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Entrevista en BOCAS: Baltasar Garzón, el juez juzgado

Una estrella del derecho internacional que habla con firmeza de una posible paz en Colombia.

Le gusta viajar tanto como disfrutar de las cerezas, el flamenco, los fandangos y el vallenato. Le gusta leer varios libros a la vez. Es el juez español que consiguió arrestar a Pinochet, en Londres, abriendo la puerta a jueces del mundo entero para investigar crímenes de lesa humanidad; el hombre que desmanteló la red de narcotráfico más grande de España; que investigó tanto el terrorismo de ETA como la llamada “guerra sucia contra el terrorismo” y que sentó en el banquillo a banqueros, policías, políticos, terroristas, defraudadores y genocidas. Es Baltasar Garzón, el magistrado que por cuenta de una sanción no puede ejercer su profesión en su país hasta 2021 y quien, mientras tanto, ejerce como asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya y abogado defensor de Julian Assange. Una estrella del derecho internacional que hoy, y en exclusiva para BOCAS, habla con firmeza de una cercana y posible paz en Colombia.
Por Rocío Westendorp / Fotos Ralf Pascual
“Yo soy un hombre muy apegado a las raíces. Cuando vengo aquí, a mi tierra, no me hace falta más que respirar la brisa de los olivos y el olor de la tierra de Torres, que es muy especial, para evocar toda mi historia desde la niñez hasta la actualidad; y si además todavía permanecen esos anclajes como mi madre, pues todavía más”, dice el juez.
Rodeada por campos de olivares, la carretera de entrada a Torres se hace abrupta y se llena de curvas. Estamos en Torres, un pintoresco pueblo de casitas blancas en la ladera de la sierra Mágina, en Jaén. Cada verano, la Fundación Baltasar Garzón (FIBGAR) organiza unos cursos de verano sobre derechos humanos para estudiantes de la Universidad de Jaén.
Por este pequeño pueblo han pasado presidentes de gobierno, ministros de Asuntos Exteriores, jueces y especialistas en derechos humanos. El cantaor flamenco Enrique Morente estuvo en dos ocasiones aquí. “Baltasar se acostaba a las cuatro de la mañana y a las ocho estaba tan fresco”, señala Manoli, la encargada de las ponencias en los cursos. “El flamenco lo lleva en la sangre. Cuando ya quedamos muy pocos, en la intimidad, se tira al tablao a bailar”.
“A Baltasar le encantan los huevos rotos con patatas –prosigue Manoli–. El pepino y los pimientos verdes de la huerta, y si son picantes, mejor”.
Torres es el pueblo que vio nacer a Baltasar Garzón hace 58 años. Su padre era agricultor. “Era un hombre que trabajaba de sol a sol y transmitía a sus hijos ese esfuerzo diario. Desde muy pequeño, recuerdo, a los seis años, ya le acompañaba al campo en lo que podía hacer, aunque más que hacer entorpecía lo que hacían los mayores”, rememora.
A los 17 años tenía claro que quería ser juez. “El padre de mi compañero de habitación en el seminario era juez y vino a dar una conferencia sobre salidas profesionales. Hablando sobre el derecho y la profesión de juez, pensé: Quiero hacer derecho y quiero hacer judicatura”. Hoy, para todos los residentes de Torres, Baltasar es “su juez”.
Hace 38 grados centìgrados a la sombra. Garzón llega solo, sin escoltas y sin aliento al centro de Torres en el que se imparten los cursos. Habla por teléfono sin cesar. Desde su suspensión en 2010 no ha parado de trabajar al asumir una larga lista de actividades en el mundo entero: asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, de la OEA, de la comisión parlamentaria argentina de derechos humanos, abogado defensor de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. “No hay ninguna investigación que se refiera a los hechos denunciados, a los crímenes, a los actos de corrupción gravísimos que aparecen en la documentación de Wikileaks. Esa es la contradicción que a mí me motivó a asumir esa defensa”.
Fue el primer juez en aplicar el principio de Jurisdicción Universal a un dictador, al ordenar la detención del general Augusto Pinochet, en Londres, en octubre de 1998. En el libro La fuerza de la razón (Ed. Debate), cuenta que en el momento de redactar y enviar la orden de detención a Londres estaba “absolutamente solo”. Dice que no tenía el apoyo del Ministerio Fiscal y que la competencia sobre la jurisdicción española en ese caso estaba pendiente de resolver.
