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Gobernación del Valle declara emergencia jurídica

Un grupo de abogados revisará los casos. Se busca determinar si hay 'carrusel' de demandas.

27 de abril 2012 , 11:18 p.m.

Más de 3.500 procesos y la notificación de 400 a 500 acciones de tutela contra del departamento cada mes, llevaron al gobernador encargado del Valle, Aurelio Iragorri, a declarar la emergencia jurídica en la Gobernación.

Iragorri, quien ha advertido que se adelantan investigaciones para determinar si se trata de un 'carrusel' de las demandas como se ha evidenciado en otras regiones, dijo que la situación de las finanzas del departamento es crítica por cuenta de las acciones jurídicas que la desangran.

Desde la Secretaría Jurídica se adelanta un análisis del estado actual de las demandas, así como un diagnóstico para determinar las medidas administrativas, jurídicas y financieras que se requieren para superar esta situación.

"Estamos frente a una crisis que se esta reflejando en el área de representación judicial. Tenemos más de 3.500 procesos, obviamente con pretensiones bastantes altas y con un agravante que es que la base de datos de la Secretaría Jurídica esta apartir del 2010", dijo el gobernado Iragorri.

En la actualización de la base de datos de procesos contra el departamento se encontró  que no eran 300.000 millones de pesos en pretensiones, sino que las mismas superan los 700.000 millones de pesos.

"Lo grave es que la oficina solo cuenta con cinco abogados para atender casos que se instauran en los diferentes municipios y en Bogota. Estar pendiente de esos procesos es difícil, habría que crear un plan de choque para contar con personal que permita su atención", dijo el mandatario.

La mayoría de las demandas son administrativas, laborales y relacionadas con reajuste pensional, especialmente de docentes que reclaman homologaciones. Las dependencias más afectadas son Desarrollo Institucional, Educación y Salud.

En el análisis de esa cascada de procesos se pidió  el acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y Fiscalía. Se adelanta el recaudo de pruebas, pues se han encontrado casos en el que una sola organización hace cobros y representaciones múltiples, y en un solo caso, por ejemplo, hay una medida cautelar por 1.700 millones de pesos.

 "Todas las personas tienen derecho a demandar, muchas pretensiones son válidas y para eso son los procesos legales. Lo que hemos dicho es que está bien que acudan a la justica, pero lo que no está bien es que exista siquiera la sospecha de que corresponden al modus operandi que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado denunció  en Bogotá", dijo Iragorri.


Anunció además que se investigará disciplinariamente a los funcionarios que no atien-dan oportunamente las demandas o realicen acciones que eviten a la Administración enormes costos.

Para tratar de superar esta emergencia jurídica inicialmente se contrataráuna firma de abogados que se ponga al frente del inventario y atención de las demandas con una base de datos.

También se acudirá a las consultorios jurídicos de las universidades para que contribuyan con dependientes judiciales y se busca contar con una infraestructura para darle seguridad a los expedientes.

A través del Consejo Seccional de la Judicatura el Valle, dijo Iragorri, espera recuperar los remantes de procesos que ya caducador o demandas que han sido pagadas en su totalidad, pero cuyo continúa.

Todas estas acciones se iniciarán la próxima semana.

"Lo importante es que durante estos días vamos a trabajar para salir de esta emergencia que no es responsabilidad del gobierno de Useche ni del anterior gobierno, esto viene ocurriendo de hace muchos años. Me dicen en los pasillos que por estas denuncia ha habido un muerto y una persona que se suicidó. Con un plan de choque lo que esperamos es aclarar este tema que genera una emergencia jurídica del departamento porque el problema de desangre de las Administración está en esas acciones judiciales que imposibilitan que exista un flujo normal de caja de la adminis-tración", concluyó.

REDACCIÓN CALI