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Seis jueces tienen en jaque 450 mil millones de pesos de la educación

Este caso recuerda los saqueos a los fondos públicos de Foncolpuertos y Cajanal.

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23 de abril 2012 , 01:21 p.m.

Con cuestionados fallos, jueces de Lorica, Planeta Rica, San Antero y Chinú ordenaron el embargo de más de 450 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones del Magisterio.
 
Este lunes, en el Palacio de Nariño, los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y de Educación, María Fernanda Campo, lanzaron una alerta tras las denuncias de la Procuraduría y la Contraloría.
 
Los organismos de control han enfilado sus baterías jurídicas contra las decisiones. Hasta el momento se ha logrado frenar el embargo de 246 mil millones de pesos.

Con sentencias laborales y fallos de tutela emitidos en los últimos cuatro años, dos juzgados de Lorica, uno de Chinú, uno de San Antero y dos de Planeta Rica han intentado disponer de los recursos que hacen parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y que son administrados por Fiduciaria La Previsora.

Los casos recuerdan los saqueos a los fondos públicos de Foncolpuertos y Cajanal y se repiten en casi todos los 31 municipios de Córdoba.

En este momento, un equipo de procuradores judiciales ha pedido la revisión de 33 fallos en los tribunales superiores y en la Corte Constitucional, mientras que delegados de la Contraloría han congelado los activos que posee La Previsora para evitar un saqueo mayor a sus arcas.

Las primeras demandas aparecieron en el 2008 en el Juzgado Promiscuo de Lorica. La Previsora terminó pagando 4 mil millones de pesos a pesar de que se demostró que varios de los demandantes ya estaban recibiendo una mesada.

Las órdenes de embargo que sacó eran respaldadas con resoluciones firmadas por un exsecretario de Educación de ese departamento, José Chica, quien reconoció la pensión a 66 maestros.

La misma actuación se repitió después en Planeta Rica. El juez promiscuo de ese municipio, Ángel Dario Aycardi Galeano, ordenó el pago de 148 mil millones.

Por estos hechos, la Procuraduría denunció al servidor judicial ante el Consejo Superior de la Judicatura y penalmente ante la Fiscalía por irregularidades en ese proceso.

El juez Aycardi Galeano se ha negado a levantar los embargos, sin tener en cuenta que las órdenes de pago presentadas no habían sido autorizadas. Con él, otros tres servidores judiciales y seis abogados son investigados por la Seccional de la Judicatura en Córdoba. Sin embargo, contra ninguno ha habido decisiones.

Según cifras que maneja la Contraloría, entre diciembre del año pasado y el 16 de abril los juzgados promiscuos de Chinú y Planeta Rica tramitan demandas laborales por 362.054 millones de pesos contra La Previsora y el Fomag, Invías y el municipio de San Andrés de Sotavento.

Y la alerta continúa. En una reciente comunicación, la Gobernación de Córdoba le notificó a la Procuraduría que han llegado notificaciones por mandamientos de pago de acreencias laborales de maestros por 10 mil millones de pesos.

REDACCIÓN JUSTICIA