“A mí me temblaban cada vez más las piernas, porque yo en realidad creía que no lo iban a detener. Finalmente, me dijo el ministro consejero de la embajada británica: ‘El juez Bartle ha firmado la orden’. Y yo contesto, como si no lo hubiera entendido bien: ‘¿Cómo que ha firmado la orden?’. Y le pregunto incrédulo: ‘Pero ¿eso quiere decir que van a detener a Pinochet?’. Y él me dice: ‘¡Claro! Hay una orden firmada y en Gran Bretaña se cumplen las órdenes de los jueces’”. Había nacido “el efecto Garzón”: jueces del mundo entero comprendieron que se había acabado la impunidad de dictadores y militares golpistas.
Este es Baltasar Garzón, el juez cuyos casos se estudian en universidades del mundo entero. Es el juez al que “había que torcer el brazo” para archivar el caso Guantánamo, según un cable de la Embajada de Estados Unidos, filtrado por Wikileaks. El mismo que hizo saltar las alarmas de la impunidad al investigar a los sectores neurálgicos de la sociedad española: los crímenes del franquismo y la trama Gürtel, la red de corrupción vinculada a la financiación ilegal del Partido Popular.
Por la instrucción de esta última, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo le inhabilitó para ser juez durante once años. “Agua pasada no mueve molino, como se dice en España. Tienes dos opciones: o te quedas lamiéndote las heridas o tomas impulso, y adelante”, dice. Es el hombre al que le encantan las cerezas, el flamenco, los fandangos, el Barça, el vallenato y su pueblo, Torres.
Aquí la gente le llama “mi juez”. Es totalmente incondicional hacia usted.
[Ríe para adentro]. Realmente sigo siendo magistrado juez, lo que ocurre es que no puedo ejercer la jurisdicción por la sentencia del Tribunal Supremo que me inhabilitaba para ese concreto desarrollo. Transcurrido el mismo, no tendré más que pedir mi reincorporación, si así fuera mi deseo, para ejercer la función de juez. Por eso, cuando dicen juez, dicen lo correcto.
¿Hubo algún acto en Torres que le haya emocionado especialmente?
Muchas veces. Hace mucho tiempo, en 1993, en mi pueblo, a la calle en que nací le pusieron mi nombre y fue especialmente emotivo, más que nada por mi familia, por mi madre que bastante ha sufrido en estos tiempos y que siempre está con el alma en vilo porque, entre aviones, países y demás viajes, está siempre bastante preocupada. Siempre me han ofrecido cariño en este pueblo. Cuando vinieron mal dadas, siempre estuvieron conmigo y así se manifestaron públicamente.
¿Usted le cuenta todo a su madre por teléfono?
Mi madre es mi confidente especial. Hay una relación muy próxima, muy íntima entre ella y yo y hablamos sea cual sea el punto en el que me encuentre. Siempre decimos que es la alumna más veterana de los cursos. A sus 84 años ha estado escuchando la conferencia de clausura del secretario de Estado de derechos humanos de Argentina, Martín Fresneda. Y además me comenta. Me pone al día por teléfono de todas las noticias políticas, jurídicas y económicas de España. De modo que tengo una fuente de información bastante importante y, además, con comentarios muy acertados.
Le he visto con sus dos nietos, todo indica que ser abuelo es un poco su prioridad. ¿Le ha cambiado la perspectiva?
A todos cuando tenemos nietos nos cambia la vida. A mí me ocurre al ver a mi nieta Aurora, que tiene cuatro años, y a su hermano Héctor, con un añito. Si hay algo que echo de menos es el tiempo en que no les veo. Cuando los ves, por muy alterado o estresado que estés, se te acaban los problemas. El nacimiento de Aurora fue el 28 de abril de 2010, apenas 17 días antes de mi suspensión. Pero por aquellas casualidades de la vida, Héctor, mi nieto, nació el 14 de mayo, el mismo día en el que me suspendieron. Por tanto cuando tenga que celebrar el cumpleaños de mi nieto, quedará en segundo plano el día en que me suspendieron. En el futuro, dulcificará esa fecha.
En una biografía suya se decía que usted era un niño muy inquieto, que se subía a los postes de alta tensión y que sus padres decían: “Este chaval nos va a meter en un lío, como le pase algo a algún chaval, porque el que los lleva es él”.
No sé si les metí en problemas o no. En todo caso, era bastante travieso. Viviendo en un pueblo como Torres, en la ladera de una montaña, con unas cimbras que son unas paredes de piedra impresionantes, el desarrollo de la niñez en los años sesenta necesariamente tenía que ser arriesgado. No teníamos más juegos que estar en el campo o hacer travesuras, que hoy en día se verían como negligencias de los padres en el cuidado de los hijos y que en aquel momento era lo normal. Afortunadamente, jamás hubo nada que lamentar a pesar de que algunos juegos eran bastante arriesgados.
