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No hay justificación posible

No hay justificación posible
2 de febrero de 2013, 12:02 am

Por más de 30 años, los gobiernos de EE. UU. y Colombia han fumigado y refumigado cultivos de marihuana, amapola y coca en el país. Según Naciones Unidas, solo entre 1995 y el 2011 se fumigaron más de 1'652.840 hectáreas. No hay otro lugar en el mundo que continúe cometiendo esa barbaridad de esparcir desde el aire mezclas químicas con potente toxicidad, que afectan todo cuanto tocan y, además, nada solucionan. En 1999, los cultivos destinados a mercados ilegales se encontraban en 11 de los 34 departamentos y, en el 2008, en 23, a pesar o incluso a causa de la estrategia del Plan Colombia.

No hay justificación posible para persistir en la aplicación de esa política ineficaz y nociva, que destruye bosques y fuentes de agua, genera daños sociales y de seguridad. Ni siquiera la excusa de que el narcotráfico contamina con sus precursores y que los pequeños cultivadores utilizan agroprecursores. Además, como lo demuestran diversos estudios, las fumigaciones hacen aún más precarias las condiciones de campesinos e indígenas, aumentan el desplazamiento y su revinculación a esos cultivos por falta de ingresos. Y al criminalizarlos, el Estado enajena su voluntad y fortalece a los grupos armados.

Ante este drama, personalidades y organizaciones nacionales e internacionales (http://www.mamacoca.org/cartaun/CartaUNes.htm) entregarán al Secretario de la ONU, al gobierno de Estados Unidos y al presidente Santos tres peticiones. Que se declare una moratoria inmediata en las fumigaciones mientras se examinan sus efectos epidemiológicos, ambientales, humanitarios y socioeconómicos de manera autónoma y científica. Que no se incluyan las fumigaciones en el estatuto sobre la droga que debatirá el Congreso colombiano, por ser esta una medida violatoria de la Constitución y de convenciones internacionales. Que apliquen controles estrictos sobre la importación, producción y venta de agroprecursores para evitar que se destinen a incrementar la productividad de los cultivos para mercados ilegales.
Asimismo, apelan a las agencias de la ONU que se ocupan de los derechos humanos, los refugiados y los desplazados, de la protección ambiental y la limitación de uso de armas químicas, para que les pidan a Obama y Santos respetar esas convenciones. Recuerdan los firmantes que las Naciones Unidas, la Unión Europea e incluso los congresos de Colombia y Estados Unidos han pedido supervisión de los efectos de la erradicación aérea con defoliantes; y que, en 1997, el Consejo de Estado condenó a la Nación por los daños en cultivos de pancoger y fuentes de agua, ocasionados por las fumigaciones con Paraquat, pese a que su uso aéreo está prohibido en Colombia desde 1989. En el 2009, Washington reconoció en Afganistán lo contraproducente de las fumigaciones y aceptó trasladar sus recursos al desarrollo rural.

Si, en lugar de gastar los fondos de la Nación y de la cooperación en rociar la biodiversidad colombiana con más agrotóxicos, se acogiera la reserva formulada desde 1994 por la Corte Constitucional, de aprovechar los usos alternativos de la coca para evitar la extensión del narcotráfico, y la reciente propuesta hecha por las Farc en La Habana, de legalizar cultivos de uso ilícito con fines terapéuticos, medicinales y culturales, quizás se pudiera ver, por fin, una reducción en la producción de cocaína.

Es la oportunidad de poner fin a este fracaso y a sus estragos. De paso, terminaría el cínico forcejeo con Estados Unidos, que exige que el glifosato no sea un genérico chino como el que compró la Policía, sino de su marca Monsanto. Terminar las fumigaciones podría quizás ayudar también a un acuerdo con Ecuador frente a la demanda contra Colombia en la Corte de La Haya.