Educación

Rector de Unicjao desafía al Ministerio de Educación

Dice que no cerrará y que sus estudiantes sí sabían que la universidad no estaba aprobada.

Rector de Unicjao desafía al Ministerio de Educación
17 de diciembre de 2015, 10:34 pm

Argumentando que la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (Unicjao) está cobijada por la autonomía indígena, el rector de esa institución, ubicada en Montería (Córdoba), Elías José Villalba, aseguró que no acatará la orden de cierre inmediato, anunciada por el Ministerio de Educación.

El miércoles, esta cartera denunció que la institución de educación superior funciona sin el lleno de los requisitos que hoy se exigen para crear una entidad de estas características (razón por la cual no tiene autorización legal) y que los programas que ofrece tampoco cuentan con registro calificado (no son válidos).

Al respecto, el rector le dijo a EL TIEMPO que “nosotros nacimos bajo ese estándar, nuestra autoridad es la única que puede curar la universidad y ni el Ministerio ni ningún ente nacional podrá cerrarnos”.

Pero según Natalia Ariza, viceministra de Educación Superior, incluso reconociendo el decreto especial (1953 de 2014) que les permite a las comunidades indígenas crear sus centros educativos, “ellos tienen que pasar por unos procesos específicos dentro del Ministerio de Educación para ser legalmente reconocidos como universidad”.

Además, Ariza, quien afirmó que en el centro educativo “se estaba estafando a los estudiantes”, agregó que los servicios prestados por la universidad son ilegales y que por lo tanto los semestres cursados por los 732 alumnos inscritos en la Unicjao, no son válidos en ninguna institución de educación superior acreditada por el Ministerio de Educación.

Villalba, que también es el representante legal y presidente de la junta directiva de la Unicjao, tachó a la Viceministra de “temeraria y sin bases sólidas” e insiste en que su universidad ya cumplió con la mayoría de los trámites legales que el Ministerio imponía, y que tienen prueba de esto.

El rector aseguró que no descarta demandar por estafa al Estado, “porque nosotros ya cumplimos con los procesos legales de pago al Ministerio de Educación y tenemos todos los recibos”.

Respecto a los documentos enviados y pagos hechos al Ministerio por Villalba, Natalia Ariza dijo que los trámites corresponden tan solo al 20 por ciento del trámite para obtener el permiso de ofrecer servicios de educación superior.
“El señor Villalba hizo unos pagos e ingresó una documentación al sistema, pero ni siquiera ha hecho la solicitud de la personería jurídica. Y la ley es clara: si no se tiene la personería jurídica no se pueden ofrecer servicios de educación”, sentenció la Viceministra de Educación Superior.

Sobre la validez de los estudios cursados en la Unicjao, Villalba afirmó que se ha obrado con transparencia y que “desde el primer día en el que nuestros estudiantes se matricularon, ellos sabían que la universidad no estaba aprobada”, por lo que a cada alumno, al momento de su matrícula, se le hacía firmar una constancia en la que aceptaban la condición en la que se encontraba la entidad.

Sin embargo, este diario se comunicó con algunos de los estudiantes, y varios de ellos afirmaron que en ningún momento se les hizo firmar tal documento en el que aceptaban la condición de la universidad.
Este es el caso de José Ramos, estudiante de séptimo semestre de medicina, quien dijo que salvo el proceso de matrícula, en ningún momento se le hizo firmar algún documento en el que aceptaba que la Unicjao no estaba aprobada.

No obstante, tanto Ramos como otros estudiantes consultados reconocieron que los directivos del centro educativo siempre les informaron que no estaban acreditados, pero que estaban realizando los trámites para estarlo. “El que está estudiando ahí es consciente de que esta universidad está en proceso de acreditación”, le dijo a este diario una alumna de la Unicjao, quien prefirió que su nombre no se diera a conocer.

Sobre la posibilidad de que los estudiantes de la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia demanden por estafa a los representantes del centro educativo, Villalba manifestó que cuenta con el apoyo de la mayoría de ellos y que de todas formas “los alumnos tenían el conocimiento de antemano que estábamos en proceso de aprobación”.

La orden de cerrar la universidad la emitió el Ministerio de Educación el pasado 27 de julio y la dio a conocer a la junta directiva del centro de educación. Pero, según Villalba, la universidad ya apeló, pero “el Ministerio no nos ha dado una respuesta oficial”.

Sobre esto, la Viceministra dijo que “nuestra sanción no tiene tiempo de espera, él (Elías Villalba) apeló y estamos en proceso de dar una respuesta, pero la orden de cierre del Ministerio es inmediata”.

Además del cierre, el Ministerio también multó a la Unicjao con 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes (193’305.000 de pesos) y a Elías José Villalba, por ser el representante legal, con 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes (51’548.000 de pesos).

“Estamos denunciando y esto se va a ir a escenarios internacionales de derechos humanos para sostener lo que hemos hecho”, afirmó Villalba sobre la posibilidad del cierre del centro educativo y el pago de las multas, que serán cobradas por el Icetex, según anunció el Ministerio de Educación.

Cuando se le preguntó a Villalba sobre la posibilidad de devolver el valor cancelado por los estudiantes en cada semestre, éste contestó que “en ningún momento se va a generar esa figura (devolver el dinero a los alumnos), esa opción no cabe por nuestro lado”, entre otras razones porque, según el rector, éste ya fue reinvertido en las instalaciones de la universidad.

Los dueños de la Unicjao, señala el rector, “son los pueblos indígenas y hay una organización, que es el resguardo Zenú Alto San Jorge, que participa en el consejo superior universitario indígena”.

Según la página web de la Unicjao, el centro educativo ofrece doctorados, maestrías y pregrados en medicina, derecho, psicología y trabajo social, que por semestre tienen un valor aproximado de 650.000 pesos; en el caso de medicina “el valor de la matrícula oscila entre un 1,2 y casi 3 millones de pesos”, dijo Villalba.

Cabe recordar que son las primeras sanciones y multas que impone el Ministerio de Educación desde que se aprobó la Ley 1740 de inspección y vigilancia. La norma, en palabras de la Viceministra, le dio “dientes” al Ministerio, puesto que antes de esta ley lo único que podía hacer esta cartera era informar a la Fiscalía y a otros entes de control que existían personas que ofrecían servicios de educación superior de manera ilegal.

Ariza les recomendó a los estudiantes de la Unicjao que no consignen el valor de las matrículas y que busquen en Montería las universidades que cuentan con los programas que ofrecía esta entidad educativa.

¿Qué permite el decreto que ampara creación de instituciones indígenas?

El decreto 1953 del 2014 les da a los territorios indígenas la libertad de crear instituciones de educación superior, siempre y cuando contribuyan al “reconocimiento de la diversidad étnica” y el Ministerio de Educación avale la entidad educativa, de acuerdo con parámetros de calidad.

Algunas de las condiciones son la presencia de personal idóneo para llevar a cabo la labor educativa, que el centro de educación superior tenga una “organización administrativa y académica adecuada” y que cuente con los recursos económicos y con una adecuada planta física.

Además, según el decreto los centros de educación superior indígenas estarán bajo la vigilancia del Ministerio de Educación.

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