Usted tenía 33 años cuando era el juez instructor de la Sala Nº 5 de la Audiencia Nacional y cuando puso en marcha las comisiones rogatorias en Francia para investigar el caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación. Por aquel entonces era raro que los jueces viajaran. Usted se describió a sí mismo: “Con la maletilla de estación en estación, perdido por las campiñas del sudoeste francés”. De alguna forma, ¿usted estaba cambiando la forma de instruir los casos?
De alguna forma. Fui el pionero en la ejecución de las comisiones rogatorias, pero con presencia física, con traslado al país donde se tenían que practicar las diligencias, las declaraciones de las personas presas, ya fueran en este caso de los GAL, que era la organización que atentaba en el sur de Francia contra miembros de ETA, o lo que ellos pensaban que eran miembros de ETA, con auspicio y participación de algunos miembros del Ministerio del Interior Español. [Miembros del GAL se equivocaron y secuestraron al ciudadano francés Segundo Marey, pensando que pertenecía a la banda terrorista ETA]. Era una experiencia impresionante. Empezábamos ese ámbito de cooperación y me correspondió romper esas barreras, como algunas otras también en la Audiencia Nacional, lo cual revela simplemente que tengo muchos años. [Risas]. No soy de los jueces que piensan que hay que permanecer en una especie de urna de cristal que, más que imparcialidad e independencia, te proporciona encefalograma plano, en el sentido de que pierdes toda perspectiva de la sociedad a la que tienes que defender. En ese sentido, quizás me llevó a ser pionero en algunas, como ordenar abordajes en alta mar cuando los barcos venían cargados de droga, de cocaína o hachís, o autorizar la utilización de agentes encubiertos o la circulación controlada de dinero para investigar delitos de blanqueo de activos. Toda una serie de mecanismos que hoy día están incorporados a la legislación nacional de la mayoría de los países.
¿No le daba miedo asomarse al vacío?
Tampoco era asomarse al vacío porque tenías convenios que lo preveían. Si una ley tiene un recorrido de 1 a 100, yo siempre he creído que lo más progresista en un estado de derecho es llegar a la aplicación hasta el punto 100, exacto. No al 101, porque sería abuso y sería delictivo. Pero no resulta más progresista quedarse en el punto 30. Creo que es una cobardía porque no asumes todo el riesgo que supone estar al frente de una institución pública. El servicio público es la finalidad definitiva de un funcionario, siempre dirigida al bienestar social. Si no lo entiendes así, te puedes dedicar a otra cosa. Bien, es verdad que me ha llevado a asumir posiciones de riesgo o, como algunos me decían, que me ponía en el filo de la navaja. La verdad es que si te llegaba la policía y te decía: “Creemos que hay varios terroristas en un apartamento y riesgo de que atenten en unos días contra su majestad el rey”, y hay un juez que no quiere intervenir y acuden a ti porque tenías una parte de la investigación, o decías “sí” o decías “no”. Con esos elementos no podías decir que no. Llegábamos y efectivamente los terroristas estaban allí y se evitaba un atentado. O con el secuestro de Ortega Lara, un funcionario de prisiones que llevaba 532 días secuestrado. Sabíamos que su destino iba a ser la muerte porque lo que ETA estaba reclamando era la modificación de todo el sistema penitenciario en temas de terrorismo y, también esta vez, algún que otro juez no quiso tomar decisiones y me lo pidieron a mí. Consideré que había que arriesgarse con unos elementos básicos, asumí el riesgo y afortunadamente la Guardia Civil encontró que estaba enterrado en vida en un agujero debajo de la tierra. De todo ese acontecimiento, en el que le doy el protagonismo total a la Guardia Civil porque realmente hizo un trabajo muy bueno, la satisfacción que me queda es que cuando sacamos a Ortega Lara de donde estaba, el hombre incluso creía que era una maniobra de ETA para acabar con su vida, con miembros de la banda disfrazados de Guardia Civil. Cuando estaba en la ambulancia que le iba llevar al hospital, yo me acerqué para identificarme y el hombre al verme me dijo: “Ahora estoy seguro de que estoy en libertad”. Me reconoció por las fotografías de los medios de comunicación.
Y ahora que usted es abogado, ¿cómo ve desde el otro lado el papel del juez instructor?
