo en el que está una reforma clave, el Equilibrio de poderes, que por primera vez en dos décadas le metió dientes a la función de controlar a los magistrados de las altas cortes. En la medida en que no se resuelvan las demandas ante el Consejo de Estado –varias de ellas, hay que decirlo, fundadas– contra la conformación del nuevo Consejo de Gobierno Judicial (que reemplaza a la Sala Administrativa de la Judicatura), queda en el aire el proceso de conformación de las nuevas cortes que debían asumir las funciones de las desprestigiadas Comisión de Acusación de la Cámara y Sala Disciplinaria de la Judicatura. Y en este proceso podríamos completar un año de retraso frente al cronograma presupuestado por el Equilibrio de poderes.

La persistencia del paro de los juzgados civiles y de familia, que en Bogotá completa lo corrido del 2016 y ha afectado, una vez más, el derecho de miles de colombianos a la justicia, es muestra de hasta dónde la Judicatura ha perdido legitimidad y capacidad de manejo frente a problemas administrativos de la Rama.

Así las cosas, vale la pena acompañar el llamado de la Corporación Excelencia en la Justicia para que el propio presidente Santos encabece el esfuerzo para poner la casa de la justicia en orden. Presentar cuanto antes sus candidatos para Fiscal General es un buen primer paso.


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