Columnistas

Tan polémica como necesaria

Los recursos obtenidos por el Gobierno permitirán al país contar con una nueva infraestructura vial.

10 de enero de 2016, 02:12 am

Los vientos de cola asociados con los altos precios de los productos básicos, que impulsaron a las economías emergentes durante la última década, han desaparecido y no regresarán pronto. Nuestro éxito económico, no de este año o del próximo, sino de las siguientes décadas, depende de la capacidad que tengamos para construir una economía más competitiva, con un mercado interno fuerte. Para lograrlo debemos modernizar nuestra infraestructura de transporte.

Es por esto por lo que el Gobierno Nacional ha trabajado durante más de cinco años en un nuevo modelo institucional para la construcción de infraestructura. No tenemos la suerte de países como España, que al ingresar a la Unión Europea recibió recursos de cooperación para construir su infraestructura. A Colombia nadie se la va a regalar. La tendremos que pagar con nuestro propio esfuerzo presente, pasado y futuro.

Con la venta de la participación de la Nación en Isagén, el país no pierde un activo; la empresa continuará operando e invirtiendo en Colombia. Los recursos obtenidos por el Gobierno en esta operación permitirán al país contar con un activo más rentable y, en las actuales circunstancias, más estratégico para nuestro futuro: una nueva infraestructura vial.

El éxito del programa de construcción de infraestructura necesita una entidad que ofrezca financiamiento de largo plazo y que haga, de manera complementaria, inversiones de capital en algunos de los proyectos. La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que utilizará los recursos para apalancar inversiones cinco veces superiores a su capital con rentabilidades superiores a las de Isagén, ya cuenta con los socios que garantizan que estas inversiones se realicen con estrictos criterios empresariales y los más altos estándares de gobierno corporativo: la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Grupo Financiero Sumitomo Mitsui.

De otra parte, el mercado de generación de energía eléctrica es maduro. Cuenta con la presencia de múltiples actores públicos y privados, y el rol del Estado como regulador es el que garantiza su expansión de largo plazo. Si algo ha caracterizado el proceso de selección de proyectos de generación que requiere el país es que opera en un entorno competitivo con pluralidad de propuestas hídricas y térmicas, cuya existencia y viabilidad no depende de que la Nación conserve su participación en Isagén. De hecho, la presencia de accionistas con mayor músculo financiero y sin las restricciones presupuestales del Gobierno Nacional permitirá incluso un mayor desarrollo del sector.

El Gobierno se ha asegurado de obtener el mayor valor posible por la venta de su participación. El precio mínimo por acción, 4.130 pesos, asegura que la Nación recibirá cerca de 6,5 billones de pesos. Este precio representa una prima de 48 por ciento sobre el precio de bolsa de diciembre pasado y es un 30 por ciento superior a lo que se negocian empresas generadoras de energía similares en América Latina.

Los recursos de la venta no persiguen objetivos presupuestales. Su único propósito en contribuir a la construcción de activos indispensables para la transformación productiva de nuestro país. Los colombianos pueden estar tranquilos de que lo haremos con total trasparencia y responsabilidad.

Nuestra propuesta hace parte de una visión que se conoce como la Tercera Vía. Necesitamos un Estado fuerte allí donde el mercado no es suficiente. La Colombia de hoy requiere de ese Estado empresario para asegurar el éxito del principal y más ambicioso programa de infraestructura de nuestra historia.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público