Yo creo que debe optarse por un fiscal investigador y un juez de garantías, que es el sistema que prácticamente existe en casi todos los países, salvo los de tradición francesa. El juez de instrucción es un órgano judicial que tiene unos poderes inmensos, puesto que puede interceptar todos y cada uno de los elementos protectores de los ciudadanos, puede limitar el uso y el ejercicio de los derechos; es quien decide sobre la libertad o la prisión de una persona, investiga, acumula elementos de prueba, allana domicilios, intercepta cuentas. Lo puede hacer absolutamente todo, dentro de la legalidad. Tiene que haber un organismo diferente que controle esas garantías hacia los justiciados, que tienen que ser máximas. Y critico la actuación judicial cuando no se toman esas medidas, pero invito a los jueces a que sean valientes y adopten las medidas que creen que tienen que tomar siempre que se protejan esas garantías. En el caso que supuso mi apartamiento por 11 años de la profesión judicial, el caso Gürtel [la red de corrupción vinculada a la financiación ilegal del Partido Popular], ordené la interceptación de comunicaciones en prisión entre los principales responsables y los abogados, algunos de los cuales estaban imputados. Lo hice a petición de los fiscales, tomé las medidas para garantizar el derecho de defensa, o al menos así era la argumentación, y realmente fue así porque no hubo ningún uso ni utilización de las mismas. Después, esa medida fue ratificada por el juez que me sustituyó, por otro juez en apelación y por tres fiscales más. Nunca se les amonestó. A mí me supuso la apertura de un procedimiento que acabó en una condena en el año 2012, condena que rechazo frontalmente y he definido en más de una ocasión como “condena injusta”, y que estaba predeterminada por muchas circunstancias que concurrieron. Al menos, estoy defendiendo ese proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque creo que se violentaron flagrantemente gran parte de los derechos que tenía como imputado. [La trama Gürtel quedaría después vinculada a la financiación ilegal del Partido Popular (PP), al descubrir una cuenta bancaria millonaria en Suiza a nombre del tesorero del PP, Luis Bárcenas].
También se le juzgó por investigar los crímenes del franquismo. ¿Cuándo percibió usted que la memoria histórica en España era tabú?
En el propio juicio yo convoqué a varias víctimas como testigos, no tanto porque sus testimonios me fuesen a favorecer, sino porque quería que al menos por una vez las víctimas del franquismo tuvieran la oportunidad de contar su historia delante de un tribunal de justicia. Cuando a estas acusaciones populares les preguntaron: “¿Por qué no han dicho antes nada?”. Respondieron: “Porque teníamos miedo, porque éramos perseguidos. Porque hasta el año 2000 no fuimos capaces de exhumar la primera fosa, porque hasta 2007 no se llegó a crear el primer instrumento conocido como la Ley de Memoria Histórica. Porque después, cuando el juez comenzó y creíamos que se abría una puerta a la investigación de los crímenes, acabó con una suspensión y un enjuiciamiento del juez. ¿Cómo quieren ustedes que seamos capaces de hacer algo cuando se niega sistemáticamente esa posibilidad?”.
El hecho de que en España haya 10.000 aforados que solo pueden ser juzgados en tribunales superiores, ¿tiene que ver con estos sectores de la impunidad de los que usted dice que “saltan las alarmas cuando se los investiga”?
Uno se queda perplejo ante esa proliferación de aforamientos, que tiene que ser una medida restrictiva. La impunidad que existe en España respecto de los crímenes franquistas sí ha influido mucho en el devenir de la configuración de la sociedad española y de esa sensación de que aquí se puede hacer todo. No da miedo ser corrupto, no da miedo quebrantar las leyes, parece que no va a suceder nada porque cuando llega el momento, algo va a acontecer para que no suceda nada. Yo sé que en Colombia el criterio fue diferente en un momento histórico muy determinado con la parapolítica. La Corte Suprema vio que si no se extendían esos aforamientos, había riesgo de que, al ir a otros tribunales, la incidencia de la parapolítica supusiera impunidad. Y recogió esa decisión de que los aforamientos se mantuvieran incluso después de haber perdido el cargo que determinaba el aforamiento, para que no hubiera impunidad.
Vayamos pues a Colombia, ¿en qué consiste su trabajo con la Fiscalía colombiana?
Yo estuve en la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, y posteriormente trabajando con la fundación que presido, que tiene una de sus cuatro sedes en Colombia. Somos uno de los organismos consultores y estamos desarrollando un trabajo con la Fiscalía, acompañándola en el desarrollo de capacitaciones para policías y fiscales en relación con los sistemas de investigación de la criminalidad organizada y cooperación internacional y trata de personas. Aparte de eso, estamos trabajando con pueblos indígenas, en particular del Valle del Cauca, con unas becas de capacitación en distintas carreras y sobre todo en posgrados de ciudadanos de pueblos originarios, que después se comprometen a continuar desarrollando su actividad durante tres años en sus comunidades. Tenemos convenios con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) en el área de educación de los derechos humanos y un programa de televisión en Canal Capital en el que hablamos de la paz y de los derechos humanos en un momento tan crítico y tan especial como el que está viviendo Colombia.
Como presentador de un programa de entrevistas en el Canal Capital, junto a Pedro Medellín, usted entrevistó a Álvaro Uribe. El senador se puso muy nervioso, sobre todo cuando le preguntó por sus vínculos con el paramilitarismo.
Ese fue el primer programa y todos sabemos que Álvaro Uribe es un hombre vehemente y en algún momento de aquella entrevista hubo tensión y eso está bien. Yo planteé que se decía, se afirmaba, que eso podía ser así y le daba la oportunidad de que contestara. Él dijo que yo lo estaba acusando y yo le dije que no, que se opina, se dice, algunas investigaciones van en este sentido… Por tanto, la discusión, que no fue tal, concluyó cuando él contestó la pregunta, yo le contraargumenté, él contestó y allí se acabó.
También ha ayudado a agilizar la justicia a través de la Fiscalía en el caso de la Ley de Justicia y Paz aplicada a los paramilitares…
La misión de apoyo de la OEA al proceso de paz de Colombia, de la que yo formaba parte, elaboró un informe, en el que yo trabajé, sobre la Ley de Justicia y Paz sobre los mecanismos para agilizarla, con el fin de que respondiera a los estándares que la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaba exigiendo. De forma personal, vengo acompañando la aplicación de esa ley desde el comienzo de su aprobación en 2005. Creo que ha sido un instrumento de verdad muy importante, que lo puede seguir siendo. Las nuevas técnicas del fiscal Montealegre han sido muy certeras en el área de la priorización de casos y el esfuerzo de los jueces y magistrados de Justicia y Paz son un avance importantísimo para que las víctimas realmente queden reparadas en verdad, en justicia y en garantías de no repetición.
¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que el 15 de agosto hayan salido 200 paramilitares de la cárcel en función de la Ley de Justicia y Paz?
Las leyes se aprueban, se aplican, se interpretan y llega un momento en que cuando son leyes penales, los que resultan afectados por ellas cumplen su pena de privación de libertad y continúan adelante. La Ley de Justicia y Paz es una ley de justicia transicional, es decir, la pena no es solo una pena privativa de libertad, sino una pena que además de la privación de libertad contiene otros elementos de justicia restaurativa que tienen que desarrollar los propios afectados durante el tiempo que se diga en esa condena: no pueden delinquir en ese mismo tiempo y tienen que hacer una serie de actividades en beneficio de la comunidad. Y eso es un todo, es decir que si incumplieran alguna de esas medidas, o no hubieran relatado toda la verdad, en el momento que así se constate pasan inmediatamente a cumplir la pena que les correspondería de acuerdo con la legislación penal ordinaria relativa a los hechos cometidos, 30 o 40 años, los que correspondieran. Esa pena, que va de cinco a ocho años, tiene un comienzo y un final. Se cumplen los ocho años y tienen que salir, pero no quiere decir que queden desconectados del cumplimiento las demás condiciones de la pena. Insisto, si no cumplen, van adentro otra vez.
¿Cómo ve usted el proceso de paz en Colombia?
La situación que vive Colombia es realmente una situación única y que creo que no puede ser desaprovechada ni por la sociedad ni por las instituciones colombianas. El proceso de negociación desembocará en un proceso de paz con las Farc y, estoy seguro, con el ELN. Más de cincuenta años de violencia en Colombia por motivos políticos ya son suficientes. Este es el momento y creo que el presidente Santos, que asumió el día 7 de agosto la Presidencia, tiene una gran responsabilidad porque el pueblo colombiano ha optado por la paz, por otorgarle ese nuevo mandato para que conduzca a esa paz. Esa paz tiene que ser una paz justa, una paz participativa de las víctimas. Tiene que ser sostenible. Tiene que cubrir ese principio fundamental de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Las Farc tienen que asumir que son parte de Colombia y que tienen que desempeñar su papel histórico en este momento. Aquellos que tengan que afrontar responsabilidades tienen que hacerlo si realmente se consideran parte de Colombia porque la sociedad colombiana ya le ha dado la espalda a la violencia, al conflicto y lo que quiere es precisamente que esa paz sea el único camino hacia una Colombia más completa, más democrática y más libre..
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